SOMOSMASS99
Agustín Galo Samario / SomosMass99
Ciudad de México / Domingo 27 de noviembre de 2016
México es de los países más peligros de América para el ejercicio del periodismo. Ya lo sabemos: se criminaliza al periodista, cuando se les asesina se dice que andaban en líos de faldas, que quién sabe en qué andaba. Las procuradurías de justicia no encabezan las investigaciones y las comisiones de derechos humanos se caracterizan por cargarle el portafolio al gobernador en turno, casi escriben tesis doctorales para explicar por qué no pueden intervenir en los casos en que se agrede a los periodistas y se ataca la libertad de expresión.
En esos términos se expresó Emilio Álvarez Icaza Longoria, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien sostuvo también que han resultado positivos el auge de las redes sociales y la consecuente democratización de la comunicación, toda vez que la deliberación pública y analítica es una característica de los comunicadores que, con su capacidad profesional, pueden aportar a una sociedad cambiante con nuevos instrumentos. «Es difícil ponerse del lado contrario de la historia, contra el progreso, porque lo que pasaría es que la gente se va a comunicar por sí misma y va a prescindir de. El dilema es cómo construir esos procesos de valor agregado».
Al dictar la conferencia magistral Agravios a periodistas, mecanismos para su protección y uso del derecho internacional, en el seminario internacional Seguridad, Estabilidad Laboral y Libertad de Expresión de los Periodistas en México, comentó que la transformación del espacio público tiene que ver con un fenómeno de rendición de cuentas, con un espacio y contexto donde al poder se le empieza a limitar y de repente empezamos a ver a quienes van a las cenas, cómo van a las cenas y empezamos a conocer documentos. «Ahí se ve el valor agregado del periodista, no sólo por su capacidad analítica sino para construir historias, hechos, procesos y causas, no sólo análisis».
Es en ese proceso de rendición de cuentas, de escrutinio, de la contribución que hacen los comunicadores a una normalidad democrática, donde lo que ha pasado es que el poder ha expresado de maneras «muy perversas» el límite para que los periodistas empiecen a hacer ese trabajo. «La libertad de expresión es como el oxígeno de la democracia. Cuando esta falta, la democracia se debilita. El poder que está acostumbrado a no dar cuentas, el poder que está acostumbrado a actuar de manera autoritaria, a no explicar cómo ejerce el dinero porque piensa que el dinero es su dinero, entiende que las decisiones públicas son sus decisiones, que el espacio público es su espacio, y no se siente cómodo cuando se le demuestra que algo no está bien. Muy lamentablemente lo que ha venido pasando, y ya no hablo de transición democrática sino de alternancia, porque lo que hubiéramos esperado como un entorno de florecimiento de libertades ha generado una condición de profunda regresión».
Explicó que uno de los indicadores más claros de esa regresión democrática es lo que está pasando con las condiciones de la libertad de expresión y el ejercicio profesional del periodismo. Por ejemplo, hay dos vertientes: una tiene que ver con «una de las expresiones más salvajes que ha mutilado la libertad de expresión, que es la censura más brutal: los homicidios y los ataques». Otra, «las amenazas, el contubernio con la delincuencia organizada. A veces, y ustedes lo saben, en algunos estados de la República no se sabe dónde empieza la autoridad y dónde empieza el delito, dónde está el criminal y dónde está el servidor público. Es difícil distinguirlos». Ahí están Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Durango, Morelos, Guerrero y la misma Ciudad de México.
Ante esas expresiones de «brutal de censura» hay otras que resultan igual de serias, como las amenazas o las amenazas a las familias, o el fenómeno de acotar las condiciones laborales o la amenaza contra la estabilidad laboral. Ese fenómeno ha venido ocurriendo en México y si este es el país más peligroso, «uno se pregunta: ¿y dónde está la justicia? ¿Dónde están los culpables de esos ataques? ¿Dónde están las autoridades? Y entonces uno empieza a decir, bueno, ¿basta con las procuradurías? La PGR tiene un espacio, una fiscalía especial, y los resultados y eficacia tienden a cero. Es realmente algo cercano a una nulidad. No es el instrumento eficaz y eficiente para procurar justicia y para desincentivar los ataques a los periodistas. Si alguien ataca a un periodista y sabe que no hay una consecuencia, hay un incentivo. Lo que ha venido pasando es que la autoridad federal no ha tenido capacidad para desincentivar los ataques a periodistas.
«Esta expresión a nivel local es más perversa, porque en muchos casos las procuradurías estatales trasladan a la víctima la responsabilidad. Se construyen argumentos de criminalización al periodista: ‘quién sabe en qué andaba metido’. ‘No, pues es ya saben cómo es’. Es la víctima y sus familias los que tienen que acreditar la condición de periodistas, de que estaba en una situación de su ejercicio profesional y no que era un problema de faldas, un problema de amores, de alcohol, de corrupción, de que ‘es que andaba en muy malos pasos. Ustedes saben cómo es’. No sólo no hay justicia sino que se traslada la responsabilidad del hecho a la periodista o al periodista. Entonces no hay desincentivo del delito, hay complicidad activa o pasiva. Este fenómeno se ha venido recrudeciendo».
¿Y las comisiones de derechos humanos? ¿Y el ombudsman?, preguntó Álvarez Icaza. Pues bueno, «tienen un área de periodistas que eventualmente lleva algunos registros. Pero por ejemplo la CNDH no ha logrado ser la diferencia y eventualmente ha sido sensible a la indignación, pero no encabeza la indignación». Algo igual de serio, o más, sucede con muchas de las comisiones estatales: «Salvo raras excepciones, tienen titulares que en vez de ser defensores del pueblo son defensores del puesto».
En este sentido, relató su experiencia de cuando acudía a las reuniones semestrales de las comisiones estatales: «Patético, la mayoría de ellos tenía como lógica ver cuál era el siguiente cargo, ver cómo le cargaban de manera más eficaz el portafolio al gobernador en turno y cómo generaban una condición para no intervenir. Daban unas argumentaciones elaboradísimas, fundadas en tal, tal y tal (…) casi tesis doctorales para decirle al periodista por qué no pueden intervenir. Entonces las comisiones de derechos humanos terminan siendo espacios institucionales privilegiados de la omisión; argumentan por qué no deben intervenir, no por qué sí deben hacerlo. Incluso, hasta convencen al periodista para que no se enoje y no le vaya, según ellos, a golpear: ‘no, manito, yo sí quiero pero no puedo’. Y sacan legajos…».
Propuso a los periodistas ofrecer a la sociedad «historias articuladas», explicarle que afectar a un periodista es afectar a toda la sociedad, que afectar la libertad de expresión es afectar nuestra democracia. «Que se entienda que la libertad de expresión es un derecho que se conjuga en colectivo, en plural, que no sólo afecta a los periodistas. Cada que se cierra una cámara, un micrófono, una pluma una pantalla, se afecta a la sociedad toda, y tenemos que lograr transmitir esta noción de que la libertad de expresión es un requisito de la democracia. La libre circulación de las ideas, el libre pensamiento, el escrutinio, la rendición de cuentas (…) En muchas ocasiones los periodistas han tenido que recurrir a la autoprotección, al autoexilio, a la autocensura, a los mecanismos institucionales de protección; los periódicos han decidido no poner los nombres de quienes hacen las notas y medio asumir institucionalmente la cobertura, o generar algunas condiciones con fines de autoprotección. Pero, bueno, cuando en algunos lugares se mandan mensajes a bombazos pues los medios se hacen pa’tras».
El sistema para la construcción de la narrativa pública
Álvarez Icaza también abordó el tema de la publicidad en los medios de comunicación, que es la vía por la que «la autoridad empieza a asfixiar». Semanas atrás se difundió la noticia de que el gobierno federal gastó nueve mil millones de pesos en publicidad. «Nueve mil millones de pesos y no dice en qué lo gastaron, cómo lo gastaron, a quién le dieron. Así dicho en esos términos no es más que expresión de complicidad, de premios y castigos. O sea, no hay un espacio de regulación de lo público acorde a reglas democráticas. Es la expresión salvaje, brutal, constante, de pago de favores, o de la discrecionalidad, de la compra de opinión, de la opinión presentada, de la opinión apantallada. Nueve mil millones de pesos es una bestialidad… no hay rendición de cuentas, no hay control. Si para hacer una licitación hay cualquier cantidad de concursos, ¿por qué no para este dinero? ¿Cómo se regula el interés público en el gobierno para pagar publicidad oficial? Se utiliza como instrumento de premio y castigo en la construcción de la narrativa pública».
Por todo ello, añadió, «es extremadamente importante» el acompañamiento de los espacios internacionales. Contó que a su paso por la CIDH le quedó la sensación de que había poca presión del periodismo mexicano. Hay algunas articulaciones internacionales, sí, pero esencialmente de la sociedad civil. Y hay muchos caminos por donde transitar, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su artículo 19; en la Convención Americana de Derechos Humanos, con su artículo 13 sobre la libertad de expresión.
«Antes de venir a México hablaba yo con el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, y me decía: ‘Oye, estoy muy preocupado de lo que pasa en México, porque la expresión pública de la relatoría sobre México parece una publicación de esquelas. Cómo le hago, acaban de matar a otro periodista y ahora tengo que decir: expresa otra preocupación por otro asesinato. O sea, ¿cómo le hacemos para que la relatoría de la libertad de expresión no parezca la publicación de esquelas y de nota roja?’. Me parece que necesariamente tenemos que articular mucho más fino los casos con instancias internacionales, en los foros internacionales, en los comités de Naciones Unidas, en los espacios y en las audiencias públicas de la Comisión Interamericana. Me parece que hay foros importantes para hacer sinergia. Y no van a sustituir, no pueden sustituir y no deben sustituir, pero son puntos de apoyo».
Propuso a los comunicadores convencer a sus colegas para que escriban de lo que está pasando en nuestro país con la libertad de expresión; convencerlos de darle seguimiento a los casos y de enviar cartas a todos los embajadores de México preguntándoles por qué están matando a los periodistas. Convencerlos de que si eso «pasa aquí, a mí me puede pasar». Porque el ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país «debe entenderse como un indicador de la gobernabilidad democrática», porque «México tiene una democracia muy débil y en proceso de mayor debilitamiento».
Foto de portada: Agustín Galo Samario / SomosMass99



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