SOMOSMASS99
Edgar Cortez
Martes 18 de mayo de 2015
La desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, dio lugar a numerosas muestras, nacionales e internacionales, de indignación y exigencia de justicia. Esa efervescencia generó la expectativa de que podíamos estar frente a un momento de cambio, que era la ocasión para marcar un alto a la impunidad y lograr justicia para estos estudiantes, sus familias, y posiblemente miles de víctimas más. ¿La oportunidad sigue existiendo?
Frente a la versión oficial que sostiene que los estudiantes fueron asesinados y quemados en el basurero de Cocula; los familiares de los normalistas y las organizaciones civiles que les acompañan recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que interviniera y dé apoyo en el caso.
Posiblemente las lectoras y lectores se pregunten, ¿por qué recurrir a una instancia internacional si la obligación corresponde a las autoridades mexicanas? La razón es que México está comprometido con la Convención América de Derechos Humanos y ésta comprende un mecanismo de vigilancia de su cumplimiento. Por tanto, cuando un Estado no cumple con derechos ahí contenidos, en este caso de acceso a la justicia, se puede recurrir a dicho órgano de vigilancia para que ayude al Estado a cumplir con sus obligaciones.
Ante la CIDH, el Gobierno mexicano y los familiares de los estudiantes acordaron la integración de un grupo de expertos (http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2014/136.asp) que trabajaría en la verificación de los planes de búsqueda de los estudiantes; verificar las líneas de investigación para determinar las responsabilidades en las desapariciones forzadas de los mismos; revisar la efectividad de la atención del Estado hacia las víctimas y también, estuvieron de acuerdo, en que formule recomendaciones generales sobré cómo responder al gran problema de las miles de desapariciones forzadas en todo el país.
Este Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) está integrado por seis personas cada una de ellas con experiencia en diversas disciplinas relacionadas con la justicia y atención a víctimas (http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/008.asp) El GIEI inició su trabajo en marzo pasado y hasta la fecha ha presentado tres reportes de sus actividades.
Respecto de la búsqueda de los normalistas, el GIEI ha insistido que esta tarea vaya adelante, se mejore recurriendo a la tecnología y proponga un plan de búsqueda amplio y sistemático en la zona, asegurando la participación efectiva de los familiares a quienes se debe mantener al tanto de los avances. Estas recomendaciones y propuestas hasta ahora se han concretado, según el informe del 11 de mayo, en una reunión con el Comisionado General de la Policía Federal donde “se acordó continuar con el proceso de búsqueda hasta que se tenga certeza del destino de los normalistas desparecidos…” Es decir tres meses de trabajo de un grupo de expertos internacionales han servido para acordar simplemente que la Policía Federal cumpla con sus obligaciones.
En cuanto a la investigación, un punto permanente ha sido poder entrevistar a los militares del Batallón 27 de Iguala. Luego de dos meses esta petición aún está pendiente. Aquí vale la pena poner atención en lo que los expertos dicen en sus comunicados.
“2.4 En el contexto de las citas que hemos pedido y realizado con diferentes instituciones del Estado para estudiar la información disponible, hemos solicitado a través de la Cancillería una entrevista con el personal militar del Batallón 27 de Iguala.” Informe de GIE del 19 de marzo 2015.
“2.6. Solicitud al Batallón 27 de Iguala. Respecto a la solicitud del GIEI de tener una entrevista con miembros del Batallón 27, hemos obtenido una respuesta positiva. Estamos en espera de hacerla efectiva.” Informe del GIE del 20 de abril de 2015.
“2.2… El GIEI continúa gestionando con las autoridades las entrevistas con personal militar del Batallón 27. Inicialmente, las autoridades sugirieron que dichas entrevistas se hicieran a través de la PGR. Posteriormente se nos informó que esto no era posible a través de la PGR y que tendremos una respuesta en los próximos días. El GIEI enfatiza que no pidió entrevistar a los miembros del batallón a través de la PGR, sino de manera directa, a fin de completar información fuera del ámbito judicial. A un mes y medio de la solicitud, el GIEI reitera la importancia de realizar estas entrevistas de manera directa para completar la investigación, por lo que espera la cooperación de todas las partes para llevarlas a cabo en su próxima visita, de conformidad con el mandato del GIEI.” Informe del GIEI del 11 de mayo de 2015.
Lo que se desprende de la información es que luego de más de dos meses estamos exactamente en el mismo punto. Además el Secretario de Gobernación respondió al GIEI que esta entrevista se hará de acuerdo con las reglas del país. Estoy seguro que quienes integran el GIEI nunca pidió romper la ley mexicana pero tampoco extraviarse en los pretextos formales para que las cosas no sucedan.
En el mismo asunto de la investigación, el GIEI reitera que el delito a investigar es desaparición forzada y no secuestro. A la fecha hay 106 personas detenidas pero todas están acusadas por secuestro y algunos también por delincuencia organizada. El punto no es menor pues el delito de secuestro se concibe como un delito cometido por particulares a diferencia del delito de desaparición forzada, dónde existe responsabilidad del Estado. Tal parece que lo que se pretende es eliminar la responsabilidad del Estado.
Mientras que en atención a víctimas, lo que se ha logrado por parte del GIEI es plantear un conjunto de sugerencias para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) cumpla con las obligaciones que la ley señala. Resulta paradójico que sea necesario contar con un grupo internacional para señalarle a una institución mexicana que debe cumplir con sus obligaciones legales.
Luego de casi ocho meses de la desaparición de 43 mexicanos, el país se debate entre la simulación – que parece la apuesta de algunas autoridades-, y el cambio para que la justicia sea posible, exigencia de los familiares y la sociedad. ¿Hacía donde se decantarán los acontecimientos?
@edgarcortezm
Comparte en Facebook
Twittéalo
