Impunidad, indolencia y estigmatización contra normalistas y familiares, revela informe sobre caso Ayotzinapa

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Miércoles 14 de marzo de 2018

 

Dolor por la ausencica, desplazamiento forzado, «duelo congelado», violencia estructural, discriminación, revictimización e impunidad son algunos de los impactos psicosociales que han sufrido los estudiantes normalistas que sobrevivieron a los ataques de la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Igduala, Guerrero, reveló el estudio Yo sólo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del Caso Ayotzinapa.

El informe presentado por las organizaciones defensoras de derechos humanos Fundar, Centro de Análisis e Investigación; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y Servicios y Asesorìa para la Paz, fue elaborado conforme a las recomendacionesdel Grupo Interedisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y revela que los estudiantes normalistas que sobrevivieron a los ataques por parte de fuerzas del Estado y del crimen organizado, además de que fueron gravemente heridos, «enfrentan secuelas post traumáticas, entre ellas la llamada ‘culpa del sobreviviente’, así como el dolor por la ausencia de sus compañeros», mientras que los familiares fueron obligados a trastocar sus proyectos de vida y a desplazarse de su lugar de origen en busca de sus hijos y de respuestas por parte de las autoridades.

El grupo multidisciplinario que elaboró el estudio, conformado por cuatro psicólogas, una antropóloga y la colaboración de un equipo médico, encontró que hasta la fecha, después de tres años y cinco meses de los hechos, los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos «enfrentan un proceso de ‘duelo congelado’, pues no saben si sus hijos están vivos o muertos, y profundas consecuencias en todos los ámbitos de su vida», a lo que se suman la violencia estructural y discriminación que sufren las víctimas que pertenecen a pueblos indígenas.

«A lo largo de sus páginas, el informe da cuenta de cómo la indolencia del Estado ha obligado a estas madres y padres de extracción campesina a abandonar no solamente sus trabajos, sino sus hogares, al resto de su familia, en suma, su vida, para buscar a sus hijos frente a unas autoridades que no pueden o no quieren garantizar su mínimo derecho a la verdad».

El Centro de Centro Prodh explicó en un comunciado que «el trabajo de entender, exponer y buscar caminos de remediación poniendo en el centro a las propias víctimas de estos hechos no es menor; es, por el contrario, una brújula para las políticas de investigación y de atención hacia quienes cada día sufren el no saber del destino de su ser querido. Es por eso que tanto el GIEI como la CNDH coincidieron en recomendar la elaboración del trabajo que hoy ve la luz».

El estudio es indispensable para quienes se interesan en combatir la grave crisis de derechos humanos que vive México. Un trabajo de diez especialistas que se sumergieron en el entorno familiar y comunitario de las madres, padres, hijos, hermanas y todos los seres queridos de los 43 desaparecidos, y que lograron desentrañar el dolor y las consecuencias físicas, económicas, psicològicas y sociales que «acarrea una atrocidad» de las dimensiones de los hechos de Iguala.

El informe cuenta cómo la indolencia del Estado ha obligado a estas madres y padres de extracción campesina a abandonar no solamente sus trabajos, sino sus hogares, al resto de sus familias, en suma, su vida. Y que al igual que los normalistas sobrevivientes, han tenido que vivir procesos retraumatizantes derivados de las actuaciones de las autoridades durante la investigación.

Los impactos psicosociales de la noche de Iguala y del proceder de las autoridades investigadoras se han profundizado durante estos casi tres años y medio debido a la impunidad, entendida no solamente como la falta de investigación y sanción a los responsables, sino que incluye las actuaciones de los funcionarios pùblicos que han obstaculizado las investigaciones y manipulado la verdad, dice el informe. Ejemplo de ello es la estigmatización que se hizo de los normalistas al ser señalados como parte de grupos de la delincuencia, la difusiòn y defensa sin sustento científico de «la verdad histórica» y de otros eventos que en su conjunto «configuran una secuencia traumátia que ha generado la ruptura en la confianza de las vìctimas hacia el Estado».

En concordancia con las recomendaciones realizadas por el GIEI para la atención de las víctimas y para reconstruir la confianza perdida, el informe recomienda a las autoridades del Estado mexicano reinvindicar y dignificar a todas las víctimas que fueron heridas -en particular en los casos de Aldo Gutiérrez y Edgar Andrés Vargas-, a las que fueron privadas de la vida, a los normalistas sobrevivientes y a los estudiantes desaparecidos «por el daño producido con la criminalización y cuestionamientos sobre su presencia en Iguala durante los meses posteriores a los hechos»; recomocer públicamente, en voz de autoridades de alto nivel, «la falta de sustento científico suficiente en la hipótesis oficial que establece como destino final de todos los estudiantes de Ayotzinapa el basurero de Cocula, y remover cualquier asefveración al respecto en los discursos y sitios digitales públicos del Estado mexicano; generar las condiciones para el avance de la búsqueda y la investigación de la desaparición forzada de los 43, incluidas garantías para la seguridad de madres, padres y familiares de los estudiantes ausentes y sus representantes.

Pero sobre todo, señalaron las organizaciones, la principal medida de atención y reparación para las víctimas es el esclarecimiento de los hechos y del paradero de los normalistas, porque «la incertidumbre sobre el paradero en casos como este impide avanzar en medidas de reparación -desvirtuando su naturaleza-«, al tiempo que acentúa la necesidad de asistencia, particularmente de salud y psicológica.

El estudio también documenta los impactos psicosociales del caso en familiares de personas desaparecidas organizadas en otros grupos y colectivos en el país, quienes se identifican con los familiares de los 43 estudiantes normalistas no sólo en el dolor por la ausencia y la incertidumbre, sino en la experiencia de impunidad. Por eso se recomiendan medidas que trasciendan el Caso Ayotzinapa, que apunten hacia una verdadera política de Estado para abordar la desaparición forzada en México, enfocada en acciones de búsqueda e investigación de las personas desaparecidas, así como garantizar los derechos de sus familiares.

El pasado 2 de marzo, el gobierno mexicano se negó, en audiencia pública ante la CIDH, a asumir un compromiso para adoptar el documento que hoy se presenta, como base para la generación de planes de atención, y en su caso, de reparación para las víctimas. La respuesta del Estado es inaceptable, no solo por la solidez técnica y metodológica del informe, sino porque nace del dolor y dignidad de las víctimas en la búsqueda de sus hijos desaparecidos, al mismo tiempo que aspira a que esta memoria se colectivice y contagie la esperanza de hacer amanecer la verdad y la justicia para Ayotzinapa y para nuestro adolorido México.