Redacción SomosMass99
México, D.F. / Jueves 14 de mayo de 2015
El Gobierno anunció que entregará más de 50 millones de pesos de compensación económica a las familias afectadas por el caso Tlatlaya y a sobrevivientes del ataque ocurrido el 30 de junio de 2014 en esa comunidad, que dejó 22 civiles muertos a manos de militares.

- La reparación del daño corresponde a una recomendación del ombudsman nacional que determinó la existencia de violaciones de los derechos humanos.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) indicó en un comunicado que ya inició las acciones de reparación integral, sustentada en la recomendación del ombudsman nacional, que determinó la existencia de violaciones de los derechos humanos.
«Se prevé que el monto total, que comprende a todas las familias afectadas, será de más de 50 millones de pesos (3.3 millones de dólares)», señaló.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó en octubre pasado que en este caso se cometieron delitos como «privación arbitraria de la vida, uso arbitrario de la fuerza, tortura y tratos inhumanos, así como actos violatorios de los derechos a la verdad y al acceso a la justicia».

- Los 50 millones de pesos serán repartidos entre los familiares de los muertos y los sobrevivientes al ataque de los militares.
Según información de La Jornada, de acuerdo con una investigación, al menos 12 de las 22 personas asesinadas en esos sucesos fueron ejecutadas extrajudicialmente por los militares después de que los supuestos criminales se hubieran rendido.
El dinero se repartirá entre los afectados “por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables, que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos”.
En un principio, la Secretaría de la Defensa informó de que los 22 civiles, presuntos miembros de una banda de secuestradores, habían fallecido en un enfrentamiento con militares.
Sin embargo, dicha versión fue cuestionada por una testigo que reveló que sólo uno de los civiles había muerto en el choque armado y los demás habían sido asesinados por los soldados después de ser sometidos a un interrogatorio.
Siete militares son procesados por estos hechos. Todos por ejercicio indebido de servicio público, tres de ellos también por abuso de autoridad, homicidio calificado, alteración ilícita del lugar donde ocurrieron los hechos y un oficial por encubrimiento.

- Al menos 12 de las 22 personas asesinadas en Tlatlaya fueron ejecutadas extrajudicialmente por los militares después de que los supuestos criminales se hubieran rendido.
La CEAV destacó que la reparación integral es «una obligación del Estado» y «debe expresar el reconocimiento a las víctimas, cuyos derechos han sido violados».
Para determinar la reparación, el Comité Interdisciplinario Evaluador de la CEAV analiza caso por caso, de conformidad con el marco jurídico nacional e internacional en materia de derechos humanos.
También debe tomar en cuenta los criterios y los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), precisó.
La CEAV indicó que «los nombres de las personas, las medidas adoptadas y los montos de la reparación serán resguardados» para proteger la privacidad y la seguridad de las familias, tal como establece la ley en la materia.
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