Iniciativa de Morena para reforma de la SCJN amenaza impartición de justicia y división de poderes: OSC

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Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Lunes 8 de abril de 2019

 

La iniciativa de reforma constitucional propuesta el pasado 4 de abril por Morena para crear una tercera Sala Especializada en Anticorrupción en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y aumentar a 16 el número de ministros amenaza la independencia de la impartición de justicia, afirmaron alrededor de 200 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y defensores de derechos humanos.

A través de un posicionamiento público, y aunque sin decirlo de manera explícita, enfatizaron en que la iniciativa de reforma presentada por el legislador Ricardo Monreal Ávila, líder de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, vulneraría la división de poderes toda vez que pone en riesgo «los controles y contrapesos que deben existir en todo Estado democrático de Derecho». Porque, además, «el aumento de la cantidad de integrantes de las más altas instancias del Poder Judicial es una estrategia bien conocida a la que han recurrido los poderes políticos en otros países, con el fin de aumentar su influencia sobre las decisiones de tribunales constitucionales o cortes supremas».

Al incrementar el número de jueces, añadieron, «se suele abrir la oportunidad de designar perfiles afines, cercanos y obedientes. Por supuesto, este fin suele ocultarse y los cambios se justifican en términos de la necesidad de mayor eficiencia y/o combate a las deficiencias de los poderes judiciales en cuestión», tal cual lo ha expresado Ricardo Monreal Ávila.

Y los casos abundan, de la más variada ideología, desde Franklin Delano Roosevelt en 1937 en Estados Unidos a Carlos Menem en 1990 en Argentina, o en la Venezuela chavista como en los gobiernos conservadores contemporáneos de Hungría y Polonia.

En su iniciativa, Morena argumenta que “se requiere establecer un órgano judicial abocado exclusivamente a resolver asuntos en materia de corrupción, a efecto de que […] se logre un avance sustancial en la resolución de los expedientes, y a la vez se homologuen los criterios jurisprudenciales”.

Las OSC y defensores de derechos humanos explicaron que, aunque en apariencia la propuesta persigue fines positivos, ésta no se puede disociar de anteriores iniciativas que pueden afectar al Poder Judicial, ni de los recientes nombramientos de dos nuevos ministros llevados a cabo mediante procedimientos sumamente cuestionados, ni tampoco del «reciente e insólito» nombramiento de comisionados de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), como sucedió a propuesta de Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República.

Este conjunto de iniciativas que tocan al Poder Judicial de la Federación, sostuvieron, pondrían a México dentro del grupo de países que han visto socavada la independencia judicial por propuestas exclusivas y originarias del poder político en gobiernos de mayoría parlamentaria, como los de Polonia, Argentina, Venezuela, Turquía y Hungría.

Las personas y organizaciones firmantes coincidieron en que es imprescindible combatir el flagelo de la corrupción en todos los niveles, pero insistieron en que la reforma de Morena no es la adecuada para lograr este fin, porque resquebrajaría la independencia judicial y la capacidad para juzgar imparcialmente, y si bien no fue propuesta por el Ejecutivo, sí lo fue por el partido mayoritario en el Senado que coincide con el del Presidente de la República y que, de aprobarse, le beneficiaría a él, al otorgarle la capacidad de nombrar a cinco nuevos ministros, potencialmente afines y leales. De modo que si se les suman los dos ministros propuestos por el presidente y ratificados recientemente, serían los suficientes para rechazar controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes promovidas por el actual gobierno, pues una mayoría de 11 de los 16 votos del Pleno sería ahora necesaria para invalidar normas generales.

También, porque la iniciativa no está basada en diagnósticos rigurosos y objetivos, que especifiquen la relación entre medios y fines, toda vez que la motivación fundamental de la iniciativa es el ahorro de recursos monetarios consistente con la política de “austeridad republicana” y no existe evidencia alguna de que una iniciativa de esta naturaleza contribuya a dicha austeridad.

Pero sobre todo cambiaría la naturaleza de la SCJN, que es un tribunal de control constitucional y no de legalidad, como son la mayoría de los asuntos que tienen que ver con delitos de corrupción. Por ello, en todo caso, la creación de un tribunal de menor jerarquía para atender esos casos podría ser suficiente.

«Por todo lo anterior, hacemos un llamado a los senadores para no aprobar esta reforma. Sin duda es necesario reforzar la política de combate a la corrupción, pero consideramos que esto pasa por fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, no por crear una nueva Sala de la Suprema Corte especializada en esta materia».

Entre las organizaciones firmantes se encuentran la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, Académicas en Acción Crítica, Artículo 19 México y Centroamérica, Causa en Común, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Equis Justicia para las Mujeres, I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, conformada por 87 organizaciones de 23 estados de la República.

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Imagen de portada: Fachada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. | Foto: SCJN.