INAI anuncia acción de inconstitucionalidad contra Ley de Seguridad Interior

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Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Lunes 15 de enero de 2018

 

En sus primer encuentro del año, los comisionados y el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) sostuvieron que es pertinente interponer la acción de inconstitucionalidad contra el artículo 9º de la Ley de Seguridad Interior (LSI), toda vez que dicho ordenamiento legal es contrario al principio de máxima publicidad.

Coincidieron en la preocupación por las implicaciones que la LSI generaría en materia de transparencia y acceso a la información, en razón de que el artículo 9º no sólo transgrede el principio de máxima publicidad, sino también los de temporalidad en la reserva y de progresividad, los cuales deben imperar para el ejercicio del derecho humano de acceso a la información.

El INAI advirtió que la clasificación de información como reservada, también contemplada en la LSI, es una excepción que sólo podrá aplicarse bajo determinadas circunstancias. Además, detectó que el dictamen de Ley contiene conceptos que podrían considerarse ambiguos o imprecisos, como los de «acciones de seguridad interior” y “acciones de orden interno”, entre otros.

En la reunión estuvieron presentes el comisionado presidente, Francisco Javier Acuña Llamas, las comisionadas Areli Cano Guadiana, María Patricia Kurczyn Villalobos y Ximena Puente de la Mora y los comisionados Oscar Guerra Ford y Joel Salas Suárez. Por parte del Consejo Consultivo asistieron su presidenta María Solange Maqueo Ramírez y las consejeras Sofía Gómez Ruano, Diana Cristal González Obregón, Denise Guillen Lara, así como los consejeros Fernando Nieto Morales y Khemvirg Puente Martínez.

La postura del INAI coincide con el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que el 27 de diciembre pasado lamentó en principio que, con la promulgación de la LSI el 21 de ese mes por el presidente Enrique Peña Nieto, se haya dejado de lado la oportunidad de llevar a cabo un diálogo honesto, plural, incluyente e informado sobre dicha ley, como lo habían solicitado reiteradamente académicos, activistas y organismos nacionales e internacionales defensores de derechos humanos.

La CNDH argumentó, en concordancia  que la Ley de Seguridad Interior contraviene principios reconocidos constitucional y legalmente en materia de transparencia y acceso a la información, protección alas víctimas y respeto a la defensa de los derechos humanos, pues en términos de su artículo 9º «toda la información vinculada a su aplicación será reservada, con independencia de su contenido o relevancia» y al mismo tiempo, en su artículo 31, impone a organismos como la CNDH la obligación de proporcionar a la autoridad toda la información que se les requiera respecto de asuntos que se consideren amenazas o riesgos a la seguridad interior.

Sin parámetros objetivos y con interpretaciones altamente discrecionales, alegó, se puede dar el caso de que cuando la CNDH investigue violaciones a derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas u otras autoridades federales, se vea obligada a entregar los expedientes respectivos a las propias instancias que investiga, violentándose el derecho de las víctimas y propiciando que no exista verdad, justicia y reparación. Lo mismo ocurrirá con las fiscalías e instituciones anticorrupción autónomas, que también están en la obligación de entregar la información que les sea requerida.

La Ley de Seguridad Interior, afirmó la CNDH, «no lleva implícito un beneficio inmediato para las personas, ni tampoco favorece de manera directa a las mujeres y hombres que, como elementos de nuestras fuerzas armadas o policías arriesgan su integridad y vida para la defensa y protección de la sociedad. Por el contrario, abre una ventana para que, al amparo de la ambigüedad, la opacidad y la falta de una debida y oportuna rendición de cuentas, se legitime una mayor intervención estatal en la esfera de garantías y libertades de las personas, así como para alterar el orden federal y democrático previsto por nuestra Constitución».

Promulgada el 21 de diciembre, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que no emitiría ninguna declaratoria de protección a la seguridad interior hasta que no se resuelvan las controversias y acciones de inconstitucionalidad que se promovieran contra la LSI. Sin embargo, una vez que entró en vigor, la aplicación del ordenamiento no depende de la emisión de dichas declaratorias por parte del presidente ni de ninguna otra autoridad, puesto que en términos de su artículo 26 «las acciones que se realicen para identificar, prevenir y atender riesgos a la seguridad interior so de carácter permanente y no requieren, así se señala expresamente, la emisión de una declaratoria», recordó la CNDH.

Por todo ello, la Comisión Nacional anunció que en el ámbito de sus atribuciones promoverá las acciones conducentes «para prevenir que se violente el orden constitucional vigente y se vulneren los derechos humanos de las y los mexicanos, haciendo expresa su confianza en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercerá, en las acciones y controversias que sobre este tema se hagan de su conocimiento, a cabalidad y con plena responsabilidad su función como garante máximo de la constitucionalidad en México, atendiendo al contenido de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, la cual, por su relevancia y trascendencia, marcó el inicio de una nueva época para ese Alto Tribunal y para México».

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Foto de portada: José I. Hernández / Cuartoscuro.