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Alfonso Díaz Rey*
Viernes 20 de mayo de 2016
La reforma energética no es un hecho reciente en nuestro país, no es un hecho aislado ni, mucho menos, está desvinculada de las demás reformas que desde hace más de 30 años comenzaron a implementarse e imponerse al pueblo mexicano.
Se ha dado en el contexto de la aplicación de las “recomendaciones” del Consenso de Washington, las que conforman el eje de la ofensiva del gran capital (reforzada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, La Organización Mundial del Comercio y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) contra los trabajadores y los pueblos en general. Aunque su formulación se gestó a fines de los años sesenta del pasado siglo, su gradual imposición comenzó en México durante el sexenio de Miguel De la Madrid hurtado (1982-1988), con el inicio de las políticas neoliberales.
En materia de hidrocarburos comenzaron con la petroquímica, desclasificando básicos y de un plumazo convertirlos en secundarios, para poder entregarlos al capital privado; siguieron con la desintegración de la cadena productiva del petróleo y dividieron a Pemex en cuatro subsidiarias; asignación de contratos y concesiones a empresas privadas para la explotación de gas natural; asignación de tareas de mantenimiento a compañías privadas, con el desplazamiento de trabajadores petroleros experimentados; diseño de estrategias administrativas y productivas por agencias extranjeras, entre otras cosas, todo ello aparejado por la imposición de un régimen fiscal que fue minando a Pemex hasta llevarlo a la situación actual que es en términos financieros punto menos que insostenible.
Cabe aclarar que la penetración del capital privado s en la industria petrolera nacionalizada se dio con violación a la Constitución, específicamente de los artículos 25, 27, 28 y 39; ello hizo necesario buscar la forma de legalizar esas acciones y en la pasada administración, en el 2008, se intentó avanzar en ese sentido pero la presión popular lo impidió.
Fue hasta la presente administración que el grupo en el poder se sintió lo suficientemente seguro y con el apoyo de los tres más grandes partidos políticos (PRI, PAN y PRD, aliados en lo que llamarían Pacto por México) y la mayoría de los medios de comunicación —las dos grandes cadenas privadas de televisión principalmente—, lograron implementar y difundir una serie de mentiras para modificar la Constitución, darle legalidad a lo que habían hecho y acelerar la entrega de lo que convirtieron en una “Empresa Productiva del Estado”.
Así, desde la Iniciativa de Decreto que envió Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión, la propaganda que le precedió y la posterior, estuvieron plagadas de mentiras y acompañadas de promesas que no se cansan de repetir, como de incumplir.
Unos de los argumentos que más emplearon fueron que el petróleo seguiría bajo dominio de la nación y que Pemex no se privatizaría. Pues bien, el actual artículo 27, en relación a los hidrocarburos dice:
Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos. (Resaltado por el autor)
De esa manera y como la industria del petróleo ya no es una actividad estratégica (artículo 28), los particulares (léase el gran capital) podrán participar de los beneficios de la explotación de un recurso que, en el subsuelo, es propiedad de la nación.
Y respecto a la promesa (o cuento) de que Pemex no se vende, si el ejemplo de la petroquímica no lo aclara, las recientes declaraciones del Director de Finanzas de Pemex, Juan Pablo Newman, a la agencia noticiosa Reuters en el sentido que Petróleos Mexicanos (Pemex) está dispuesta a quedarse con una participación minoritaria en sus refinerías si logra concretar alianzas con socios que no sólo inviertan recursos, sino que operen las plantas, [1] dejan ver las intenciones que desde hace más de 30 años el grupo en el poder y sus personeros (la llamada clase política) han tenido para seguir con obediencia las “recomendaciones” de sus patrones foráneos.
Una muestra de qué tanto han minado a Pemex es la importación de gasolinas, que el pasado año representó el 53.8% del consumo [2] y, lo que es peor, la capacidad utilizada de refinación fue solamente del 66% [3], situación a la que se llegó por problemas de presupuesto, mantenimiento inadecuado a las instalaciones y, no sería raro, actos de corrupción.
Cabe aclarar que si el sistema nacional de refinación (seis refinerías) hubiera operado no al 100% sino al 90%, ello hubiera significado el proceso de 374 mil barriles diarios más (la mayor, Salina Cruz, tiene una capacidad instalada de 330 mil barriles diarios), con la consiguiente disminución de la importación de gasolinas y diésel.
Pero, como han dicho los jilgueros de la reforma energética, la refinación del petróleo no es buen negocio. Habrá que escuchar a quienes producen las gasolinas y el diésel que el país importa y a los futuros propietarios de las refinerías aún mexicanas.
Con esta reforma y las demás que han impuesto el grupo en el poder y sus servidores neoliberales, continúa la ofensiva contra los trabajadores y contra todo el pueblo. Confían en sus mecanismos de control pero, por otro lado, va en ascenso un proceso de toma de conciencia y organización en importantes sectores de nuestro pueblo que, a fin de cuentas, es quien tiene la última palabra.
* Alfonso Díaz Rey es miembro de la Constituyente Ciudadana Popular de Salamanca, Guanajuato.
[1] Periódico La Jornada. Sábado 14 de mayo de 2016, p. 20
[2] Periódico La Jornada. Jueves 19 de mayo de 2016, p. 18
[3] Ibid.
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