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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Miércoles 28 de febrero de 2018
- La CIDH presenta informe y se dice alarmada por los ataques violentos contra las personas que trabajan en defensa del territorio y e oposición a megaproyectos
La labor de defensa de de los derechos humanos en los países de América se ha convertido en una tarea extremadamente peligrosa», dijo la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Margarette Macaulay, en el marco de la presentación del informe Hacia una política integral de protección de las personas defensoras de derechos humanos, durante el 167 periodo de sesiones que se celebra en Colombia.
La comisionada presidenta añadió que «los niveles de violencia contra las personas que defienden los derechos humanos son alarmantes, y las tasas de impunidad para este tipo de crímenes son muy altas. El centro de la preocupación de la CIDH son las muertes violentas de personas defensoras, la impunidad en la que suelen quedar estos crímenes, y la situación de desprotección en que quedan todas las personas y grupos por quienes el defensor o la defensora trabajaba. Esto hace indispensable y urgente que los Estados adopten medidas efectivas para poner fin a esta situación».
Por ello, el propósito del informe es proveer a los Estados de la región de una guía para el desarrollo de sus políticas internas, programas y mecanismos de protección a personas defensoras, en concordancia con los estándares interamericanos de derechos humanos.
Margarette Macaulay, comisionada presidenta. | Foto: CIDH.
Las personas defensoras de derechos humanos son víctimas de asesinatos, asaltos, desapariciones y desapariciones forzadas, amenazas, registros ilegales, discursos de estigmatización por altas autoridades de gobierno, criminalización, así como formas de restricción financiera o administrativa a su trabajo, sostuvo la CIDH en un comunicado de prensa en el que destacó que problemas como la corrupción, la falta de independencia e imparcialidad del Poder Judicial, la impunidad, la estigmatización de las personas defensoras y los discursos de deslegitimación que la acompañan, así como las barreras para el acceso a la justicia, convergen para perpetuar la actual situación de riesgo que afecta a las personas defensoras en los países de las Américas.
Megaproyectos y violencia
«Ciertos grupos de personas defensoras se encuentran en especial riesgo y la CIDH se encuentra alarmada por la escalada de ataques violentos en su contra». Entre ellos, y «con especial incidencia de actos de violencia y hostigamiento en su contra», están quienes trabajan en la defensa de tierras y territorios, derechos ambientales y en oposición a ciertos megaproyectos económicos y de explotación de recursos naturales; aquellas que trabajan en defensa de los derechos de las mujeres, en temas relacionados con la violencia sexual y en derechos sexuales y reproductivos, así como quienes laboran en temas relativos a la salud y la discriminación sobre la base de la orientación sexual y la identidad o expresión de género.
La CIDH señala que muchos de los mecanismos y políticas que algunos Estados han implementado para la protección de personas defensoras deben ser mejorados. Las medidas de seguridad física constituyen una respuesta urgente y necesaria, sin embargo no son suficientes. Deben ser implementadas en conjunción con otras, dirigidas a solucionar los problemas estructurales que acentúan los riesgos.
En ese sentido, el comisionado Francisco Eguiguren explicó que la CIDH desarrolló en el informe los componentes principales de una política integral de protección, con el fin de que ponga freno a los asesinatos y otros ataques que están acabando con la vida de personas defensoras o que logran inhibir su trabajo.
Comisionado Francisco Eguiguren. | Foto: CIDH.
Una política integral de protección parte del reconocimiento de la interrelación e interdependencia de las obligaciones que tiene el Estado para posibilitar que las personas puedan ejercer en forma libre y segura sus labores de defensa de derechos humanos. Y una política integral hace referencia a un enfoque amplio y abarcativo que requiere extender la protección más allá de mecanismos o sistemas de protección física cuando atraviesan situaciones de riesgo, implementando políticas públicas y medidas encaminadas a respetar los derechos de las personas defensoras; prevenir violaciones a sus derechos; investigar con debida diligencia actos de violencia en su contra, y sancionar a los responsables intelectuales y materiales de cualquier ataque contra personas defensoras, explicó la CIDH.
El informe Hacia una política integral de protección de las personas defensoras de derechos humanos analiza, también, los principales avances y desafíos en el funcionamiento de los esfuerzos llevados adelante por algunos Estados, como mecanismos nacionales de protección, legislación, políticas y programas existentes en algunos países. El documento completo se puede consultar aquí.
Imagen de portada: No da igual.
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