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Laura Cuevas*
Miércoles 18 de octubre de 2017
La Constitución mexicana de 1917 fue la primera en América Latina en asentar el derecho universal a la vivienda. En su artículo 4 dispone: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. En la actualidad más que de “vivienda digna y decorosa” se habla de “vivienda digna y adecuada” [1].
Tal derecho se encuentra plasmado en numerosos tratados y convenciones de los que México es Estado Parte. La Organización de Naciones Unidas (ONU) sostiene: “El derecho a la intimidad, el derecho a la no discriminación, el derecho al desarrollo, el derecho a la higiene ambiental y el derecho al nivel más alto posible de salud mental y física, entre otros, dependen del acceso a una vivienda adecuada”.
Sin embargo, cabe preguntarse si en nuestro país esto está sucediendo como lo mandata nuestra carta magna y demás organismos internacionales.
Es vox populi que las viviendas a las que tienen acceso la mayoría de los trabajadores mexicanos a través de créditos como los otorgados por el INFONAVIT, poseen entre muchos otros, dos defectos principales: son caras e inadecuadas.
Caras, porque un trabajador que cotiza con el salario mínimo para poder adquirir una vivienda a través de un crédito debe contraer una deuda que puede ser por treinta años o más, hasta cubrir un total de 360 pagos mensuales. Se ve obligado, además, a vivir un viacrucis burocrático para obtener el mencionado crédito.
Inadecuadas, porque la vivienda llamada de interés social a la que puede aspirar un trabajador mexicano promedio que cotiza -como ya decíamos- con un salario mínimo, tiene 67.5 m2 de terreno, con 30.5 m2 de construcción, en los que está la cocina (3 m2), la sala y el comedor (15 m2), la recámara (9 m2), el baño (3 m2) y el área de servicio (3.5 m2). Ese tipo de vivienda no puede ser digna ni adecuada porque no permite, por ejemplo, cumplir con el “derecho a la intimidad” que mandata la ONU, suponiendo que la habite una familia de 3 o 4 miembros. Existe suficiente literatura que demuestra los efectos negativos que sufren las personas cuando viven en casas tan pequeñas. Entonces, ¿por qué fue admitida como vivienda digna por nuestras autoridades en la materia? ¿Qué entienden las autoridades cuando se habla de vivienda digna y adecuada? Es evidente que no cumplen con todos los lineamientos nacionales ni con los internacionales para ser una casa digna y adecuada.
Al cabo de tres años de servicio, el trabajador tiene derecho a crédito para vivienda. Sin embargo, por el monto de sus cotizaciones, la gran mayoría no puede aspirar a otro tipo con un terreno y construcción mayores. Por ejemplo, para adquirir una casa que podría ser más adecuada, con 45 m2 de construcción y 67.50 m2 de terreno total, necesitaría cotizar con 5 salarios mínimos, pues dicha vivienda tiene un costo de $450,000. Pero al cotizar con un salario mínimo, obtiene un crédito por $227,000. Monto con el que sólo le alcanza -agregando el subsidio federal al que tiene derecho- para la casa con 30 metros de construcción, pues esta cuesta $295,000 aproximadamente [2]. Esto es grave e injusto, se trata de personas que tendrán una deuda con un plazo muy prolongado –que tal vez puedan cubrir o tal vez no- para pagar una casa que, por sus características, es difícil que se convierta en un patrimonio del que puedan disponer en un futuro.
Otra razón por la que las viviendas resultan inadecuadas es la baja calidad de los materiales utilizados en su construcción; por ejemplo, está el uso en los muros del tabicón, concreto y block en lugar del tabique rojo artesanal que es mejor para la solidez de las construcciones y el aislamiento acústico y térmico. Están también las técnicas de construcción deficientes, por ejemplo en las cimentaciones donde ya no se excava para llegar a la tierra firme, sino que a pocos centímetros de profundidad desplantan los cimientos, si es que los tienen. De igual manera pasa con la calidad de los techos, donde por no utilizar concreto, sino vigueta y bovedilla con casetones de unicel, ocurren los problemas de humedad y goteras en casas con poco tiempo de construcción.
Desafortunadamente, ante los problemas que ocasiona la escasa calidad de la vivienda, los propietarios -en la mayoría de los casos- se ven impedidos para reclamar dada la forma en que se redactan los contratos de compra del inmueble. Todo ello lo hace la constructora con el fin de invertir poco y ganar mucho. Cabe señalar que los proyectos de construcción son aprobados entre otras instituciones por el Congreso, que, como casi siempre, parece actuar en contra de los intereses y bienestar del pueblo y a favor de los empresarios.
Su ubicación es otro factor por el cual una vivienda es inadecuada. Los conjuntos habitacionales de interés social en la actualidad, por ejemplo en Celaya, se encuentran alejados de la zona urbana, lo que hace difícil el acceso de las familias al trabajo, la escuela y demás servicios básicos; siendo necesario disponer de un vehículo (a ver a dónde vamos a dar si toda la población de Celaya tiene un vehículo) o hacer uso del transporte público con sus deficiencias ya de sobra conocidas. La planeación del crecimiento de la ciudad es clave y parece no existir.
Habría que agregar a todo esto la disponibilidad y calidad de recursos como el agua, la tierra, el hábitat y si éste es seguro y saludable. Todo ello afecta la calidad de vida de las personas, dando lugar, cuando no es adecuado, a la marginación, la falta de desarrollo y a la deficiente salud mental y física de las familias. Justo lo contrario a lo que establece la ONU.
Una pregunta interesante es: ¿cuánto dinero invierte una constructora en una casa de interés social? ¿A cuánto asciende su ganancia neta?
Es difícil conocer la respuesta debido a la variedad de tipos de casas que construyen las diferentes empresas constructoras, pero voces entendidas en el tema hablan de que una casa de interés social tiene un costo para el constructor de la mitad de lo que el trabajador paga por ella. Es pues, un negocio redondo, entendiéndose así por qué políticos y ex políticos se encuentran inmiscuidos en este giro, enriqueciéndose a costa de la calidad de vida de muchas familias. Esta situación de injusticia contra el trabajador sería suficiente para desatar una inconformidad masiva de reclamo social, pero en México no pasa nada ¿Hasta cuándo?
En fin, la vivienda es un problema mundial, pero en nuestro país éste se ve agravado porque, entre otras cosas, los intereses de los empresarios atropellan los derechos de los trabajadores y las prioridades ecológicas, la sustentabilidad y el desarrollo humano.
[1] Smart Sebastián, Jiménez Ezequiel, Correa Felipe y otros. “Derecho a una vivienda digna en Latinoamérica”. Thomson Reuters Foundation.
[2] Página oficial del INFONAVIT, www.infonavit.org.mx
* Esta es una colaboración del Colectivo Miguel Hidalgo de Celaya, Guanajuato, al que pertenece la autora.
Foto de portada: Centro Urbano.
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