SOMOSMASS99
Redacción / SomosMass99
Tlapa de Comonfort, Gro. / Miércoles 1 de junio de 2016
Las 186 comunidades que integran el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña de Guerrero denunciaron que las autoridades federales desdeñan su exigencia de participar en la creación e implementación de las políticas de desarrollo que les afectan directamente y que, en casos como el proyecto Que llueva Maíz en la Montaña, ellas mismas pueden diseñar y gestionar.
Señalaron directamente al secretario de Desarrollo Social (Sedesol), José Antonio Meade Kuribreña, y a la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, de ser los responsables de no cumplir los compromisos pactados desde 2013 con las comunidades, cuando se formó el consejo a raíz de la devastación causada por las tormentas Ingrid y Manuel.
A través de un comunicado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan dio a conocer que la protesta se dio al cierre de la Jornada Contra la Desigualdad y la Discriminación en que por dos días miles de familias de los municipios de metrlatónoc, Cochoapa del Grande, Acatepec, Tlacoapa, Malinaltepec y San Luis Acatlán hicieron pública la falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados por parte de los gobiernos federal y estatal desde aquel año.
El Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña fue creado desde entonces en respuesta a la falta de acciones de la autoridades estatales y federales después del paso de las mencionadas tormentas en septiembre de ese año, y con el fin de exigir la atención y reconstrucción de la región de la Montaña que fue devastada.
«Ante estos dos días de movilizaciones y el contexto de represión de las manifestaciones sociales que vive México y particularmente Guerrero, violentando los derechos a la libre manifestación y asociación, el CCDM solicitó medidas cautelares a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para que garantizara la seguridad durante la Jornada y en los recorridos de las personas manifestantes de regreso a sus comunidades.
«Las comunidades denunciaron que son exactamente las autoridades federales las que han incumplido los acuerdos», las mismas que «han llegado en los últimos días a Guerrero a simular su compromiso con las comunidades mayormente excluidas». En particular, tanto el secretario de Desarrollo Social (Sedesol), José Antonio Meade Kuribreña, y la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles visitaron la región y el estado en los días pasados para preparar la visita del presidente Enrique Peña Nieto, y fueron las representantes de estas instancias en el estado de Guerrero, las que en febrero del 2014 se comprometieron a establecer una política pública de entrega de granos básicos, con perspectiva de derechos humanos, en la que participaran las comunidades, sin que al día de hoy se haya cumplido en su totalidad.
«De igual forma, ha sido la propia Secretaría de Gobernación la que se ha comprometido desde diciembre del 2015 a reiniciar la implementación del programa Que Llueva Maíz en la Montaña para abastecer a 16 mil familias de granos básicos, por un año. Sin embargo, los acuerdos no han sido cumplidos.
«Las acciones del gobierno federal y estatal en los últimos días son reflejo de las políticas asistencialistas que no buscan resolver de fondo la discriminación estructural de las políticas y que por el contrario rechaza totalmente la participación de las propias comunidades en crear e impulsar políticas de desarrollo que combatan de raíz la pobreza con su participación, recuperando sus usos y costumbres y respetando su organización tradicional».
Culminaron la Jornada contra la Desigualdad y Discriminación urgiendo a las autoridades federales a que en la próxima reunión de trabajo, a sostenerse el martes 7 de junio, se indique la ruta para cumplir con los acuerdos sostenidos con un calendario objetivo para el inicio de las entregas de granos básicos, «previo a que la temporada de lluvias vuelva a devastar su territorio». Además solicitaron a la sociedad civil a que vuelva sus ojos una vez más a las comunidades más excluidas y discriminadas del país que continúan en una situación de alta vulnerabilidad a casi tres años del paso de las tormentas.
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