«La impunidad continúa siendo el problema estructural en Colombia»

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Servindi

Colombia / Lunes 16 de abril de 2018

 

La impunidad, relacionada con las violaciones de derechos humanos, continúa siendo el problema estructural en Colombia, lo que evidencia que las recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU) no fueron implementadas.

Así lo determina el informe Situación de derechos humanos y derecho humanitario en Colombia 2013 – 2017, realizado por las organizaciones de derechos humanos como insumo para el EPU, al que se someterá Colombia el 10 de mayo próximo ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El informe también denuncia una impunidad generalizada en las investigaciones de violencia sexual en el contexto del conflicto armado. Por ejemplo, de los 627 casos reconocidos por la Corte Constitucional en 2008 y 2015, a junio de 2017 solo el 2,18% de los casos del Auto 092 de 2008 y el 1,13% del Auto 009 de 2015 tuvieron sentencia.

Asimismo, desde el 2013, la Procuraduría General de la Nación (PGN) reportó 64 investigaciones por procesos disciplinarios como consecuencia de violaciones de derechos humanos por miembros de las fuerzas armadas, de las cuales no hay ninguna decisión firme.

Las organizaciones denuncian además los problemas que presenta la administración de justicia, entre ellas las intromisiones indebidas de altos funcionarios gubernamentales en fallos judiciales, agresiones contra fiscales, jueces, víctimas, familiares, testigos y abogados en procesos judiciales.

“Se han presentado casos de corrupción en los entes de control del Estado. La Fiscalía General de la Nación (FGN) adelantó algunos procesos donde no se ha respetado el debido proceso ni la presunción de inocencia de los indiciados2”, sostiene el documento.

Recurrente desigualdad

Las organizaciones denuncian la brecha de desigualdad entre la población urbana y rural. Por ejemplo, siendo Colombia uno de los países más desiguales, quienes tienen los peores indicadores de calidad de vida son la población afrocolombiana e indígena.

Además de la desigualdad en la tenencia de la tierra, el acceso a la educación y la salud, las condiciones laborales son precarias. El desempleo juvenil rural alcanza al 54%, mientras que el 25.6 % de los jóvenes del campo no estudian ni trabajan.

El informe sostiene que la seguridad y soberanía alimentarias fueron afectadas por los TLC (Tratado de Libre Comercio) y el énfasis en la exportación de los productos agroindustriales.

Por su parte, el modelo extractivista impulsado por el Estado colombino aumentó los conflictos socio ambientales, lo que pone en riesgo la permanencia física y cultural de los pueblos étnicos, limitando el ejercicio de sus derechos.

Acuerdo de Paz

De acuerdo al Registro Único de Víctimas consultado el 26 de setiembre del 2017, hay un total de 8 millones 208 mil 564 víctimas del conflicto armado que, a pesar del Acuerdo de Paz, el conflicto persiste y ocasiona desplazamientos forzados, confinamientos y bombardeos indiscriminados.

Asimismo, el conflicto ocasiona el reclutamiento y utilización de niños/as y adolescentes, violencia sexual, secuestro, ataques a bienes y personas protegidas, lo que evidencia, un vez más, que las recomendaciones EPU de 2013 no fueron implementadas satisfactoriamente.

Acceda al informe completo aquí (PDF, 51 páginas)

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Imagen de portada: Vista aérea de Bogotá, capital de Colombia. | Fotograma: Youtube.