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Alfonso Díaz Rey*
Lunes 8 de agosto de 2022
En cualquier sociedad de clases, la clase o el estrato dominante establece mecanismos de tipo jurídico, político, económico, social, cultural, mediático, ideológico, apoyados por instrumentos de corte represivo (ejércitos, policías, etc.). El objetivo de esos mecanismos es crear, mantener y reproducir las condiciones que permitan conservar, y aun acrecentar, el dominio de esa clase o estrato sobre el resto de la sociedad. Nuestro país es claro ejemplo de esta situación.
Uno de esos mecanismos, en el terreno político, es el sistema de partidos, mediante el cual se controla y acota la participación de la parte dominada de la sociedad y se le sujeta a las decisiones del sector dominante, en un juego al que suelen llamarle democracia.
Existe, además, un elemento importante que opera desde el poder y contribuye enormemente a que ese juego se cargue siempre de un mismo lado: la corrupción. Esta toma formas que van desde prácticas viciadas en las que imperan graves desviaciones como el oportunismo, dogmatismo, sectarismo, reformismo y aventurerismo, entre otras, hasta aquellas en las que de manera descarada se hace presente el dinero.
La existencia de muchos partidos en un escenario político sujeto a las reglas impuestas por la clase dominante, permite que con el control total de una o dos de esas organizaciones tal clase se apodere de las posiciones más importantes de la administración pública para, desde ahí, velar por sus intereses. El resto de los partidos realiza funciones de división y atomización en las fuerzas opositoras, sobre todo cuando alguna de estas tiene propuestas que van contra el estado de cosas existente.
De esa manera la clase dominante designa, impone candidatos, valida resultados y mantiene las condiciones que le permiten continuar en el poder.
Cuando por algún motivo las reglas de ese juego son incapaces de contener el descontento de la mayoría y se produce una falla que deriva en resultados adversos al grupo en el poder, el sistema cuenta con instrumentos ad hoc ─sectores corruptos del sistema judicial, el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), entre otros─, creados para defender intereses de quienes detentan el poder y obstaculizar cualquier intento de cambio que lesione esos intereses.
En nuestro país, el hartazgo de la ciudadanía causado por los regímenes neoliberales cuyo distintivo fue el despojo a la nación, la destrucción de la naturaleza y la precarización de la vida de la mayor parte de nuestro pueblo, produjo, el 1 de julio de 2018, una falla en el sistema que derivó en el ascenso a la presidencia de la república de una persona, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), apoyada por un movimiento convertido en partido político, Morena, con propuestas de transformaciones que en no pocos aspectos eran opuestas a lo que el neoliberalismo había impuesto, lo que , por tanto, afectaba intereses del grupo dominante, sobre todo por el enfrentamiento a la corrupción.
La respuesta de quienes perdieron posiciones en el gobierno y privilegios derivados de la corrupción no se hizo esperar. Desde la noche del 1 de julio de 2018, cuando se dieron a conocer los resultados de la elección federal, surgieron objeciones al recién electo presidente y presagios negativos de lo que vendría durante su gestión.
Prácticamente, no ha habido un solo día en que el gobierno encabezado por AMLO no haya recibido denuestos y ataques de la oposición, constituida por los sectores más recalcitrantes de la derecha, apoyada por jueces corruptos, campañas sustentadas en la mentira y organismos «autónomos» heredados de los gobiernos neoliberales, con el fin de impedir cambios que lesionen sus intereses y privilegios.
Con más de la mitad del camino recorrido por el actual gobierno federal, surge la necesidad de dar continuidad a un proceso de transformaciones que, además de llevarlas a cabo, requieren profundización hasta sus últimas consecuencias para resarcir el daño causado por los neoliberales y conducir al país a condiciones que se reflejen en una vida digna para el pueblo mexicano. Esa continuidad dependerá de la fuerza y la cohesión del partido que impulse a los candidatos ─a la presidencia y al Congreso─ en 2024, además de la decisión de la ciudadanía de involucrarse y vincular sus esfuerzos para lograr esas transformaciones.
La práctica política que prevalece en un sector, en número nada despreciable, de las filas de Morena, está plagada de oportunismo, dogmatismo y sectarismo, lo que acarrea el peligro de incurrir en añejos vicios de partidos como el PRI, PAN, PRD, y otros, en los que las propuestas y programas son más elementos de engañosa publicidad electoral que compromisos con el pueblo.
El hecho de que con solamente llenar una planilla una persona se convierta en miembro de un partido, sin cubrir un mínimo proceso de formación y selección en el que se asuman ciertas tareas y compromisos es, en mi muy particular opinión, un acto de clientelismo carente de seriedad por ambas partes, y puede conducir a serios tropiezos que favorecerían a la derecha.
No obstante que en Morena, sobre todo en sus bases, milita mucha gente honesta y comprometida, el peligro reside en que algunas estructuras regionales de ese partido están prácticamente secuestradas por grupos y personajes cuya práctica política está más orientada a la búsqueda de beneficios personales o grupales que a compromisos con el pueblo.
Por ello es importante que quienes realmente deseen la transformación de nuestro país se organicen y vinculen esfuerzos e ideas, con el objetivo de, críticamente, apoyar en 2024 a los candidatos a puestos de elección popular que se comprometan a impulsar y avanzar en la realización de los cambios que con urgencia se requieren en México.
No podemos ni debemos dejar esa tarea a un partido político. Es tarea de todos los que queremos un México mejor, que además de ser posible, es necesario.
* Miembro del Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Soberanía, en Salamanca, Guanajuato.
Foto de portada: Kiosko Informativo.
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