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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Lunes 28 de mayo de 2018
El 19 de junio de 2017, al tiempo que se daba a conocer que el gobierno mexicano había comprado el software Pegasus para intervenir comunicaciones, activistas por los derechos humanos y periodistas denunciaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) haber sido víctimas de espionaje, al igual que algunos de sus familiares. A casi un año de distancia, y ante nuevas denuncias por los pobres avances en las indagatorias, organizaciones civiles informaron que un juez ordenó a la PGR admitir las pruebas ofrecidas por los denunciantes por considerarlas relevantes para el desarrollo de la investigación.
Aunado a ello, al resolver el recurso de impugnación 19/2018 promovido por los agraviados, un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México denegó la solicitud de la PGR para que reservara la información que eventualmente pudiera obtenerse para que las víctimas no pudieran tener acceso a ellas.
Manifestación en 2017 contra el espionaje a defensores de DDHH frente a la PGR en la Ciudad de México. | Foto: Diego Simón Sánchez / Cuartoscuro / Archivo.
Hace casi un año, el 19 de junio, organizaciones civiles, activistas y periodistas ofrecieron una conferencia en la que se dio a conocer el informe #ElGobiernoEspía, vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México, del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, Canadá, con la colaboración de SocialTic, Red3D y Artículo 19. El documento reveló «el uso de malware altamente sofisticado y comercializado exclusivamente a gobiernos, con el objetivo de espiar los teléfonos móviles de defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción”.
Entre las personas que habían sido espiadas a través de sus teléfonos celulares se encontraban Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Juan Pardinas y Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano por la Compeitividad, y los periodistas Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui -además de su hijo menor de edad Emilio-, Rafael Cabrera, Sebastián Barragán, Salvador Camarena y Daniel Lizárraga. Entonces Aristegui preguntó a Enrique Peña Nieto: «¿Qué más, presidente? ¿Qué sigue si es capaz de llegar al extremo de espiar a un adolescente?».
A través de un comunicado, el Centro Prodh, Artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Mexicanos contra la corrupción y la impunidad recordaron que «desde el momento en el que se presentó la denuncia, las víctimas del espionaje advertíamos sobre la falta de capacidad y voluntad de la PGR para investigarse a sí misma, por lo que se exigió la incorporación de la intervención de un panel de expertas y expertos independientes que brindara asistencia técnica internacional y garantías mínimas de autonomía e independencia, lo que a la fecha no ha ocurrido.
«Por el contrario, a casi un año de presentada la denuncia radicada en el expediente FED/SDHPDSC/UNAI-CDMX/0000430/
Pero ahora, añaden, en la audiencia celebrada el 21 de mayo se reconoció el derecho de las víctimas a participar en la investigación y la obligación de la PGR de conducirse con la debida diligencia, sin trasladar la carga de la prueba a las personas agraviadas; además, se constató nuevamente que el software Pegasus, comercializado por el grupo NSO con gobiernos, fue adquirido al menos por la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, dirigida entonces por Tomás Zerón de Lucio, actual secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional.
Imagen: RedTDT.
Tras los argumentos de las partes y la consiguiente resolución del juez, la PGR deberá pedir información a las distintas instancias gubernamentales y recabar los datos relacionados con la contratación del sistema de espionaje y de quienes intervinieron.
Las organizaciones enfatizaron que la decisión del juez es relevante porque demuestra que el Poder Judicial puede ser un contrapeso contra la PGR, «que parece más comprometida con la impunidad que con la verdad». Y al tiempo que reiteraron su exigencia de se incorpore a la investigación un panel de expertas y expertos independientes que den garantías de imparcialidad y solidez técnica, llamaron a los candidatos a la presidencia de la República a pronunciarse sobre la importancia de investigar adecuadamente y, en su caso, sancionar a los responsables del espionaje, pues «en un Estado democrático la vigilancia no debe ser usada arbitrariamente, y mucho menos contra periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos».
«Cumplimiento pleno»
Hoy mismo, en el marco del foro Hacia una Política de Estado en Seguridad Nacional en México, celebrado en el Castillo de Chapultepec, Tomás Zerón de Lucio afirmó que el presidente Enrique Peña Nieto «ha dado cumplimiento pleno a los ordenamientos en el ámbito de la seguridad nacional en donde, por primera vez, se brindó un enfoque multidimensional».
En imagen del 31 de agosto de 2017, el secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Tomás Zerón de Lucio. | Foto: Presidencia de la República.
Aseguró, de acuerdo a un comunicado de la Presidencia de la República, «que se han privilegiado los asuntos estratégicos mediante una política integral actual y prospectiva ante cualquier posible impacto en contra de la estabilidad del país», y que en el rubro de seguridad digital y cibernética, el ]Consejo de Seguridad Nacional ha realizado «las estrategias nacionales» de ciberseguridad y de seguridad de la información.
Imagen de portada: Conferencia de prensa del 19 de junio de 2017 en la que activistas y periodistas denuncian el espionaje en su contra. | Foto: Isaac Esquivel / Cuartoscuro / Archivo.
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