HRW denuncia graves violaciones a DDHH e impunidad durante el gobierno de EPN

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Miércoles 27 de enero de 2016

 

“Durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han estado implicados en graves violaciones de derechos humanos en forma reiterada -incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura- en el marco de acciones contra el crimen organizado. El gobierno ha logrado muy pocos avances en el juzgamiento de los responsables de abusos recientes, y menos aún en la gran cantidad de abusos cometidos por soldados y policías desde que el ex presidente Felipe Calderón (2006-2012) inició la ’guerra contra el narcotráfico’ en México. Otros problemas que persisten son las restricciones a libertades de prensa, abusos contra migrantes y límites al acceso a derechos reproductivos y atención de la salud”, dijo hoy la organización internacional Human Rights Watch (HRW) al presentar su Informe Mundial 2016: la “política del miedo” amenaza los derechos.

Agentes del Ministerio Público y policías «a menudo indican a los familiares de las personas ausentes que deben investigar ellos mismos”.

En el capítulo sobre la situación en América Latina, HRW dedica un apartado al caso mexicano en el que da cuenta que “en marzo (de 2015), el Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes presentó un informe en el cual sostiene que la ‘tortura es generalizada en México’ y que son pocas las instancias en que los responsables son llevados ante la justicia”, pero que “el gobierno de Peña Nieto respondió calificando públicamente al relator especial de ‘irresponsable y muy poco ético’”.

José Manuel Vivanco, director para América Latina de HRW, destacó las diferencias entre los poderes judiciales de Brasil y México, toda vez que el del país sudamericano ha mostrado independencia para investigar a la cúpula política y empresarial por presuntos actos de corrupción. «Al Poder Judicial brasileño no le ha temblado la mano. No creo que pudiéramos esperar algo parecido en México. El contraste es muy fuerte», dijo Vivanco según reportes del diario La Jornada.

En concordancia con el informe, añadió que la preocupación sobre la crisis de derechos humanos en México se da “sobre todo” por “unos índices de impunidad realmente alarmantes”, como lo demuestra el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Al salir a la luz pública estos hechos, a la vez quedó en evidencia “la falta de competencias por parte de las autoridades internas para garantizar investigaciones profesionales y serias”, por lo cual se tuvo que recurrir al Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En este sentido, luego de advertir que hasta el momento no se “ha podido constatar una voluntad seria por parte del gobierno”, lamentó que “algunos columnistas” enarbolen “la bandera del nacionalismo para criticar al GIEI”.

Desapariciones forzadas

En el informe de 12 temas sobre México, HRW recuerda que en septiembre de 2015 el grupo de expertos y expertas designado en acuerdo entre el gobierno mexicano y la CIDH “expuso graves falencias en la investigación gubernamental de las desapariciones forzadas de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero”; “refutó las conclusiones clave de la Procuraduría General de la República (PGR) e instó a las autoridades a que indagaran nuevas líneas de investigación”. Pero al momento de la redacción de este documento, “y a más de un año de las desapariciones, todavía se desconoce el paradero de al menos 41 estudiantes”.

El reporte señala también que desde 2006, miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han participado en numerosas desapariciones forzadas. “En agosto de 2014, el gobierno reconoció públicamente no saber cuál había sido el destino de más de 22.000 personas cuyo paradero se desconocía desde 2006. Esta cantidad ha aumentado a más de 25.500, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que se creó por ley en 2012. Es habitual que agentes del Ministerio Público y policías no adopten medidas básicas de investigación para identificar a los responsables, y a menudo indican a los familiares de las personas ausentes que deben investigar ellos mismos”.

Añade que “el gobierno federal ha implementado medidas potencialmente alentadoras para hallar a personas cuyo paradero se desconoce, pero estas han tenido resultados limitados. En 2013, creó una unidad en el ámbito de la PGR para investigar desapariciones. Al ser consultados en agosto, funcionarios de la PGR señalaron que no tenían conocimiento de ningún caso en el cual se hubiera condenado a alguna persona por desapariciones forzadas cometidas desde 2007”.

Ejecuciones extrajudiciales

“Sigue produciéndose un número alarmante de asesinatos ilegales por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas, en un clima de impunidad sistemática».

En las nueve páginas que dedica a la situación de México, la agrupación recuerda que en 2014 el Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias señaló que “sigue produciéndose un número alarmante de asesinatos ilegales por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas, en un clima de impunidad sistemática y endémica.

“En enero de 2015, al menos ocho civiles fueron asesinados en Apatzingán, Michoacán, cuando agentes de la Policía Federal intervinieron en una manifestación a la cual habían concurrido grupos de autodefensa ciudadana. Varios testigos indicaron que policías federales abrieron fuego contra civiles que no estaban armados, dispararon a dos de ellos en la cabeza mientras se encontraban en el suelo intentando resguardarse”; en mayo, “un enfrentamiento armado entre policías federales y civiles en el municipio de Tanhuato, Michoacán, dejó un saldo de un policía y 42 civiles muertos. Si bien el comisionado general de la Policía Federal señaló (…) que los agentes estaban respondiendo en defensa propia, Human Rights Watch recibió información de que al menos cuatro personas fueron ejecutadas extrajudicialmente cuando ya había concluido el enfrentamiento inicial. Los agentes de la PGR recién iniciaron una investigación del caso tres meses después de ocurrido el incidente fatal.

Sobre la impunidad en que permanecen los casos de abusos militares, la organización explica que “México ha empleado fuertemente a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia vinculada al narcotráfico y la delincuencia organizada, y los militares han cometido en estas operaciones numerosas violaciones de derechos humanos”.

Tan es así que “desde 2006 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió aproximadamente 9.000 denuncias de abusos cometidos por miembros del Ejército —incluidas más de 1.700 durante el actual gobierno— y emitió informes sobre más de 100 casos en los cuales determinó que personal de esta fuerza había participado en graves violaciones de derechos humanos.

“En 2014, el Congreso reformó el Código de Justicia Militar para establecer la obligatoriedad de que los abusos cometidos contra civiles por militares fueran juzgados en la justicia penal ordinaria en vez del sistema de justicia militar, que en el pasado en general no había asegurado que los militares implicados en abusos rindieran cuentas por sus actos (…) Al momento de preparación de este informe, ningún militar había sido condenado en relación con el asesinato de 22 civiles por soldados en Tlatlaya, Estado de México, en noviembre de 2014. Diversos testigos y un informe de la CNDH indicaron que en este hecho al menos 12 civiles fueron ejecutados extrajudicialmente por soldados. Según la CNDH, agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México intentaron encubrir la participación delictiva de militares en el caso torturando a testigos para obligarlos a que prestaran testimonios falsos”.

Respecto de la práctica de la tortura, señala que “es común” que en México se obtengan información y confesiones bajo coacción. “En general, las torturas se aplican en el período entre que las víctimas son detenidas arbitrariamente y hasta que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público, durante el cual a menudo son mantenidas incomunicadas en bases militares u otros centros de detención ilegales.

En México los militares han cometido «numerosas violaciones de derechos humanos».

“Las tácticas más frecuentes incluyen golpizas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y abuso sexual. En 2014, la PGR recibió más de 2.400 denuncias de tortura, lo cual representa más del doble de la cantidad de 2013 (1.165). A pesar de que la Constitución establece la inadmisibilidad de las pruebas obtenidas mediante tortura, algunos jueces continúan desestimando las denuncias sobre tortura y admiten confesiones obtenidas bajo coacción”.

Periodistas, mujeres y niñas

De los ataques a periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos, HRW da cuenta de que, según datos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertada de Expresión, “entre 2000 y octubre de 2015 fueron asesinados 103” comunicadores y “otros 25 desaparecieron”. Concluye que a pesar de que en 2012 se promulgó una ley para proteger a defensores de derechos humanos y periodistas, “el otorgamiento de medidas de protección ha sido lento o insuficiente”, “las autoridades en general no investigan adecuadamente (los) delitos” y “muchas veces descartan de manera prematura que los delitos estén vinculados con su profesión. La CNDH informó en 2014 que el 89 por ciento de los delitos contra periodistas en México quedan impunes. Hasta octubre, la Fiscalía Especial estaba efectuando 303 investigaciones de delitos contra periodistas o medios de comunicación, y había formulado cargos en apenas 21 casos.

Y lo mismo reporta para el caso de las mujeres y niñas, toda vez que “el derecho mexicano no protege adecuadamente a mujeres y niñas contra la violencia doméstica y sexual. Algunas disposiciones, como aquellas que supeditan la gravedad de la pena para ciertos delitos sexuales a la ‘castidad’ de la víctima, contravienen los estándares internacionales”. De igual modo, la Suprema Corte de Justicia confirmó en 2008 la constitucionalidad de una ley en la Ciudad de México “que legalizó el aborto practicado durante las primeras 12 semanas de gestación”, pero hasta la fecha “ningún otro estado mexicano tiene leyes que permitan el aborto voluntario”.