Instituciones de justicia han tomado acciones que violan Ley contra la Tortura: OSC

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Martes 26 de junio de 2018

 

Más de cien organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos denunciaron que a pesar de los avances logrados en los últimos años, «instituciones de alto nivel como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Conferencia Nacional de Procuración dee Justicia han tomado acciones regresivas o abiertamente violatorias» de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Al cumplirse hoy, en el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, un año de la promulgación de la nueva norma, las organizaciones emitieron un comunicado conjunto en el que expresan su preocupación por la adopción por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de una tesis de jurisprudencia que contradice la regla absoluta de considerar inadmisible cualquier prueba obtenida bajo tortura, «la cual es una obligación reconocida en la Ley General» y un deber preexistente del Estado mexicano de acuerdo con el derecho internacional.

«La tesis (1a./J. 101/2017 (10a.) Registro: 2015603), que representa una regresión frente a la jurisprudencia previa del Máximo Tribunal, dispone que no es necesario reponer un proceso penal donde la persona sentenciada afirma que su condena se basó en evidencias fabricadas bajo tortura, salvo que exista autoincriminación (normalmente una confesión)».

Este lenguaje, sostuvieron, deja abierta la posibilidad de utilizar declaraciones obtenidas bajo tortura distintas a una confesión. Por ejemplo, cuando se detiene y tortura a un grupo de personas para que se inculpen mutuamente, como ha ocurrido en un sinnúmero de casos conocidos por las organizaciones firmantes.

La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en la que participan todas las procuradurías y fiscalías del país, anunció en febrero de este año que adoptó, «mediante un proceso opaco», un nuevo protocolo homologado para la investigación de la tortura.

«Mientras la ley establece que la denuncia de tortura llevará una investigación realizada por la Fiscalía Especializada competente, el protocolo dispone que el o la agente del Ministerio Público que reciba la noticia de tortura realizará una suerte de pre-investigación sin fundamento en norma alguna, y sólo en caso de considerar que existe una presunción de tortura enviará el caso a la Fiscalía Especializada para que esta lo investigue y lo registre con fines estadísticos.

«Así, el protocolo crea una nueva categoría discriminatoria aplicable solamente a víctimas de tortura, al inventar nuevos procedimientos a agotar antes de abrir una investigación. El protocolo es actualmente objeto de un juicio de amparo que señala su incompatibilidad con la Ley General, con el nuevo sistema de justicia penal y con el derecho internacional», señalaron.

En el comunicado, las organizaciones recordaron que en relación a otras acciones requeridas por la Ley General, este año se instaló el Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, cuyos resultados dependerán del apoyo que reciba del presidente del comité, que a la vez es presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y de la articulación de su aparato ejecutivo con otros actores, incluidas las defensorías públicas que deben coadyuvar en la prevención de la tortura, y las fiscalías que deben actuar para proteger la integridad de las personas privadas de la libertad en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

A la vez que cuestionaron también la falta de avances y de transparencia en el diseño del Programa Nacional contra la Tortura, previsto en la Ley General, consideraron alarmante que las instituciones que deberían ser las primeras en comprometerse con el nuevo modelo contra la tortura sean las que lo desconozcan con sus acciones.

«Cumplir con la Ley General y erradicar la tortura como estrategia de fabricación de pruebas, represión o con cualquier otro fin debería ser un elemento prioritario y fundamental de la agenda de justicia y seguridad ciudadana de todas aquellas personas que busquen ocupar un cargo de elección popular  el próximo 1 de julio», añadieron.

En este sentido, lanzaron un «enérgico llamado», especialmente dirigido a los candidatos presidenciales, en el que exigieron a todas y todos los aspirantes a cargos de elección popular a comprometerse con el cumplimiento de la Ley General contra la Tortura y la Ley Nacional de Ejecución Penal, mientras que a autoridades estatales y federales en todo el país que adopten inmediatamente acciones para erradicar la tortura, tal como mandata la legislación aplicable.

Entre las organizaciones firmantes del comunicado se encuentran la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT-Francia); Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT); y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, que agrupa a 80 organizaciones de 21 estados del país.