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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Martes 24 de enero de 2017
- Quien denuncia violaciones por las fuerzas armadas, policías y autoridades investigadoras corren más riesgo de sufrir represalias, dijo el relator.
«La situación de las defensoras y los defensores está condicionada por la criminalización de sus actividades a través del mal uso deliberado del derecho penal y la manipulación del poder punitivo», afirmó Michel Forst, relator de la ONU sobre las personas defensoras de derechos humanos, quien al rendir un informe preliminar sobre la visita de ocho días que realizó a México agregó: «También se han usado los arrestos y detenciones arbitrarias como instrumento para silenciar voces disidentes y frenar movimientos sociales».
- Los activistas Alejandro Solalinde y Javier Sicilia acompañan a familiares de desaparecidos. | Foto: Cuartoscuro.
En conferencia de prensa, el relator hizo énfasis en que durante su recorrido observó «niveles elevados de inseguridad y de violencia» que tienen que enfrentar las personas defensoras, sobre todo en un contexto marcado por el crimen organizado, la corrupción y la represión estatal, en un país donde “la tasa ínfima de investigaciones exitosas y de resolución de crímenes cometidos contra defensores de derechos humanos ha generado una sensación de impunidad generalizada. La falta de investigación y sanción de los agresores envía un peligroso mensaje de que no hay consecuencias por cometer tales crímenes. Esto crea un entorno propicio para la repetición de violaciones”.
En este sentido, casi al principio de su exposición, comentó: «Recibí varios testimonios con respecto a graves violaciones de derechos humanos ocurridas en los últimos años, en particular de ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas. Estas violaciones siempre son perturbadoras debido a su gravedad. Por eso, me preocupa que en muchos de los casos que me fueron transmitidos las investigaciones no han dado resultados. Las defensoras y los defensores de derechos humanos que buscan justicia han enfrentado actos de intimidación u obstáculos en su búsqueda. Debido a sus denuncias de estas violaciones, los defensores de derechos humanos tienen un riesgo más elevado de ser blancos de ataques y agresiones. Quienes denuncian violaciones por parte de las fuerzas armadas, de la policía así como de autoridades investigadoras se encuentran en un mayor riesgo de represalias».
- Integrantes de la Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos en La Pochota, Veracruz. | Foto: Karlo Reyes / Cuartoscuro.
Durante su misión oficial a México, que inició el 16 y concluyó el día de hoy, Michel Forst visitó los estados de Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Oaxaca y la Ciudad de México, y se reunió con más de 800 defensoras y defensores de derechos humanos de 24 entidades del país, algunos que «han sido detenidos arbitrariamente»; además, con un gran número de familias de personas desaparecidas, líderes comunitarios, indígenas que reportaron haber sido privados de sus tierras y defensores que trabajan «en asuntos delicados como derechos sexuales y reproductivos u orientación sexual e identidad de género».
Explicó que la criminalización de las actividades realizadas por las y los activistas se da «tanto por actores estatales como no estatales «para impedir y hasta evitar las legítimas actividades de las personas defensoras para promover y proteger los derechos humanos”. Incluso, «en muchos casos se criminaliza a quienes defienden derechos humanos por denunciar violaciones cometidas por las autoridades y enfrentan represalias indirectas a través de ataques o procesos penales dirigidos contra sus familias o personas cercanas”.
Además, «la impunidad se ha convertido tanto en la causa como en el efecto de la inseguridad general de los defensores y las defensoras de derechos humanos en México. La impunidad alimenta la criminalización de los defensores vinculados a sus actividades legítimas de derechos humanos, lo que a su vez alimenta el miedo entre la sociedad civil en general, debilitando las aspiraciones generales de los derechos humanos y el Estado de Derecho”, indicó el experto independiente». Por ello, «la mejor forma de protección que pueden tener las personas defensoras es cuando se hace justicia y los perpetradores son llamados a rendir cuentas”.
- Michel Forst, relator especial de la ONU sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos. | Foto: Diego Simón Sánchez / Cuartoscuro.
Si al inicio Michel Forst dijo que de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, el deber principal de promover y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales le corresponde al Estado, al finalizar su intervención emitió una serie de recomendaciones al gobierno federal. Entre ellas, garantizar investigaciones prontas e imparciales sobre las presuntas amenazas y formas de violencia contra personas defensoras de derechos humanos y llevar ante la justicia a los responsables directos y a quienes participaron en la comisión de crímenes; que la Procuraduría General de la República considere la creación de áreas especializadas para investigar los ataques en contra de defensores de derechos humanos; fortalecer el Estado de derecho en el país, especialmente en lo concerniente al completo cumplimiento de los resolutivos derivados de los juicios de amparo y otras resoluciones judiciales que tienen un impacto directo en el goce de derechos por parte de las personas defensoras de derechos humanos; y reconocer públicamente, tanto a nivel federal como estatal, el papel fundamental que desempeñan las personas defensoras de derechos humanos en las sociedades democráticas y condenar cualquier expresión pública que las desacredite.
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