La conferencia que el GIEI nunca hubiera querido dar

Los ataques contra el GIEI iniciaron a raíz de la presentación pública de los resultados preliminares del tercer peritaje realizado en el basurero de Cocula, donde la PGR supone que los estudiantes fueron quemados.

Según lo difundido por la PGR, en voz del perito Ricardo Damián Torres, estas fueron las conclusiones de los análisis de fuego:

1. Existe evidencia suficiente, inclusive observable físicamente para afirmar que si existió un evento de fuego controlado de grandes dimensiones en el lugar denominado “basurero de cocula (sic)”.

2. La recolección de restos óseos corrobora que al menos 17 adultos fueron quemados en el lugar.

3. “Podemos establecer la hipótesis […] sobre la quema masiva de 43 cuerpos”; sin embargo, solo con una prueba a gran escala, podrá confirmarse esta posibilidad.

Para el GIEI, tales conclusiones se tratan de un reporte preliminar que no recoge las respuestas que se pidieron a los peritos, debido que señala la necesidad de nuevos estudios.

“Desde el principio el GIEI ha señalado que el reporte tiene que tener razones y valoraciones científicas, análisis de la dinámica del fuego y no valoraciones genéricas. Sin conocer dicho contenido no puede darse comunicación pública alguna que aumenta la confusión”.

Las condiciones para realizar el nuevo estudio de fuego fueron pactadas entre el GIEI y el Estado Mexicano –como parte de la renovación del mandato del Grupo- y fueron dadas a conocer desde el 20 de febrero pasado:

“En relación con la propuesta de la PGR de realizar un nuevo estudio sobre la dinámica del fuego del basurero de Cocula, se acuerda que: a) se establezcan de común acuerdo los objetivos y condiciones para llevarlo a cabo, b) se tome de forma conjunta la decisión sobre los perfiles y la elección definitiva de los peritos, c) se consense el modo en que se realizará el estudio”.

Sin embargo, el acuerdo no fue respetado por el gobierno mexicano, refutó el GIEI, en un comunicado previo a la conferencia:

“Se nos dijo sorpresivamente que la decisión que se había tomado era de que el Sr. Torres saliera públicamente. Advertimos a la PGR que eso suponía la ruptura de dos acuerdos: el de confidencialidad del proceso hasta tener resultados y cómo transmitirlos; y el de tomar las decisiones mediante el diálogo y el consenso entre PGR y GIEI”.

El grupo acusa a la PGR de que difundir el estudio preeliminar se trató de “una decisión unilateral e irresponsable”:

“La difusión pública de un documento provisional que no responde a estas cuestiones centrales es una irresponsabilidad en un tema que toca tanto los derechos de las víctimas como los criterios de investigación científica”.

Pero más allá del “quiebre de la buena fe”, las y los expertos hacen hincapié en que se ha vulnerado los derechos de las víctimas, los familiares de los 43 muchachos desaparecidos forzadamente por el Estado Mexicano:

“Insistimos, la utilización política de la cuestión muestra una enorme irresponsabilidad y muy poca sensibilidad por el derecho a la verdad de los familiares. Estas cuestiones no son formalidades sino medidas de confianza y protección de las víctimas, sin ellas no hay credibilidad ni posibilidad de trabajo común.”.

Y deslizan: “para generar esa confianza fue que el GIEI llegó aquí.”, en clara alusión a la desconfianza que tanto familiares como organizaciones y la sociedad mexicana han expresado del trabajo y actuar del Estado Mexicano en su conjunto, pero, en particular, de la PGR.

“Hay sectores que quieren bloquear la investigación, centrar la discusión de nuevo en el basurero, fragmentar el expediente, obviar las otras líneas de investigación o incluso tratar de dar por cerrado el caso”.