SOMOSMASS99
David Bacon* / SomosMass99
Estados Unidos / Jueves 15 de febrero de 2024
Reseña de Humanizar la inmigración: cómo transformar nuestro sistema racista e injusto, de
Bill Ong Hing (Beacon Press, 2023)
Una fotografía de Brandon Bell, distribuida por CNN, muestra a quince hombres fornidos con gorras militares y uniforme de faena, parados frente a una cerca de alambre en una rampa de concreto para botes. Es de noche en Shelby Park, el parque de la ciudad de Eagle Pass, Texas. El agua helada del Río Grande fluye a solo unos pasos de distancia. Al otro lado, a lo lejos, se ve la otra orilla del río: México.
Fue aquí, en la oscuridad, el 14 de enero, que Victerma de la Sancha Cerros, una madre de treinta y tres años de la Ciudad de México, se metió al agua de la mano de sus dos hijos, Yorlei Ruby, de diez años. y Jonathan Agustín Briones de la Sancha, de ocho. No sabemos cómo decidieron meterse en problemas con la fuerte corriente o si siquiera sabían nadar. El Grupo Beta, el servicio de rescate fronterizo de México, los vio luchando y llamó a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Los agentes se dirigieron a la puerta del parque, a un par de millas de la rampa para botes. Los hombres fornidos vestidos de uniforme, soldados del Departamento Militar de Texas (TMD), se negaron a dejarlos pasar.
Un migrante mira por encima de la valla entre México y Estados Unidos en Tijuana, Baja California Norte, 1996, tratando de encontrar un momento en el que la Patrulla Fronteriza no esté mirando para poder pasar por el agujero que hay debajo y cruzar. Una leyenda náhuatl dice que cuando las personas van al inframundo, son guiadas por un perro.
Las autoridades mexicanas intentaron rescatar a la madre y a sus hijos, pero solo pudieron salvar a otros dos. Los tres se ahogaron y el Grupo Beta sólo pudo regresar a México con sus cuerpos. Más tarde, el TMD dijo que sus soldados, parados detrás de su barrera de alambre, habían apuntado luces de alta potencia al agua y habían usado sus gafas de visión nocturna, pero que no habían visto nada.
La Casa Blanca calificó el suceso de «trágico» y lo utilizó como prueba para respaldar su caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos, cuestionando la afirmación de Texas de que tiene derecho a erigir barreras fronterizas de alambre de púas y utilizar sus propios soldados para impedir que los inmigrantes crucen el río. «Las políticas del gobernador de Texas son crueles, peligrosas e inhumanas», afirmó un portavoz del Departamento federal de Seguridad Nacional (DHS). «Los funcionarios de Texas… permitieron que dos niños se ahogaran», añadió el congresista Joaquín Castro.
Sin embargo, a los pocos días, el presidente Joe Biden dijo en un mitin de campaña que si el Congreso aprobaba un proyecto de ley para seguir financiando la guerra en Ucrania y el genocidio en Gaza, aceptaría disposiciones antiinmigrantes que son parte de la razón por la que De la Sancha y sus hijos se ahogaron. «Cerraré la frontera inmediatamente», prometió.
Biden no quiso decir que se impediría el cruce de camiones que transportaban jeans y pantallas de televisión de fábricas mexicanas o que detendría el flujo de personas respetables con visas. Se refería a detener a inmigrantes como De la Sancha, a quienes se les trata como si fueran una amenaza y un enemigo. Podría haber estado huyendo de la violencia del narcotráfico en su vecindario o tal vez no podía ganar suficiente dinero para tener comida en la mesa, o tal vez estaba tratando de encontrar a un miembro de su familia que trabajara en el lado estadounidense de la frontera. De todos modos, ella no tenía visa.
Un monumento en la valla fronteriza para aquellos que murieron tratando de cruzar en Tijuana, Baja California Norte, 2001.
Los inmigrantes encontrados muertos en la frontera entre Estados Unidos y México, en la zona del Valle Imperial y el río Colorado, están enterrados en un cementerio de alfareros en Holtville, California. Las identidades de muchos se desconocen y están enterradas como «John Doe» o «Jane Doe». Activistas religiosos y de derechos de los inmigrantes han hecho cruces para muchas de las tumbas, la mayoría de las cuales dicen «No Olvidados» o «Not Forgotten». Aquí están enterrados unos 450 cadáveres. Esta imagen fue tomada en 2010.
Sin dinero, huyendo de algo o de alguien, tratando de mantener unida a una familia y darle un futuro, o simplemente necesitando un trabajo con cualquier salario: estos son los puntos en común de los miles que llegan a la frontera de Estados Unidos cada año. En su libro de 2023, Humanizing Immigration: How to Transform Our Racist and Unjust System / Humanizar la inmigración: cómo transformar nuestro sistema racista e injusto, Bill Ong Hing sale en su defensa. Y los inmigrantes necesitan defensores como él, especialmente ahora. El gobernador de Texas, Greg Abbott, impulsó una ley que tipifica como delito estatal ser indocumentado. El año pasado, los republicanos en el Congreso propusieron construir más muros fronterizos, crear barreras al asilo, forzar el despido de millones de trabajadores indocumentados y permitir que los niños permanezcan en prisiones de detención con sus padres.
Pero Biden y los demócratas centristas están muy dispuestos a aceptar propuestas modificadas como estas, incluso si prometió en su campaña de 2020 deshacer medidas similares implementadas por Donald Trump. A cambio de las asignaciones de guerra, Biden acepta cerrar la frontera a los solicitantes de asilo si su número supera los cinco mil por día, y hacer mucho más difícil el proceso para obtener un estatus legal, incluso para aquellos a quienes se les permite presentar la solicitud.
En Humanizing Immigration, Hing describe las tenaces batallas libradas por abogados de inmigración radicales y defensores comunitarios (él entre ellos) para derrotar estos esfuerzos por convertir el proceso legal en un laberinto que pocos pueden atravesar. En el momento de escribir este artículo, Biden ya ha dicho que reduciría a noventa días el tiempo de selección de los solicitantes de asilo. Según Hing, los «expedientes cohete» y los «expedientes exclusivos» ya reducen la capacidad de los inmigrantes para encontrar abogados y presentar solicitudes de asilo. Reducir el tiempo de proyección haría mucho más difícil obtener el permiso para quedarse.
Ya existe un proceso oneroso, acusa Hing, en el que una misteriosa diferencia entre un «temor bien fundado» y una «probabilidad clara» de persecución rige las decisiones de vida o muerte de los jueces de inmigración que conocen los casos de asilo. Cita a un oficial de asilo que aparece en la película Well-Founded Fear, que niega una reclamación porque la persona que huye no puede recordar si fue secuestrado por dos hombres o tres. «Seamos realistas», dice Hing. «La mayoría de los problemas con la toma de decisiones sobre los casos de asilo están teñidos de racismo».
Para mantener a las personas encarceladas mientras sus casos están en proceso, en lugar de liberarlas, Biden aceptó más centros de detención, un eufemismo para las cárceles de inmigrantes. Ya son más de doscientos, según el grupo Libertad para los Inmigrantes. De acuerdo a una ley firmada por el presidente Barack Obama, el Congreso exigía que cada noche se llenaran 34 mil camas de detención. A finales de 2023, esas camas albergaban a 36.263 personas, y otras 194.427 estaban en «alternativas a la detención», con las odiadas tobilleras que les impiden viajar más de unas pocas cuadras. Más del 90 por ciento de estas cárceles son administradas con fines de lucro por compañías privadas como Geo Group, familiar para los activistas laborales como la encarnación actual de la antigua agencia de detectives Pinkerton, con fama de rompehuelgas.
Incluso si De la Sancha y sus hijos hubieran logrado cruzar el río, estos compromisos probablemente habrían significado que su nuevo hogar sería una celda. Se luchó tenazmente por poner fin a la separación familiar en las demandas que describe Hing, y se ganó con una reforma que Biden implementó cuando asumió el cargo. Pero al igual que otras protecciones, estos son avances granulares (o la recuperación de derechos anteriores) que nunca son seguros y deben defenderse una y otra vez. Humanizing Immigration relata las muchas batallas judiciales que ganaron, nombrando y perfilando a los valientes inmigrantes dispuestos a ponerse de pie, y a sus igualmente valientes e incansables abogados.
Un trabajador es enviado de regreso a México en la puerta fronteriza, desde un autobús que ha llevado a deportados del centro de detención en El Centro de Valle Imperial, bajo la atenta mirada de un soldado de la Guardia Nacional, Mexicali, Baja California Norte, 1996.
Inmigrantes, trabajadores, miembros de sindicatos, personas de fe y activistas comunitarios pidieron una moratoria sobre las deportaciones. Casi 400.000 personas habían sido deportadas cada año durante los cinco años anteriores. Foto tomada en East Palo Alto, California, 2014.
Criminalizar la existencia
De los perfilados por Hing en Humanizing Immigration, una persona se destaca: la reverenda Deborah Lee, quien coordina el Movimiento Interreligioso para la Integridad Humana (IM4HR). Ella y un pequeño personal movilizan constantemente una red de activistas religiosos en toda California, marchando de un centro de detención a otro, hablando en iglesias negras de clase trabajadora y en congregaciones suburbanas moralmente indignadas.
Son extremadamente efectivos. Cuando los legisladores de California votaron a favor de eliminar las prisiones para inmigrantes administradas de forma privada, su acción (no sorprendentemente revocada por un tribunal federal) le debía mucho a Lee y a personas como ella, dispuestas a salir a las calles en busca de justicia. Un memorando del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), una agencia del DHS, admitió que la prohibición de los centros de detención privados en California sería «un golpe devastador para la misión en curso de ICE». Esa misión era, y es, encarcelar a migrantes.
La odisea de Lee merece un libro en sí mismo. La conocí cuando ambos ayudamos a organizar a los trabajadores de la fundición Pacific Steel en Berkeley, California, para resistir otra forma de castigo migratorio, el cheque I-9. ICE había revisado los documentos de cientos de trabajadores de la fábrica y acusó a más de doscientos de no tener documentos y exigió que la empresa los despidiera. Algunos habían pasado más de dos décadas realizando los pesados y arduos trabajos de la fundición. Durante dos años, los trabajadores y sus aliados construyeron una base de apoyo comunitario que, al final, no pudo salvar esos empleos, pero sí los ayudó a sobrevivir, lo que no es un logro pequeño. Hing y yo escribimos un artículo posterior, «El ascenso y caída de las sanciones a los empleadores«, sobre la brutalidad de esta forma de aplicación de la ley de inmigración.
Una lección que se destacó en Pacific Steel fue que la vulnerabilidad de los inmigrantes indocumentados también tiene consecuencias económicas para otros trabajadores. Los buenos organizadores sindicales lo saben: un sindicato debe oponerse eficazmente a las redadas y despidos de inmigrantes si quiere proteger a los trabajadores y ganarse su lealtad. Al mismo tiempo, los inmigrantes atacados deben encontrar maneras de unirse con la comunidad que los rodea, una lección indispensable para este momento político. Superar la amenaza de la derecha cada vez más reaccionaria y peligrosa de hoy requiere la unidad de inmigrantes y no inmigrantes: cada uno debe luchar por el otro. Una estrategia de Biden que arroje a los inmigrantes debajo del autobús hará que eso sea imposible, y podría perder las elecciones en 2024.
A medida que se desarrollaba la batalla de los trabajadores en Berkeley, Lee inició otra, organizando vigilias mensuales en el centro de detención de ICE, a sólo unos kilómetros de la planta (e incluso más cerca de las casas de muchos trabajadores). Fueron necesarios siete años de hablar ante los comités de justicia social de judíos, católicos, protestantes y budistas, y luego de reunir a las congregaciones para protestar, antes de que pudieran forzar el cierre del centro. IM4HR se convirtió en una fuerza formidable que luchaba contra ICE y llevaba sus campañas de cierre a comunidades alrededor de otras cárceles y prisiones.
Lee y sus compañeros de trabajo desarrollaron una comprensión sobre la relación entre clase e inmigración, entre raza y el sistema carcelario de inmigrantes, y sobre las raíces de la migración misma. Llevó delegaciones a Honduras y Guatemala, en apoyo a los activistas allí. A su regreso, los activistas religiosos alertaron a las congregaciones y comunidades sobre las luchas en esos países por un cambio político y social, por una alternativa a la migración forzada para sobrevivir.
Describí esas luchas tal como tuvieron lugar en México, desde las fábricas en la frontera hasta los campos de maíz en Oaxaca, en mis libros The Children of NAFTA: Labor Wars on the US/Mexico Border / Los hijos del TLCAN: guerras laborales en la frontera entre EE.UU. y México, e Illegal People: How Globalization Creates Migration and Criminalizes Immigrants / Personas ilegales: cómo la globalización crea la migración y criminaliza a los inmigrantes. Estos libros documentaron el impacto de la política estadounidense que desplazó a millones de personas en México y luego los criminalizó cuando cruzaban la frontera y se convirtieron en trabajadores inmigrantes. Otro libro que escribí, The right to stay at home: how U.S. policy drives Mexican migration / El derecho a quedarse en casa: cómo la política estadounidense impulsa la migración mexicana, dio voz a los activistas migrantes que exigían un doble conjunto de derechos: el derecho a migrar, con igualdad social y política, y el derecho a no migrar, es decir, por un cambio político en las comunidades de origen para que la migración no sea forzada por la necesidad de sobrevivir.
Esta comprensión fue la base del libro anterior de Hing Fronteras éticas: TLCAN, globalización y migración mexicana. «En lugar de abordar las causas contemporáneas de la migración mexicana indocumentada que están vinculadas al TLCAN y la globalización», escribió, «Estados Unidos ha abordado los síntomas del desafío adoptando un enfoque únicamente de aplicación de la ley».
Personas de fe e inmigrantes frente al Centro de Detención del Condado Oeste, donde los inmigrantes han sido encarcelados antes de ser deportados. Víctor Aguilar y Hugo Aguilar fueron detenidos recientemente liberados y se abrazaron frente al centro de detención durante la última vigilia antes del cierre del centro, mostrando la amistad que se había desarrollado entre ellos durante meses en el interior. La reverenda Deborah Lee los observa. Foto tomada en Richmond, California, 2018.
La región mixteca de Oaxaca es una de las zonas más pobres de México. Los indígenas mixtecos, triquis y otros grupos de esta región constituyen ahora un gran porcentaje de los migrantes que se han ido a trabajar a Estados Unidos. Foto tomada en Santiago de Juxtlahuaca, Oaxaca, 2008.
Ignorar las causas fundamentales
Hing plantea una verdad básica: lograr que el público comprenda la inmigración es la única manera de derrotar decisivamente la histeria antiinmigrante. Sin embargo, los demócratas centristas, cediendo ante el ataque de los republicanos y los acólitos de MAGA (siglas en inglés de Make America Great Again / Hagamos Estados Unidos Grande Otra vez), no reconocen las causas de la inmigración. Este fracaso es mucho anterior a Biden.
Cuando un gran número de niños no acompañados comenzaron a llegar de Centroamérica durante la administración Obama, cuando se enfrentaba a las elecciones de mitad de período en 2014, el presidente dijo a las madres que no enviaran a sus hijos al norte, amonestándolas como si fueran malos padres. «No envíen a sus hijos a las fronteras», dijo. «Si lo logran, serán enviados de regreso. Más importante aún, es posible que no lo logren».
El presidente Obama reconoció en cierta medida la pobreza y la violencia que los impulsó a venir a pesar de su advertencia, pero evitó reconocer las raíces históricas de esta migración, y más aún aceptar cualquier culpabilidad por parte de nuestro gobierno. El presidente Biden envió a la vicepresidenta Kamala Harris a Centroamérica en su primer año en el cargo con un mensaje similar: no vengas.
Hoy en día, esta falta de voluntad para considerar la responsabilidad de Estados Unidos por producir desplazamientos y migraciones es más cruda en relación con los haitianos y venezolanos, que han constituido un gran porcentaje de los migrantes que han llegado al Río Grande en los últimos dos años.
Después de que los haitianos finalmente se deshicieron del régimen de François Duvalier, apoyado por Estados Unidos, y eligieron presidente a Jean-Bertrand Aristide, Estados Unidos lo subió a un avión de salida en 2004, como lo hizo con Manuel Zelaya en Honduras. Siguió una serie de gobiernos corruptos pero favorables a las empresas, respaldados por Estados Unidos, que se embolsaron millones mientras los haitianos pasaban hambre y decenas de miles se quedaban sin hogar después de terremotos y otros desastres. «El trato dado a los inmigrantes haitianos», acusa Hing, «demuestra cómo las leyes y políticas de inmigración son… una manifestación concreta de racismo sistémico e institucionalizado».
La supervivencia en Venezuela se volvió imposible para muchos ya que su economía sufrió duros golpes por la intervención política y las sanciones económicas de Estados Unidos. El presidente Biden permitió que Chevron, Repsol y Eni vendieran petróleo venezolano una vez que el petróleo ruso fue embargado durante la guerra de Ucrania, pero las sanciones básicas que hacen precaria la supervivencia siguen vigentes. Mientras tanto, continúa el esfuerzo en curso para derrocar a su gobierno. El portavoz de seguridad nacional, John Kirby, exigió más cambios políticos a finales de enero y amenazó: «Tienen hasta la primavera».
Estas intervenciones producen migrantes y luego los criminalizan. En 2023, la Patrulla Fronteriza detuvo a 334.914 venezolanos y 163.701 haitianos. Y mientras promovía la intervención militar en Haití y el cambio de régimen en Venezuela, la administración Biden envió a personas en vuelos de deportación de regreso a casa, con la esperanza de que esto disuadiera a otros de emprender el viaje hacia el norte.
Los medios estadounidenses interpretan esto una y otra vez como una «crisis fronteriza», pero la desconexión es obvia para cualquiera nacido al sur de la frontera con México. Para Sergio Sosa, quien creció durante la guerra civil guatemalteca y ahora dirige el Heartland Workers Center en Omaha, la migración es una forma de resistencia al imperio. «La gente de Europa y Estados Unidos cruzó fronteras para venir a nosotros y se apoderó de nuestra tierra y nuestra economía», señala. «Ahora es nuestro turno de cruzar fronteras. La migración es una forma de contraatacar. Estamos en nuestra situación, no porque hayamos decidido estarlo, sino porque estamos en el patio trasero de Estados Unidos. La gente tiene que resistir para mantener sus comunidades e identidades vivas. Estamos demostrando que también somos seres humanos».
Gina, una refugiada haitiana, lava ropa en la Ciudad de México en 2023. Varios cientos de refugiados haitianos vivían en tiendas de campaña en el parque Giordano Bruno. Habían venido desde Haití a través de Centroamérica en dirección a la frontera con Estados Unidos, pero sabían que probablemente se les impediría cruzar.
Michelle Medina, una migrante venezolana, amamanta a su bebé Salomé Comenal en un campamento de refugiados venezolanos y haitianos en la Ciudad de México, 2023.
El desplazamiento es la crisis
Biden califica la frontera de «rota» y «en crisis». Ésa es la mayor concesión a la tormenta mediática que repite estas palabras sin cesar. De ellas surge la histeria que justifica la represión.
Las estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional muestran, sin embargo, que a lo largo de décadas el número de personas que cruzan la frontera y están sujetas a deportación aumenta y disminuye, mientras que el desplazamiento y la migración forzada se mantienen constantes. En 2022, alrededor de 1,1 millones de personas fueron expulsadas tras intentar cruzar y otras 350.000 deportadas. En 1992, alrededor de 1,2 millones fueron detenidos en la frontera y 1,1 millones deportados. Más de un millón de personas fueron deportadas en 1954 durante la infame «Operación Espaldas Mojadas». Los arrestos en la frontera sumaron más de un millón en 29 de los últimos 46 años.
El año pasado el número de detenidos en la frontera fue mayor: alrededor de 2,5 millones. Pero la cuestión real es que el flujo migratorio no se ha detenido y no se detendrá pronto. ¿Qué es entonces la «crisis»? La reportera del New York Times, Miriam Jordan, dice: «Sólo en diciembre, más de 300.000 personas cruzaron la frontera sur, una cifra récord». Todos creen, dice, que «una vez que lleguen a Estados Unidos podrán quedarse. Para siempre. Y en general, no se equivocan».
De hecho, el número de admisiones de refugiados en 2022 fue de 60.000. En 1992 eran 132.000. Según Jordan, los solicitantes simplemente son liberados para vivir una vida normal hasta su cita ante un juez de inmigración. Sin duda, esto será una novedad para las familias que enfrentan la separación y la constante amenaza de deportación. Pero esto es lo que los republicanos y los demócratas antiinmigrantes llaman una «invasión», y contra ello Biden amenaza con «cerrar la frontera». Así que, en primer lugar, la aplicación de la ley y la disuasión son los medios para impedir que la gente venga.
Si Trump gana las elecciones de noviembre, promete restablecer la notoria política de separación familiar. Los niños que sobreviven al cruce, a diferencia de Yorlei y Jonathan, podrían no volver a ver a sus madres durante meses y fácilmente perderse, como muchos, en el enorme sistema de detención. El senador de Oklahoma, James Lankford, quiere reintroducir la política «Permanecer en México», según la cual a las personas que buscaban asilo no se les permitía ingresar a Estados Unidos para presentar sus solicitudes, mientras el gobierno mexicano se vio obligado a establecer centros de detención justo al sur de la frontera para alojarlos mientras esperaban. Trump y otros republicanos encarcelarían a todos los inmigrantes que enfrenten un proceso judicial, soliciten quedarse o detengan una deportación. Los casos pendientes ahora se cuentan por millones, porque el sistema judicial de inmigración carece de los recursos necesarios para procesarlos.
Los inmigrantes y sus partidarios, organizados por la coalición de derechos de los inmigrantes de Tucson, Derechos Humanos, piden una moratoria sobre las deportaciones. Ese llamado fue hecho por muchas organizaciones en Estados Unidos cuando el número de deportaciones alcanzó las 400.000 por año. Foto tomada en Tucson, Arizona, 2008.
Ese sistema, dice Hing, debe desaparecer. Pero la idea misma de que las personas que llegan a la frontera deben ser enfrentadas con disuasión y aplicación de la ley hace más que justificar el tortuoso sistema de tribunales de inmigración y los centros de detención.
«La necesidad de abolir ICE», una exigencia frecuentemente repetida entre los activistas por los derechos de los inmigrantes, «es una obviedad para mí», dice Hing. «De hecho, me cuento entre los que piden la abolición total del sistema de inmigración. Los inmigrantes deberían tener derecho a la libre circulación a través de las fronteras y el derecho a vivir libres de acoso por su estatus migratorio. Nuestro sistema debe transformarse en uno que prioriza nuestra humanidad».
Para lograrlo, Hing aboga por un conjunto de tácticas para dificultar el funcionamiento del sistema, incluida la supervisión pública, marchas como las que se opusieron al proyecto de ley Sensenbrenner en 2006 y campañas contra la deportación como las de los Dreamers. Perfila como disruptores positivos a dos abogadas: Jacqueline Brown, que luchó contra el encarcelamiento de niños no acompañados, y Julie Su, que defendió a los trabajadores textiles tailandeses esclavizados en Los Ángeles y ahora es la secretaria de Trabajo interina de Estados Unidos. Hasta que instituciones como ICE y los centros de detención sean abolidos, dice, «deberíamos hacer todo lo posible para alterar el sistema».
Para lograr una alternativa al sistema actual, tenemos que desarraigar las causas del desplazamiento que hace que la migración sea involuntaria, reconociendo al mismo tiempo la realidad actual de la migración y facilitando que las personas vengan y se queden. No importa cuántos muros y prisiones para inmigrantes construya el gobierno, la gente vendrá de todos modos. Pero podemos ver fácilmente las consecuencias de este sistema -que primero produce migración y luego hace todo lo posible para bloquear a los inmigrantes y expulsarlos- en la muerte de Victerma de la Sancha Cerros y sus dos hijos en las frías aguas del Río Grande.
* David Bacon es un periodista y fotógrafo que da cobertura a temas laborales, de inmigración e impacto de la economía global en los trabajadores. Es autor de varios libros, como Personas Ilegales: Cómo la Globalización crea la Migración y Criminaliza a los Inmigrantes (Beacon Press, 2009); In the Fields of the North / En los Campos del Norte (University of California Press / El Colegio de la Frontera Norte, 2017); y More than a wall / Más que un muro.
Imagen de portada: Un migrante mira por encima de la valla entre México y Estados Unidos en Tijuana, Baja California Norte, 1996, tratando de encontrar un momento en el que la Patrulla Fronteriza no esté mirando para poder pasar por el agujero que hay debajo y cruzar. Una leyenda náhuatl dice que cuando las personas van al inframundo, son guiadas por un perro.
Fotos de portada e interiores: David Bacon.
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