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Mariana Álvarez Orellana
Martes 31 de enero de 2023
Las protestas y movilizaciones en Perú son cada vez mayores: Miles y miles de campesinos, cholos, aymaras y quechuas, llegaron una semana atrás a una Lima, cercada, vallada, enrejadas las plazas, mientras el país profundo continuaba ardiendo y en cada lugar del país se mantiene la sublevación del paro nacional indefinido, sin armas, a pesar de más de 60 muertos (asesinados) entre los que hay niños y adolescente.
Existe, además, un silencioso conflicto dentro de un estado peruano resquebrajado. Hay estamentos, instituciones y niveles de gobierno en abierto conflicto con el gobierno central. Hay gobiernos regionales que han pedido la renuncia de Dina Boluarte y el adelanto de elecciones al 2023, otros piden además asamblea constituyente y, algunos, han propuesto la disolución del congreso, libertad y reposición de Pedro Castillo.
Difícil que el gobierno nacional pueda gobernar si es desconocido por autoridades departamentales, provinciales y distritales del país y, muy difícil, que éstas puedan gobernar peleadas y distantes del gobierno nacional, señala Rudecindo Vega Carreazo. El gobierno, para justificar su real voluntad de no dialogar, ha posesionado el discurso oficial de que no hay líderes o dirigentes con quien dialogar, lo que no es cierto.
Las autoridades electorales y la ciudadanía en las encuestas consideran que las elecciones adelantadas sí se pueden hacer este año. El diario derechista Perú21 señala que la propia presidenta Dina Boluarte habría estado de acuerdo en recortar aún más su mandato y entrar así a un periodo de desactivación de la crisis política y la convulsión social que tiene al Perú paralizado y sigue cobrando vidas.
“Con las fuerzas de seguridad conteniendo día y noche a las turbas incendiarias, no alcanzará para volver a poner en marcha el país. Es hora de que el Ejecutivo y el Congreso de la República se pongan a la altura de las circunstancias”, añadió, tras recordar que “ante la OEA, sin embargo, Boluarte no dio señales de querer un adelanto de verdad, refiriéndose únicamente al proyecto propuesto para abril de 2024”.
La insurrección popular en Perú, en respuesta al golpe cívico militar, que tiene todos los elementos de los llamados “golpes blandos”, como la intervención de la justicia, el parlamento, los medios de comunicación, típico de la guerra psicológica, pero también el factor militar y la ocupación de una buena parte del territorio por bases y tropas estadounidenses, de lo que nade habla colocó a ese país en el ojo de un tornado, más que de una tormenta, señala la analista argentina Stella Calloni.
Al pedido de renuncia a Boluarte hay que agregarle la renuncia de los parlamentarios golpistas. El principal operador de la trama golpista que preside el Parlamento es el general retirado José William Zapata ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú y representante de la agrupación derechista a “Avanza País”, que en las últimas elecciones apoyó a la también golpista Keiko Fujimori.
José William Zapata.
En 2006 Zapata fue acusado de graves acciones de corrupción y en 2021 de encubrir la masacre de Acomarca (1985) donde fueron asesinados 69 comuneros. También figuran sus antecedentes señalados por la propia Administración del Control de Drogas (DEA) estadounidense cuando era jefe militar de Piura (2004-2005) , vinculado a importantes carteles, especialmente de México.
Los planes de los altos militares peruanos implicados en el golpe quedaron al descubierto, pero en realidad la asonada comenzó en julio de 2022 poco después de asumir Castillo, con soldados y policías entrenados en su país por las fuerzas especiales del Comando Sur, en las bases militares de Estados Unidos, y su Centros de Operaciones Especiales en territorio peruano.
Masacre
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) calificó como “crímenes de lesa humanidad” la respuesta represiva del gobierno contra las protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y elecciones este año. Denuncia masacres, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, tratos degradantes y violencia sexual contra los detenidos, y amenazas y hostigamiento contra los abogados de quienes son arrestados y los activistas de derechos humanos.
La organización humanitaria afirma que hay acusaciones arbitrarias por terrorismo contra manifestantes y cuestiona la militarización del país y el aval del gobierno a las fuerzas de seguridad acusadas de disparar contra la población.
La CNDDHH señaló que no hay garantías para que se haga justicia por los crímenes cometidos por el gobierno y las fuerzas de seguridad porque la Fiscalía y el Poder Judicial están alineados con el régimen.
Las organizaciones sociales y comunitarias de todo Perú han acusado una actitud golpista tanto de parte de Boluarte y de los legisladores, como del respaldo ofrecido por las autoridades estadounidenses a su gestión, criticada en actos políticos masivos durante semanas en los que los inconformes exigen la renuncia de la mandataria, la disolución del Congreso, adelantar el llamado a elecciones, renovar la Constitución del Perú y liberar al expresidente Pedro Castillo.
La injerencia de EEUU
Tras las VII cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños –en Buen Aires- donde se evaluó la dura represión, el mandatario mexicano José Manuel López Obrador pidió que» ya no siga metiéndose la embajadora de Estados Unidos en el Perú», y recordó «el papel destacado» que tuvo el gobierno de Estados Unidos tanto en la crisis política que se vive en Perú como en los acontecimientos que tuvieron lugar en Bolivia y otros países de la región.
«Tiene un papel todavía muy destacado EEUU en todos estos acontecimientos. Esto es indudable. Es [uno] de los temas que yo quiero tratar con el presidente (Joe) Biden, ver la forma de iniciar una etapa nueva en la relación de los países de los pueblos del continente americano. En el caso de EEUU se trata de que se deje de lado la doctrina de destino manifiesto, la doctrina Monroe que la impusieron durante mucho tiempo y sigue todavía vigente con menor intensidad», subrayó el 21 de diciembre.
López Obrador expuso el modus operandi de dicha influencia estadounidense «donde el papel protagónico lo tienen los embajadores», en una política “completamente injerencista y tiene que ver con la llamada doctrina Monroe», aseveró.
El pasado 6 de diciembre, el destituido presidente peruano Pedro Castillo acusó al Gobierno de EEUU de estar detrás del uso de efectivos del Ejército para controlar las protestas sociales con el fin de que se concreten algunos proyectos mineros.
«¡Alerta compatriotas! La visita de la embajadora de EEUU a Palacio de Gobierno no fue gratis, tampoco a favor del país. Fue para dar la orden de sacar las tropas a las calles y masacrar a mi pueblo indefenso; y, de paso, dejar el camino libre para las explotaciones mineras, como el caso de Conga, Tía María y otros. De esto la prensa peruana no solo callará, sino que la negará así de fácil», denunció Castillo a través de su cuenta en Twitter.
También el frente externo se les mueve a los detentores del poder en Perú. El gobierno de Boluarte anunció el retiro de su embajador en Honduras, Jorge Raffo Carbajal, en respuesta a los dichos de la presidenta del país centroamericano, Xiomara Castro, durante su intervención en la cumbre de la Celac celebrada en Buenos Aires en la que aludió a un golpe de Estado contra el expresidente Pedro Castillo.
La Cancillería de Perú viene reaccionando con distintas medidas hacia los gobiernos de la región que desconocen la legitimidad de la presidenta Boluarte. Además, el Congreso de Perú declaró persona no grata al expresidente de Bolivia, Evo Morales por sus expresiones sobre la crisis política y exigió que se le impida ingresar al país.
Silencio cómplice
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador cuestionó el “silencio” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Parlamento Europeo ante la crisis política en Perú.
“La ONU, la OEA, ¿dónde estaban? ¿Dónde están ahora con lo que está pasando en Perú? ¿Dónde están? ¿Dónde están los legisladores de la Unión Europea? Ya basta de estar simulando. Volvemos a lo mismo, no ven, no oyen, no hablan, son como floreros, están como de adorno. Estas son instituciones que requieren una renovación tajante en cuanto a sus funciones”, expresó.
Mientras, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó a las autoridades peruanas a que realicen «investigaciones rápidas, efectivas e imparciales» sobre las muertes registradas en las protestas que sacuden al país hace varias semanas. Guterres pidió «que se evite la estigmatización de las víctimas» y reiteró su «gran preocupación» por la situación en el país y por el número de muertes producidas en la represión.
* Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la).
Fotos de portada e interiores: CLAE.
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