SOMOSMASS99
Ana Cristina Ramos, Celia Guerrero, con información de Paris Martínez y Daniela Rea
En el Camino**
Chiapas. / Martes 12 de enero de 2016
- Los abusos contra los migrantes que cruzan por México son cotidianos. A veces, en el océano de agresiones, algunos se atreven a denunciar a sus agresores, pero de poco sirve: las mismas autoridades se encargan de impedir el acceso a la justicia para esta población.
Wilmer, un migrante sin documentos, fue atacado por agentes migratorios en Chiapas e intentó en varias ocasiones poner una denuncia en su contra, pero no se lo permitieron. Patricia y Armando, una pareja de salvadoreños que llegaron al territorio mexicano buscando refugio, fueron retenidos ilegalmente durante 5 meses y cuando ejercieron acciones judiciales contra el encierro, los amenazaron al grado de hacerlos desistir y volver a su país.
Los migrantes en México, sin importar si están o no regularizados, tienen derecho a la justicia. Así lo reconoce la Constitución y la reforma a la Ley General de Migración del 2011. Sin embargo, el sistema judicial mexicano parece empeñado en obstaculizarles el acceso.
- Migrantes que han sufrido agresiones de las autoridades que debían protegerlos.
En el Camino presenta dos historias de migrantes que en su recorrido por el territorio nacional han sufrido agresiones de las autoridades que debían protegerlas. Estos relatos no sólo muestran la ineficiencia de un sistema para impartir justicia, sino los mecanismos a través de los cuales se les impide denunciar y utilizar herramientas judiciales para defenderse.
I. No denuncies
Mayo de 2015. Wilmer, la hermana sor Nelly y el padre Alberto esperan el momento para ir a declarar por el crimen que sufrió el migrante, cuando uno de los funcionarios llamó al Padre Alberto para hablar con el director.
En la sala permanecieron sor Nelly Ríos, la directora de la Casa del Caminante Jtatic Samuel Ruiz, una mujer que ha dedicado los últimos tres años de su vida a los migrantes, y Wilmer, un migrante hondureño que llegó a México intentando cruzar a Estados Unidos, cuya piel oscura brilla como chocolate.
Ella vestía un hábito beige, tiene un lunar en el cuello y unos ojos marrón que son fuertes y directos incluso cuando se ríe; él usaba unos shorts, tiene 36 años y había sido extorsionado, amenazado y golpeado en su travesía por México.
Wilmer, de acuerdo con sor Nelly, es uno de los pocos migrantes sin documentos que ha levantado una denuncia legal en contra de sus agresores. No sólo eso, se atrevió a develar que los delincuentes son las autoridades, aquellas que debían protegerlo. A Wilmer lo sometieron tres agentes del Instituto Nacional de Migración, le dieron descargas eléctricas y luego lo dejaron ir.
Ese día en la sala de espera, aguardaba por segunda ocasión para poner la denuncia. La primera no se la quisieron recibir. Ese día en la sala, mientras esperaban, un hombre se acercó y empezó a gritarles.
– ¡Oye tú! ¿Para qué viniste? Si todos los migrantes son unos ladrones.
Wilmer mantuvo la calma, no respondió, sólo miró mientras el hombre lo seguía insultando; apenas comenzaba su proceso judicial.
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Cualquier migrante cuyos derechos han sido violados tiene derecho a denunciar, independientemente de su situación migratoria, y el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar su acceso a la justicia de la mano de un debido proceso, esto es lo que establece el Artículo 11 de la Ley de Migración.
Los lineamientos que garantizan derechos fundamentales a los migrantes se aprobaron junto con la Ley de Migración el 25 de Mayo de 2011. La reforma se aprobó en un contexto difícil para los migrantes: en el 2008 se reformó la Ley de Población la cual incluía cargos criminales y penas administrativas a quienes entraran a México sin autorización y en 2010 se cometió la masacre de San Fernando, Tamaulipas, que cobró la vida de 72 migrantes.
En este plazo, es decir entre el 2008 y 2011, mientras las autoridades se regían por los artículos de la Ley General de Población, ingresaron al país aproximadamente 600 mil migrantes que viajaban sin garantías por el Estado Mexicano (150 mil anuales de acuerdo a la Secretaría de Gobernación).
Ahora hay una ley que los protege, pero las condiciones de peligro a las que se enfrentan cuando cruzan por México, en esencia, siguen siendo las mismas.
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La tarde del 5 de mayo del 2015, en el cruce La Unión, del barrio Palka-na, Chiapas, Wilmer caminaba cerca de las vías, vestía shorts azules, una playera bicolor y una gorra roja, esperaba el siguiente tren.
Se encontró con dos agentes de migración, ellos sacaron una macana que se utiliza para agredir con descargas eléctricas y como si estuvieran acostumbrados a intimidar migrantes con ella, dieron unos toques al aire para amenazarlo. El hondureño escuchó la descarga y luego los agentes empezaron a aplicar el arma contra su espalda.
Cayó al piso, perdió la gorra, lo inmovilizaron mientras que la electricidad lo contorsionaba. Empezó a gritar.
Un tercer agente se acercó, el encargado de vigilar el área, y entre los tres lo levantaron y zarandearon a pesar de los gritos de indignación de una mujer que trató de intervenir a favor del migrante.
-Ya lo lastimaste chavo, eso no se hace, trátalo bien-, gritó la vecina.
-Está borracho, déjalo, déjalo- dijo el tercer agente, según el recuento de Wilmer.
-Nos están grabando- advirtió otro de los agentes.
Al final, los agentes soltaron a Wilmer, quien se alejó lo más pronto que pudo cojeando. Su gorra quedó tirada en las vías.
Sor Nelly explica que no es la primera vez que los agentes utilizan estas armas para agredir migrantes. En mayo y agosto las quejas sobre estos abusos fueron frecuentes en la región.
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Si los derechos de un migrante son violados, éste tiene derecho a pedir una visa humanitaria, sin embargo muy pocas veces la autoridad cumple con esta obligación Lea: (Rescates de Migrantes: Las Deportaciones Enmascaradas) y cuando lo hace, ofrece al documento como un premio de consolación pues no genera ningún otro paso para acceder a la justicia, como restaurar el daño o castigar a los responsables de las agresiones.
El gobierno mexicano afirma que cumple con su trabajo al entregar un documento que en teoría debe proteger legalmente a los migrantes, pero al mismo tiempo en cualquier momento puede acusar al portador de haberlo falsificado, destruirlo o lo más común, hacer a un lado las investigaciones sobre los delitos cometidos.
En 2011 se reformó la Ley de Protección y Asilo que regula la asignación de visas humanitarias y asilo. Pero en la práctica contiene un mecanismo altamente burocrático que se convierte en un muro para los migrantes. Muchos prefieren no denunciar las agresiones que sufren.
El Instituto Nacional de Migración (INM) tiene un plazo de 20 días hábiles, aproximadamente un mes, para entregar una visa humanitaria, pero el tiempo puede variar según la carga de trabajo que exista en el momento de solicitarla.
Los migrantes que se alojan en el albergue dirigido por Sor Nelly, esperan aproximadamente dos meses y medio para recibirla.
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Los vecinos de Pakal-na que atestiguaron la agresión a Wilmer lo llevaron al albergue de Sor Nelly, y después lo escoltaron a la Fiscalía Especializada en Delitos en contra de Inmigrantes, que depende del gobierno del estado.
- «Si ustedes no resuelven yo de aquí no me voy, porque al muchacho lo han traído de aquí para allá”.
También lo acompañaron durante el pleito entre la Casa del Caminante Jtatic Samuel Ruiz, la Fiscalía y la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), que se negó a recibir la denuncia.
Mientras los vecinos llevaron a Wilmer a la Fiscalía Especializada en Migrantes, Sor Nelly se encaminó a la PGR. De inmediato llamó a todas las dependencias de la zona relacionadas con la atención a los migrantes, sin éxito.
“Como era 5 de Mayo no estaban los jefes, entonces le dije: si ustedes no resuelven yo de aquí no me voy, porque al muchacho lo han traído de aquí para allá”, recuerda.
Al final la religiosa consiguió que en la Fiscalía estatal aceptaran la denuncia, aunque con la condición de remitirla de inmediato a la PGR porque los agresores eran agentes federales.
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En septiembre de 2010, días después de la masacre de 72 migrantes en un rancho de San Fernando, Tamaulipas, la Secretaría de Gobernación inició un proceso de depuración del INM. La primera víctima fue la comisionada Cecilia Romero, vinculada con grupos de ultraderecha.
En los siguientes meses 168 agentes fueron suspendidos o separados del cargo, al igual que los delegados del Instituto en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, San Luis Potosí, Estado de México, Quintana Roo, acusados de entregar migrantes a organizaciones criminales.
Legalmente habrían incurrido en el delito de delincuencia organizada, pero a ninguno de ellos se le inició proceso judicial alguno. Las sanciones fueron leves, como fue el caso de Humberto Alessandrini Mojica, delegado en Veracruz, quien enfrentó algunos cargos por irregularidades administrativas.
Luis Alberto Molina, quien era delegado de Tabasco cuando fue destituido, fue después titular de la Secretaría de Servicios Administrativos en Chiapas, y Elodia Gutiérrez Estrada, de San Luis Potosí, quiso ser diputada por el Partido Acción Nacional en las elecciones de 2015.
II. El encierro y la tortura
Distrito Federal.- Patricia estaba en un área apartada del resto de la población de la estación migratoria Las Agujas. A su pareja, Armando, quien también se encontraba recluido en ese lugar, no le permitían estar con ella y a su suegra tampoco la dejaban visitarla. Era febrero de 2015 y Patricia tenía 4 meses encerrada. Comenzó a enfermarse y casi no tenía fuerza para levantarse. Primero sufrió una infección respiratoria, después comenzaron los ataques de ansiedad producidos por el encierro y el psicólogo de la institución le recetó un tranquilizante.
- Patricia y Armando entraron a México en agosto de 2014 y fueron detenidos por autoridades migratorias en la delegación de Tapachula, Chiapas.
“Estás haciendo berrinches de loca”, se burlaba uno de los guardias de la estación migratoria la amenazaba: sólo porque había cámaras de seguridad, no la controlaba a golpes, decía”.
Patricia y Armando habían llegado a México en agosto del 2014 buscando refugio por la violencia en El Salvador. Fueron detenidos por agentes del INM y encerrados en la estación migratoria. Luego, cuando la pareja promovió un amparo, comenzaron las torturas psicológicas. En noviembre de 2014 Patricia fue presionada hasta firmar bajo engaños el desistimiento de la denuncia y el retorno asistido a su país.
La batalla legal continuó durante dos meses más. En febrero de 2015, cuando los abogados de la organización Sin Fronteras hablaron con Patricia, la encontraron aletargada. Al hablar arrastraba las palabras.
“Si me quedo aquí me voy a morir”, le dijo Patricia al representante legal y le pidió que desistiera del amparo y la regresaran a El Salvador. El INM había ganado la batalla.
Incidente de suspensión de amparo
La huida
Patricia y Armando salieron de El Salvador en agosto de 2014, cuando él tenía 24 años y ella 18. Vivían en unión libre desde hacía cuatro años, en Santa Marta, en el Departamento de Sonsonate. Él siempre había vivido ahí, en una colonia que primeramente fue controlada por la pandilla M18 y —después de una disputa en el año 2013— ahora forma parte del territorio de la pandilla contraria, la MS13.
En 2008 el hermano de Armando fue asesinado, pero las autoridades locales no investigaron y es desconocido el motivo por el que sucedió el homicidio. Armando cree que el asesinato de su hermano pudo deberse a la lucha entre las pandillas, que por vivir en Santa Marta atribuyeran su pertenencia a la M18. Sin embargo, después del crimen—durante seis años— ningún miembro de la familia enfrentó problemas con las pandillas, hasta el 2014 cuando Armando comenzó a recibir amenazas.
Dos meses antes de huir de El Salvador, Armando encontró una nota afuera de su casa en donde le decían que debía irse de la colonia, que ya tenía mucho tiempo viviendo ahí y la MS13 lo consideraba colaborador de la pandilla contraria. Después recibió otra nota, luego otra hasta reunir cinco mensajes que aparecieron siempre en el patio de su casa.
La última advertencia llegó una semana antes de huir: “Eres un necio, no entiendes que la MS quiere que te vayas. Recuerda lo que le pasó a tu hermano”, decía.
Antes de pensar en abandonar el país le pidió ayuda a un policía de San Salvador. Pero la respuesta le quitó la esperanza: pensaron que estaba inventando y que él mismo había escrito las notas de amenazas.
La última noche en Santa Marta, Patricia y Armando estaban en su casa y escucharon disparos en la calle. Cuando salieron, sus vecinos les dijeron que aparentemente los disparos habían sido en contra de un desconocido que corrió, aunque cuatro de los tiros dieron en la casa de la pareja. Esa noche se fueron a casa de unos familiares.
Armando tenía miedo de que aún lejos de su casa, su vida y la de Patricia corrieran peligro. El lugar donde se refugiaron está localizado en un territorio controlado por la pandilla contraria a la que dominaba Santa Marta, y temía que volvieran las intimidaciones, ahora por parte de la M18.
No tenía casa, no tenía trabajo y consideraba que en cualquier lugar de su país sería interrogado por la pandilla que dominara el territorio y no les permitirían vivir ahí. Pasados un par de días, el joven habló con su mamá —quien vivía en México desde 1999— quien le ofreció ayuda a él y a su compañera. Aceptaron la oferta. Huyeron de El Salvador.
La solicitud de refugio
Era agosto de 2014. Patricia y Armando entraron a México y fueron detenidos por autoridades migratorias en la delegación de Tapachula, Chiapas. Un par de días después, presentaron una solicitud de asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), pidiendo ser reconocidos ambos como refugiados en territorio mexicano.
Como su madre se encontraba en la capital, Armando pidió que los trasladaran de la estación migratoria en Chiapas a una en el Distrito Federal mientras continuaban con el trámite. A principios de septiembre la pareja llegó a la estación migratoria Las Agujas, en Iztapalapa.
Fue hasta octubre que la COMAR entrevistó a Armando y dio respuesta a su solicitud. Durante todo éste periodo, de agosto a octubre, la pareja continuó recluida en estaciones del INM, a pesar de que la ley migratoria mexicana distingue a los solicitantes de asilo de los migrantes irregulares y permite que el trámite lo realicen en libertad y sin ninguna sanción.
En su resolución la COMAR negó a la pareja el reconocimiento de refugiados, alegando que no acreditaron “un temor fundado de persecución”. Según la autoridad no se confirmó que el asesinato del hermano fuera por pleitos de pandillas ni creyó que las amenazas fueran reales.
El argumento: durante la semana que pasaron escondidos en El Salvador, Armando y su novia no enfrentaron “actos que pudieran considerarse persecutorios”.
Nadie les explicó que tenían derecho a promover un recurso legal para revisar la decisión de COMAR ni mucho menos que podrían ampararse para evitar una deportación.
Fue hasta que contactaron a Sin Fronteras que siguieron el camino legal.
Batallas legales ganadas, vidas perdidas
A principios de noviembre de 2014, cuando Armando y Patricia cumplían tres meses de encierro, Sin Fronteras inició un juicio de amparo contra la privación ilegal de la libertad de la pareja por parte del INM; así como para evitar que los regresaran a El Salvador después de la resolución de la COMAR.
El juez de Distrito ordenó que se suspendiera la deportación y que se les permitiera seguir con el trámite de la solicitud de refugio en libertad. Sin embargo, el INM —que reiteradamente violó los derechos de la pareja salvadoreña— ignoró la orden judicial y los mantuvo arraigados.
Paralelamente, la mamá de Armando pidió la custodia de ambos al INM, pero la misma oficina, la Dirección General de Control y Verificación Migratoria, se la negó y planteó la posibilidad de que fuera solicitada por el Consulado de El Salvador o por alguna organización de DDHH.
Después de un mes —a mediados de diciembre de 2014— el cónsul de El Salvador presentó la solicitud de custodia de Patricia y Armando hasta mediados de enero de este año, cuando ella ya estaba enferma. El INM retrasó la entrega de la pareja al consulado hasta febrero.
En febrero de 2015 el abogado de Sin Fronteras visitó a la pareja en la estación migratoria y confirmó las presiones que el personal del INM ejerció a través de la salud de Patricia. Estaba enferma desde hacía meses y la mantenían permanentemente sedada.
Después de casi medio año de lucha legal en México, de permanecer en reclusión en una estación migratoria y enfrentar los abusos de las autoridades mexicanas, Patricia y Armando pidieron al abogado abandonar su defensa y al INM el retorno asistido a El Salvador.
Epílogo
Al llegar la pareja a El Salvador, los abogados de Sin Fronteras se enteraron que Patricia aún iba muy grave de salud e inmediatamente fue llevada al hospital. Eso fue lo último que supieron de ellos. Tanto su familia en ese país, como su familia en México, dejaron de contestar las llamadas. A pesar de que Patricia y Armando se desistieron del juicio de nulidad contra la resolución de COMAR, los abogados continuaron con el trámite de la queja ante la CNDH.
Los abogados de Sin Fronteras consideran que el amparo de Patricia y Armando, así como la decisión del juez, son en sí un logro. Sin embargo, las condiciones en la estación migratoria fueron lo que llevaron a la pareja a desistir del proceso legal. Sin esta presión, dicen, el procedimiento judicial finalmente hubiera beneficiado a la pareja de salvadoreños.
*Esta narración se construyó a partir del expediente legal y los testimonios de los abogados que representaron a la pareja salvadoreña. Los nombres fueron modificados para proteger la identidad de las víctimas.
Acceso a la justicia.
En el Camino realizó una serie de peticiones de información a las procuradurías locales para conocer el universo de denuncias por crímenes contra migrantes o violaciones a sus derechos humanos.
Tras varios meses de peticiones, se obtuvo información muy irregular que impide obtener información a nivel nacional, pero sí hacer algunas lecturas locales.
** Este trabajo forma parte del proyecto En el Camino, realizado por la Red de Periodistas de a Pie con el apoyo de Open Society Foundations. Conoce más del proyecto aquí: enelcamino.periodistasdeapie.org.mx
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