SOMOSMASS99
Edgar Cortez
Martes 11 de junio de 2019
México es un país sumamente desigual pero la desigualdad se acentúa en ciertos grupos sociales como son las personas con discapacidad.
Las personas con discapacidad, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás (https://bit.ly/2MEvgpp).
Las personas con discapacidad son al menos siete millones en México, 54 por ciento viven en la pobreza, 55 por ciento no ha terminado la educación primaria y buena parte carece de acceso a servicios de salud, educación y trabajo, entre otros derechos.
Naciones Unidas en 2006 aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, México se adhirió a la misma en diciembre de 2007 y la misma entró en vigor a partir de mayo de 2008. Es decir más una década que se reconocieron los derechos de esta parte de nuestra sociedad.
El gobierno de México, al firmar y ratificar esta Convención, se comprometió a establecer un organismo de alto nivel encargado de trabajar para hacer efectivos los derechos de todas estas personas. Ese organismo es el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS).
Lamentablemente este Consejo no ha logrado cumplir su cometido y aún está pendiente la coordinación entre diversas dependencias y la integración de un conjunto de políticas públicas que permitan hacer efectivos los derechos reconocidos a las personas con discapacidad.
De acuerdo con una carta promovida por organizaciones de personas con discapacidad y de organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, manifiestan su preocupación pues el actual gobierno, hasta el día de hoy, no ha nombrado al titular del CONADIS y existe el rumor que se está considerando desaparecerlo.
Las posibles razones para desaparecerlo no se conocen y menos aún cual podría ser la alternativa. Lo único que se conoce es el programa Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad mediante el cual se entregará a niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad hasta los 29 años, así como a personas con discapacidad indígenas, un apoyo bimestral de 2550 pesos.
Sin duda que está pensión paliará la pobreza y marginación que aqueja a un millón de personas, pues ese es el límite del programa, pero dicha medida dista mucho de ser una política pública que satisfaga los derechos humanos de esta parte de la población y de sus familias.
La obligación del Estado es generar un potente proceso que permita satisfacer y garantizar progresivamente los derechos de las personas con discapacidad y no establecer una regresiva política de simple asistencia social.
La carta promovida por las organizaciones usa el hasthag #Inclusiónnosolopensión. Esta es exactamente el quid de la cuestión.
Foto de portada: Dennis Larsen / Pixabay.
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