Redacción SomosMass99
México, D.F. / Domingo 22 de marzo de 2015
El gobierno mexicano mintió a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) durante la audiencia “Denuncias sobre hechos de desaparición forzada e impunidad en México”, sostuvieron hoy familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y representantes de organizaciones civiles; señalaron omisiones del gobierno que han llevado a una crisis grave de derechos humanos.
- México se ha convertido en un cementerio humano, señalaron los comisionados de la CIDH.
Posteriormente, la Procuraduría General de la República (PGR) sostuvo que los hechos ocurridos en Iguala con los normalistas de Ayotzinapa, por más aberrantes que resulten, no podrán ser tipificados como delito de lesa humanidad.
De acuerdo al periódico La Jornada la dependencia que dirige Arely Gómez afirma, en respuesta a una solicitud de información pública presentada por el propio medio, que en el presente asunto no se advierte que se pudiera tratar de ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil, sino que fueron hechos que si bien son muy delicados, sensibles y relevantes, constituyen acontecimientos aislados (el subrayado y el texto resaltado pertenecen a la respuesta de la autoridad).
En contra del IFAI
A pesar de que hace un mes el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) determinó que la PGR no puede reservarse información relacionada con violaciones graves a derechos humanos, y de manera particular dijo que toda autoridad involucrada en el caso Ayotzinapa debe cumplir con el principio de máxima publicidad divulgando la información generada, porque el asunto es considerado un caso donde ocurrieron violaciones graves a derechos humanos, la PGR sostiene que no existe ningún pronunciamiento que así lo determine.
- El gobierno mexicano no cuenta con una política integral para atender las desapariciones forzadas, concluyeron las organizaciones sociales participantes en la sesión de la CIDH.
El pasado mes de febrero el IFAI ordenó a la PGR que entregara una versión pública de la averiguación previa relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, al resolver por unanimidad revocar la negativa de la institución ministerial a brindar la información solicitada por un particular.
Al respecto, la comisionada Areli Cano Guadiana dijo que la PGR no puede invocar el carácter de reservado cuando se trata de la comisión de violaciones graves a derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad, como consideraron el llamado caso Iguala.
En el mismo sentido se pronunció el comisionado Joel Salas Juárez, quien agregó que toda autoridad involucrada en el caso de Ayotzinapa debe cumplir con el principio de máxima publicidad divulgando la información generada.
La información del caso Ayotzinapa pertenece a la sociedad mexicana que tiene derecho a pedir cuentas de la investigación y sus resultados tuiteó el comisionado durante el desarrollo de la sesión pública.
No admiten que es un problema nacional
A nombre de los familiares de los normalistas, Melitón Ortega sostuvo que las intervenciones en la audiencia, realizada dentro del 154 periodo de sesiones del organismo, demuestran que el problema de la desaparición forzada es nacional y ha ocurrido en todo momento a lo largo de muchos años, pero ha quedado impune siempre y por eso ocurrió la desaparición forzada de los normalistas. “Para la sociedad, no hay ley ni justicia, sino impunidad y corrupción, pero para el gobierno hay avances”, contrastó.
Las organizaciones civiles participantes en la sesión de la CIDH denunciaron que el gobierno mexicano no cuenta con una política integral para atender las desapariciones forzadas, lo que acarrea impunidad y la revictimización de las familias. También denunciaron que el gobierno no reconoce se trata de un problema nacional.
“Es impresionante el cinismo de los representantes del Estado”, resumió Mario César González, padre de César Manuel, desaparecido en los hechos de Iguala. “En otros países ponen cara de angustia y hasta nos manifiestan su respeto, pero acá en México nos tratan con la punta del pie e intentan acabarnos”.
- Por más aberrantes que resulten, los hechos de Iguala ocurridos a los normalistas, no podrán ser tipificados como delito de lesa humanidad: Arely Gómez.
Manuel Olivares, director del Centro Regional de Derechos Humanos «José María Morelos y Pavón», de Guerrero, denunció que en sentido contrario a lo expresado por los representantes gubernamentales, en el caso de Ayotzinapa no existió nunca un protocolo de búsqueda, pues las que se hicieron fue a instancias y con información de padres y madres, y agregó que tampoco se ha cumplido la demanda de presentación con vida de los normalistas. “La respuesta del Estado no es en nada satisfactoria”, calificó.
Ortega señaló que las familias de los desaparecidos respaldan la labor del Grupo de Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH. “Estamos en la etapa de profundizar la investigación y abrir nuevas líneas, como lo pedimos”, además de que se deberán investigar los hechos y hacer acusaciones por desaparición forzada, abundó.
Bertha Nava, madre de Julio César Ramírez, ejecutado en los hechos de Iguala, Guerrero, llamó a la población a que no crean el gobierno, y detalló que no han recibido atención médica, “pero dinero sí nos ofrecen”.
En sus intervenciones, los comisionados de la CIDH señalaron que México se ha convertido en un cementerio humano y manifestaron su solidaridad con el dolor de las víctimas. Las familiares de desaparecidos sostuvieron que Ayotzinapa sucedió “porque nunca buscaron a los nuestros y no se cumplieron las garantías de no repetición”, y manifestaron que para aceptar las disculpas del Estado, “necesitamos primero la verdad”.
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