Guerrero: denuncian amenazas y agresiones de FUPCEG, SSP y Guardia Nacional contra Centro de DH Morelos

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Miércoles 22 de abril de 2020

 

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OPDDH) solicitó la intervención urgente de las autoridades mexicanas para proteger la vida y garantizar la integridad física y psicológica del periodista Ezequiel Flores, de Manuel Olivares, director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), y de todos los integrantes de esa organización.

«El Observatorio ha recibido con grave preocupación información (…) sobre actos de intimidación y amenazas recientes contra un periodista y contra integrantes del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, que representa y acompaña a familiares de personas desaparecidas y a familias víctimas de desplazamiento forzado del municipio de Leonardo Bravo, Guerrero», dijo a través de un comunicado el OPDDH, programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura y de la Federación Internacional de Derechos Humanos.

El Observatorio hace referencia al contexto de violencia generalizada y de conflicto territorial entre diferentes grupos del crimen organizado que desde hace tiempo se da en las comunidades de Carrizal de Bravo, Balzamar y Tepozonalco del municipio de Leonardo Bravo, por el que más de mil 800 personas se vieron forzadas a desplazarse en noviembre de 2018. Y, a la vez, a una publicación difundida por el grupo de civiles armados Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG), en la que se señala a Manuel Olivares de tener relación con la delincuencia organizada y se amenaza de muerte a las y los integrantes del Centro Morelos.

Tras los hechos de ese momento, el gobierno de Guerrero, encabezado por el priista Héctor Astudillo Flores, negó el desplazamiento y no ofreció a las familias afectadas garantías para un retorno seguro. Posteriormente, a nivel federal, en marzo de 2019, fue el subsecretario para los Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, quien se comprometió mediante acuerdo a tomar medidas para asegurar un retorno seguro de las víctimas a sus comunidades. Esto ocurrió luego de que 200 familias se plantaron en Palacio Nacional durante 37 días. Sin embargo, hasta el día de hoy todavía no se ha conseguido garantizar su seguridad.

Esta no es la primera denuncia que se realiza al respecto, toda vez que apenas el 2 de abril el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT) alertaron a las autoridades de Guerrero y del gobierno federal de los «riesgos graves e inminentes que corren» la abogada Teodomira Rosales y Manuel Olivares, del Centro Morelos, por el acompañamiento que realizan a las familias desplazadas.

Denunciaron, particularmente, que el 22 y 26 de marzo se publicó a través de las redes sociales «una información sumamente grave» que pone en riesgo la vida del defensor Manuel Olivares Hernández, pues se le señala como “defensor del narco” y descalifica su trabajo por acompañar a las víctimas de desplazamiento forzado interno.

«Durante un año la lucha ha sido ardua por la situación de violencia que se vive en la región serrana y por el clima de animadversión que se ha generado contra el compañero Manuel Olivares y la compañera Teodomira Rosales Sierra. Con su trabajo tenaz y comprometido han emplazado en diferentes momentos a las autoridades federales y del estado, para que den cumplimiento a los apoyos acordados para una estancia digna de las familias desplazadas en la cabecera municipal de Chichihualco (Leonardo Bravo)», dijeron la RedTDT y el Centro Tlachinollan.

Ahora, el OPDDH señala que de acuerdo con la información que ha recibido, el 13 de abril el grupo de civiles armados Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG) amenazó al director del Centro Morelos, Manuel Olivares, y al periodista Ezequiel Flores. En una publicación en redes sociales, «se anunciaba la instrucción de detenerlos para ‘someterlos a un proceso de reeducación basado en usos y costumbres’ (…) El FUPCEG amenazaba de muerte a todos los miembros del Centro Morelos, así como a todas las personas desplazadas a las que acompañan, indicando que ‘serían perseguidos y exterminados por nuestras fuerzas de élite’, por su supuesta vinculación con un grupo criminal».

El observatorio denuncia además que, el 6 de febrero, la abogada del Centro Morelos, Teodomira Rosales, recibió una serie de «llamadas amenazantes» del teniente Badillo, miembro de la Guardia Nacional y perteneciente al 50 batallón de Infantería, para exigirle «una lista con los nombres de las familias desplazadas a las que representaba».

Las llamadas, añade, «se produjeron tras una reunión celebrada el mismo día entre las familias desplazadas y el teniente Badillo en la cabecera municipal de Chichihualco, Guerrero, en las que se tenía que realizar el registro de las personas desplazadas, en el marco de los acuerdos para un retorno seguro con el gobierno federal. Sin embargo, las víctimas de desplazamiento se negaron a llevar a cabo el registro tras identificar que miembros del Ejército que acompañaban al teniente Badillo mantenían relaciones directas con un grupo de civiles armados que actuaba en sus comunidades».

Todo esto, luego de que el 28 de diciembre del año pasado, Teodomira Rosales recibió amenazas y ataques a su integridad física por parte de funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, encabezada por David Portillo Menchaca, cuando realizaba, junto con miembros del Centro Morelos, un acompañamiento en una reunión entre la Guardia Nacional y familias desplazadas.

El Observatorio señala que, en esa ocasión, «Rosales fue golpeada, apuntada con un arma y agredida sexualmente en un cacheo abusivo en el que le realizaron tocamientos y la obligaron a quitarse los pantalones. A los miembros del Centro Morelos se les requisó de manera ilegal documentación sobre las personas a las que representan, así como computadoras, celulares y dinero. Los hechos fueron denunciados ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero, pero el caso fue desestimado».

Según la misma información, además, desde el inicio de su acompañamiento a las familias de desplazados de Leonardo Bravo, «los integrantes del Centro Morelos han sido vigilados ilegalmente de manera reiterada por parte de funcionarios del Ejército, mediante identificación de sus domicilios particulares, seguimiento al lugar de trabajo y en sus acompañamientos».

El Observatorio expresó por ello su «profunda preocupación por la escalada en los ataques y amenazas de muerte recibidas por los miembros del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón por su trabajo legítimo en la defensa de los derechos humanos, y teme por la integridad física y personal del señor Olivares y la señora Rosales».

Respecto del periodista Ezequiel Flores, también este 13 de abril el FUPCEG publicó un comunicado en el que lanza amenazas en su contra por supuestamente estar al servicio de grupos de la delincuencia. Ezequiel Flores se ha destacado, sin embargo, por dar cobertura a los enfrentamientos entre grupos armados en la zona.

Por todo ello, el OPDDH llamó «con urgencia» a las autoridades mexicanas a garantizar la protecci´’on, seguridad e integridad física y psicológica de la abogada Teodomira Rosales, el defensor Manuel Olivares y del periodista Ezequiel Flores, corresponsal de la revista Proceso, y realizar una investigación independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas de muerte contra los miembros del Centro Morelos, «con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial, y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley».

El llamado va dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores; a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el subsecretario de Derechos Humanos y Población, Alejandro Encinas; al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra; y a los embajadores y embajadora Socorro Flores Liera, de la Misión Permanente de México ante la ONU; Mauricio Escanero Figueroa, de la Misión de México ante la Unión Europea y Embajada de México ante el Reino de Bélgica y el Ducado de Luxemburgo; y Jorge Lomónaco, de la Misión Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos.

---

Foto de portada (ilustrativa): Redlac.