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Jueza confirma que granja porcícola debe parar actividades en pueblo maya de Yucatán

Sociedad País / Top News / 12/10/2018

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Jueves 11 de octubre de 2018

 


  • No se respetó el derecho a la consulta del pueblo maya de Homún.

  • La empresa Producción Alimentaria Porcícola inició operaciones con planta de tratamiento de aguas inconclusa.

 

Luego de realizar una inspección, el Juzgado Cuarto de Distrito ratificó como medida cautelar para la protección de la infancia del pueblo maya de Homún, Yucatán, detener el funcionamiento de la mega granja Producción Alimentaria Porcícola instalada en esa demarcación con autorización de autoridades estatales y municipales.

Al llevarse a cabo la audiencia incidental programada, «y después de una inspección judicial efectuada por funcionarios del Juzgado Cuarto de Distrito a la mega granja porcícola asentada en Homún, la Juez titular, Miriam Cámara Patrón, estableció que tanto el gobernador del estado (Mauricio Vila Dosal) como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente debían ordenar la inmediata paralización de la granja porcícola propiedad de la empresa Producción Alimentaria Porcícola, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable», informaron en un comunicado conjunto las organizaciones Ka’anan Ts’onot y Equipo Indignación.

Añadieron que la juez basó su resolución en que la suspensión de actividades de la empresa no afecta el interés público sino que es «una medida tendiente a garantizar el interés de la sociedad» por conservar el medio ambiente sano, el derecho a una vida digna, al agua y al equilibrio ecológico, además de que en el caso de que la mega granja continuara en operaciones «se podrían provocar perjuicios de difícil reparación», particularmente porque los derechos en juego «son extremadamente sensibles».

También, en que al realizar la inspección judicial se comprobó que la planta de tratamiento de aguas de la empresa se encontraba inconclusa, «situación que podría significar un riesgo inminente de afectación al medio ambiente» por la posibilidad de descargas de aguas contaminadas en una zona «especialmente sensible» como es la Reserva Hidrológica Anillo de los Cenotes.

La jueza Miriam Cámara Patrón consideró que aunque existía la presunción de que la mega granja operaba con los permisos necesarios, resulta prioritario hacer efectivos los principios de prevención y precaución «cuando en la implementación de una tecnología o proyecto haya un peligro de daño grave o irreversible para el medio ambiente o la salud», y porque «aun ante la falta de certeza científica, es necesario adoptar medidas eficaces para evitar ese daño». Esto último, luego de que la comunidad de Homún aportó estudios científicos que corroboraron la existencia de «amenazas, vulnerabilidades y riesgos de contaminación de las aguas subterráneas de la Península de Yucatán». Por ello, incluso, la jueza «advirtió que de no cumplirse con el principio de precaución, se podría generar responsabilidad internacional por parte del Estado mexicano».

Respecto de los permisos otorgados por las autoridades, Cámara Patrón resolvió que en ninguna de las autorizaciones otorgadas a la mega granja porcícola «se respetó el derecho a la consulta y participación (del pueblo maya de Homún), establecido tanto en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas como en el Convenio 169 de la OIT y diversas jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligan a a realizar consultas de buen a fe con las comunidades indígenas con el fin de llegar a acuerdos u obtener su consentimiento sobre decisiones que les afectan». Y destacó que «en el presente caso los quejosos eran menores de edad, razón por la cual también tenía que considerarse el interés superior de la infancia como un elemento indispensable para decretar la suspensión definitiva».

La suspensión fue notificada el día de ayer por el Juzgado Cuarto de Distrito y dio un plazo de tres días al gobernador Mauricio Vila Dosal y a la Secretaría de Desarrollo Urbano para que informen de los actos que han realizado para cumplir con la determinación judicial de garantizar el cese de actividades de la mega granja, «advirtiéndoles que en caso de no hacerlo podrían estar sujetos a responsabilidades administrativas e incluso penales, además de las multas respectivas».


Fotograma de portada: YouTube.






Luis López




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