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Gustavo Figueroa / Wallmapu
Argentina / Lunes 16 de noviembre de 2021
Causa «La Trochita»: el relato mapuche frente a la violencia del Estado Nacional y el negacionismo que profesa la jurisprudencia argentina
Durante la séptima audiencia de la causa «La Trochita» declararon las seis personas imputadas. Entre ellos hombres y mujeres mapuche y Ariel Garzi, amigo y testigo de la desaparición de Santiago Maldonado. En cada relato quedó de relieve y visible el nivel de violencia que se desarrolló durante el 10 de enero de 2017, dentro de la Lof en Resistencia Cushamen de la provincia de Chubut y que recién hoy, luego de casi cuatro años, las personas comprometidas directamente pudieron relatar de forma pública.
En primer lugar declararon los tres acusados varones: Ariel Garzi, Nicolás Hernández Huala y Ricardo Antihual. Todos ellos fueron, durante la mañana del 10 de enero, golpeados, insultados y humillados de diferente manera por parte de la gendarmería nacional.
«Usted capaz no me va a creer, pero en un momento, cuando estábamos precintados y tirados en el piso, vino un gendarme, me puso un pie en la espalda y le pidió a otro gendarme que le sacará una foto, como si nosotros fuéramos un trofeo de guerra».
Relató Nicolás Huala casi al final de su declaración, dirigiéndose al juez Enrique Guanzaroli, quien tendrá que decidir durante las próximas semanas, luego de los alegatos finales de las partes, el sobreseimiento de los imputados. «¿Vio los bastones que usa la policía? Bueno, con la parte más chica me pegaban al costado del estómago». A Nicolás lo persiguieron por el campo dos gendarmes montados a caballo, luego llegó un grupo de gendarmes de a pie que lo golpeó en la espalda, la cabeza y el rostro. «Otro gendarme que tenía puesto unos guantes de motos me pegó varios golpes en el rostro. Yo les decía, ‘¡Ya está! ¡Ya me tienen! Pero igual me seguían pegando”. Incluso uno de los gendarmes que estaba a caballo lo pateó con los borcegos militares en la cabeza. ¡Le propinó una patada directa en la frente!
«Cuando vi que ya estaban cerca, me tiré al piso y me protegí la cabeza con los dos brazos. Ahí sentí que algo me pegaba fuerte en los brazos. Cuando miré hacia arriba tenía la panza de un caballo encima. El gendarme estaba intentando que el caballo me pisara. Pero los caballos no son de hacer daño».
Paradójicamente, en esta instancia judicial, Huala al igual que Garzi y Antihual, están siendo acusados de daño, por lesionar, según el relato de gendarmería, a uno de los caballos de la montada, los mismos que la gendarmería pretendía que pisara, con el objetivo de dañar, a Nicolás Huala.
«Yo saltaba los montes porque sabía que a los caballos les cuesta cruzarlos. Yo soy del campo y ando a caballo. Nunca agredí a ninguno de ellos. No tuve tiempo para nada. Ni siquiera pude reconocer que cantidad de gendarmes había, cuando ya los tenía encima».
En este sentido Ricardo Antihual mencionó también que dentro del pueblo mapuche se respetaba mucho a los caballos, porque incluso el Pueblo Nación Mapuche los había adoptado en sus ceremonias, con lo cual el caballo, como otras formas de vida que existen en el territorio, mantienen, dentro de la cosmovisión mapuche, características espirituales. “Si algo le pasó al caballo fue por culpa del jinete”.
Por otro lado, Antihual reconoció que él sufría de epilepsia y que no se tuvo en cuenta esta condición cuando Nicolás Huala se lo advirtió a los gendarmes, una vez que ambos se encontraban esposados dentro de uno de los furgones de la gendarmería.
«Cuando lo traían al peñi, antes de subirlo al furgón un gendarme le pegó un sopapo en la cabeza. Le pregunté al peñi cómo se sentía, si estaba bien. Lo vi temblando, como muy nervioso. Ahí él me dijo que sufría de epilepsia. Les hablé a los gendarmes. Les pedí que fueran a buscar a un médico, porque había una persona que sufría epilepsia. El mismo gendarme que la había pegado preguntó: ‘¿quién sufre convulsiones?’ Le indique. Y él respondió, ‘¡que no se haga el loco ahora porque le voy a sacar la locura a los golpes!’. Cerró la puerta de la furgoneta y se fue».
Recién a la noche de ese mismo día los atendieron. Nicolás Huala tenía los dos ojos, la nariz y la boca hinchada. Huala le solicitó al médico que lo atendió que le pasara las fotos para realizar una denuncia por la violencia que había efectuado la gendarmería contra él. Pero Huala advirtió que nunca pasó nada con esa denuncia. Como tampoco pasó nada con las denuncias que se produjeron por la violencia ejecutada sobre los cuatro menores que estaban ese 10 de enero en la lof. En este contexto, Nicolás Huala también contó que tuvo que pasar varias noches en una cárcel de aislamiento. La primera noche, al otro día, es decir el 11 de enero, su hermano, Fausto Huala, recibió un disparo al igual que su primo, Emilio Huala. Ambos corrían riesgo de vida. Nicolás Huala tuvo que atravesar todas estas situaciones apremiantes y dolorosas encerrado, acusado de cometer un delito que no cometió. Y que gendarmería no puede, en este proceso judicial, comprobar que lo había hecho.
Captura de pantalla del momento en el que declaraba Nicolás Huala.
«Siempre vamos a estar de este lado, del lado de los acusados. Nunca se toman en cuenta todas las denuncias que realizamos. Siempre somos, antes de producirse las denuncias, los culpables», argumentaron, en la segunda parte, las mujeres mapuche acusadas. Me refiero a: Mirta Curruhuinca, Vanesa Millañanco y Ailinco Pilkiman.
«Nosotros teníamos una cocina a leña dentro de la casa. Como nos habíamos quedado sin leña, prendimos unos troncos que usamos como bancos para sentarnos. Pero nunca prendimos gomas de autos, ni le gritamos a los gendarmes que nos íbamos a prender fuego. Prendimos los bancos porque nos tenían rodeados, no podíamos salir afuera y necesitábamos calentar a los pichikeche (niños) que tenían mucho frío».
Relató Mirta Curruhinca, la única persona acusada de provocar una lesión grave a una gendarme. «En los videos se pudo ver y comprobar que las mujeres gendarmes me sacaban dos cabezas, que rápidamente me redujeron y que me llevaban con los brazos en la espalda y a los empujones cuando me caí arriba de la gendarme».
Fueron más de cien gendarmes armados con chalecos, escopetas y escudos persiguiendo y reprimiendo a seis personas; tres de ellas debían custodiar, en ese contexto, la integridad de los menores de edad presentes en la represión y que la gendarmería nunca consideró, como sucedió con una de las niñas a la que le tiraron el polvo del matafuego en la cara.
«Yo sufro de rosácea. Una rosácea avanzada. Cuando me tiraron el polvo del matafuego me produjo una reacción alérgica. Me ardía mucho la piel y los ojos. No podía ver nada. Incluso ahora estoy perdiendo la vista por el polvo que me tiraron directo a los ojos. Es como si me hubieran quemado el rostro y los ojos».
Mirta Curruhinca relata que el polvo del matafuego se lo arrojaron a corta distancia y que lo tiraron dentro de la ruka (casa) donde se estaban resguardando con las otras lanmgen (hermanas) y pu pichiqueche. Y que luego de eso, mientras las gendarmes la intentaban reducir, siendo que ella no veía nada por el ardor en los ojos, se cayó encima de la gendarme.
«‘Luego digan que una ‘gorda india’ se cayó encima de la gendarme. Pero digan la verdad’, les dije. Pero los gendarmes se reían de toda la situación. Me sacaron de la casa como si fuera cualquier cosa. Por el forcejeo tenía la ropa levantada. Prácticamente se veían mis partes íntimas. Nunca me dejaron acomodarme la ropa. Me dejaron durante un rato largo esposada, tirada en el piso. En un momento la lanmgen Vanesa les dijo que me soltaran las esposas porque se me estaban poniendo azules las manos y que yo estaba enferma. ‘¡No la vemos enferma a esta india!’, le respondieron los gendarmes. Nunca me sacaron las esposas. Tuvieron que llegar los abogados, mucho tiempo después, para que me las sacaran».
«Después de todo eso nos dejaron libres. Ni siquiera nos tomaron los datos. Si era verdad lo del supuesto de la averiguación de antecedentes como decían, nos hubieran tomado los datos aunque sea. Ya nos tenían en el piso, esposadas y golpeadas. Pero recién cuando llegaron los abogados nos sacaron las esposas, los precintos y se fueron para atrás de la casa comunitaria dónde estábamos, que es donde pasaba la vía de “La Trochita”. Se fueron como si no hubiera pasado nada”.
Advirtió Ailinco Pilkiman, una de las personas que estaba dentro de la casa también y que vivía en la lof (comunidad) en el momento que se produjo la represión: «Después que nos soltaron, al rato pasó ‘La Trochita’, cómo si nada. Pero antes de llegar a Esquel se detuvo. Estaba todo tan en mal estado que el tren no llegó a destino. Ni siquiera lo habían preparado para que ande. Entonces, una se pregunta, ¿todo este maltrato para eso? Si uno no quiere que no pase, sino que respeten la consulta previa, libre e informada. Que se entienda que no están pasando por el campo nomás, sino que están pasando por el medio de casas. Y que nosotros, como mapuche, tenemos opinión también».
En este sentido, varias de las personas imputadas hicieron referencia al levantamiento de la mesa de diálogo que se mantenía con el gobierno provincial de Chubut previo a la represión.
«Si esa mesa se hubiera mantenido nada de esto hubiera pasado. Fue con los trabajadores de ‘La Trochita’ que nos pusimos de acuerdo para que el tren pasará. Pero ocurrió luego de la represión. De nuestra parte siempre existió la decisión política de hablar», explicó Nicolás Huala, antes de concluir su testimonio, haciendo referencia a la decisión arbitraria que tomó el exgobernador de Chubut, Mario Das Neves, al levantar la mesa de negociación.
«Esta represión es un hecho que está enmarcado en un proceso histórico contra el Pueblo Mapuche. El Estado Nacional, provincial y la justicia no quieren escuchar que somos un pueblo preexistente. Y que estamos desde antes de la creación del Estado. Y usted cómo juez sabe que nosotros tenemos nuestros propios modos. Sin embargo, nunca se nos escucha».
Resumió Mirta Curruhuinca, que sabe que esta instancia judicial es una más de las diferentes que se están pronunciando en contra de las diversas comunidades que han tomado la decisión política de recuperar territorios usurpados históricamente por los Estados nacionales, provinciales y los capitales extranjeros.
El seguimiento, cobertura y visibilización de este proceso judicial -que nos es diferente a otros montajes jurídicos que ya se han presentado en contra de comunidades mapuche– evidenció, por lo menos, tres hechos innegables, que no pueden ser pasados por alto. En primer lugar, la voz de las personas imputadas, desde el 2017 hasta la actualidad, fue la última en escucharse; no se la tuvo en cuenta en estos cuatros años, cuando exigían mantener la mesa de diálogo, como tampoco se tuvo en cuenta las múltiples denuncias que pronunciaron en contra de la violencia que efectuó gendarmería contra ellos. En segundo lugar, quedó evidenciado que el trato que recibieron fue excesivo, deshumanizado y con connotaciones étnico – racistas. Es decir, que se los maltrató por el sólo hecho de ser quienes son: personas mapuche. En el caso de Nicolás Huala, apenas lo detuvieron y lo estaban golpeando en el suelo, le gritaron, “¡Indio de mierda! ¡La concha de tu hermana! ¿Te gusta andar jodiendo?” Mientras que cuando lo trasladaron hasta el furgón que lo iba a llevar finalmente a Esquel, lo hicieron caminar descalzo por el medio del monte a propósito cubierto de espinas. “En medio del forcejeo se me salieron las alpargatas. Me levantaron y me hicieron caminar por las espinas que tiene el campo. Recuerdo muy bien haber caminado por encima de la rosa mosqueta”. En tercer lugar, es importante recalcar que nunca las partes acusadas reciben un resarcimiento por todo el malestar, presión y daño físico, psicológico y económico que estos procesos judiciales producen. Tampoco es llevado adelante un proceso judicial e investigativo en contra de las partes acusadoras, que como hemos visto en muchas causas, inventan y mienten sobre las acusaciones que pronuncian. Por último y en cuarto lugar, quedó claro el abuso, el exceso y el nivel de mentiras que puede llegar a construir el Estado Nacional para justificar una represión, y en el mejor de los casos desalojar a comunidades mapuche que se posicionan en un territorio que es pretendido para proyectos extractivos, inmobiliarios y turísticos, como lo son, los campos que ocupa el empresario Luciano Benetton y el sendero por donde transita “La Trochita”. “Es una pena que tantas personas que pertenecen a la gendarmería, que declararon en esta causa y que tienen la responsabilidad de cuidarnos a todos y todas, hayan cometido tantas falacias”, fue una de las reflexiones finales que pronunció Vanesa Millañanco. Una de las imputadas que ya lleva siete sobreseimientos y que ahora espera otro nuevo proceso judicial de igual características, desplegándose a través de operaciones mediáticas y falsas acusaciones, un montaje jurídico como el que acaba de vivenciar.
Seguramente de este proceso judicial también las seis personas imputadas saldrán sobreseídas. Pero los montajes seguirán porque lo que está en disputa es la defensa del territorio, un territorio que es pretendido y usurpado históricamente por el Estado Nacional, los Estados provinciales y los capitales extranjeros.
Mientras exista un mapuche con conciencia histórica y memoria ancestral, las recuperaciones territoriales no se detendrán. Por lo tanto, tampoco se detendrá la violencia, las persecuciones y los procesos judiciales infundados y negacionistas de la identidad preexistente que poseen los territorios en “disputa”.
Foto: Gustavo Figueroa / Wallmapu, periodismo de mar a mar.
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