Agustín Galo Samario / SomosMass99
Comonfort, Gto. / Domingo 18 de octubre de 2015
Hace casi cuatro meses que el periodista Gerardo Nieto Álvarez murió violentamente sentado en una silla de su oficina en Comonfort y desde entonces su familia vive con el temor y la indignación que provocan la impunidad y la falta de justicia. Su hijo, Antonio Nieto Ibarra, exige a las autoridades que esclarezcan el caso, que no lo dejen en el olvido, y que consideren su actividad periodística como principal línea de investigación. Asegura: “Yo creo que mi papá estaba por publicar algo. No me queda la menor duda de que pudo haber sido por eso”.
De acuerdo a datos recabados para este trabajo, no solamente el o los asesinos de Nieto Álvarez se llevaron su computadora sino también una memoria USB donde “al parecer” guardaba la información que estaba por publicar. A la vez, algunas fuentes consultadas que prefirieron mantener sus nombres en reserva por razones de seguridad, aseguraron que agentes ministeriales del estado han tratado de inculpar a por lo menos tres personas, a una de las cuales le habrían exigido incluso darles algún nombre, el que sea, “porque necesitaban un culpable”..
- A casi cuatro meses del asesinato, Antonio Nieto Ibarra exige a las autoridades que esclarezcan la muerte de su padre Gerardo Nieto (en la gráfica).
De la información oficial sobre el caso sólo se conoce que a las 8:30 de la mañana del 26 de junio la policía municipal de Comonfort encontró el cuerpo de Nieto Álvarez al interior de su oficina en la plaza comercial Nuevo Siglo. Ese mismo día, pero cuatro horas después, el procurador de Justicia del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, declaró que según las investigaciones “preliminares” el asesinato del director del semanario El Tábano “pareciera” que fue resultado de una discusión con por lo menos “dos personas” con las que estuvo “ingiriendo bebidas” durante una reunión “en ese lugar en que se encontró”. Dijo: “Reitero, de acuerdo a estos datos preliminares que tenemos, sí, sí lo podemos descartar (que su muerte está relacionada con su labor periodística)”. Ante las críticas de organizaciones defensoras de la libertad de expresión, días después trató de matizar, pero mantuvo la idea de que no había elementos para sostener lo contrario..
El último comentario conocido sobre el caso lo dio el subprocurador de Justicia, Manuel Ángel Hernández, quien el 3 de septiembre les dijo a varios periodistas que estaba por solicitarse la orden de aprehensión contra el o los presuntos responsables. Y, con sus propias palabras, insistió en la versión de Zamarripa Aguirre del 26 de junio: “No todos los homicidios o agresiones contra periodistas obedecen al desempeño de su actividad”, según el reporte publicado por la revista Proceso. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ya no ha emitido información y Zamarripa Aguirre ni ninguno de sus colaboradores se ha referido otra vez al tema. Todo ha sido el silencio.
Muy ocupada
José Antonio Nieto Ibarra le dice a SomosMass99 que todo le parece muy raro. “La procuraduría está muy hermética, sólo hubo al principio dos encuentros con nosotros. Con la Procuraduría de Derechos Humanos (de Guanajuato) es lo mismo, ya no se ha contactado ni nada, aunque es la única que ha dado apoyo psicológico a mi hermana”..
- La familia se queja de que la agente del Ministerio Público ni siquiera les ha permitido ver el expediente.
Pero lo que más le llama la atención a José Antonio es que nadie se ha comunicado con los familiares. “Nosotros pensábamos que las amistades se iban a interesar, pero nadie de los amigos se acercó. Ahora sí que lo que creo es que fue alguien que lo conocía, alguien muy cercano a él, porque siempre andaba acompañado y por gente conocida, nunca por extraños.
“Mi papá, eso sí, era muy despapayoso en eso de la política. Algo sabía, no puedo asegurar qué, pero no le encuentro ninguna otra explicación. No tengo duda de que pudo haber sido eso, porque no se ve nada claro con las autoridades. Simplemente estoy viendo la incompetencia de la Procuraduría (General de Justicia del Estado)».
Cuando se le pregunta si han tenido acceso al expediente, responde que “Ramona se niega a darnos detalles, o no contesta las llamadas o simplemente dice que está muy ocupada. La última vez sólo dijo que la PGR podría llevar el caso en paralelo, pero a la fecha no hay nada”..
José Antonio se refiere a Ramona Álvarez Pérez, agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la PGJE que está a cargo del expediente C.I. 23668/2015, quien hasta la fecha mantiene sellada la oficina del semanario El Tábano en la plaza comercial Nuevo Siglo.
El hijo del periodista insiste en que debe de investigarse la labor de Gerardo Nieto como móvil del crimen. “Mi padre estaba por publicar algo, estoy seguro”, dice
“A nosotros -añade- nos dejan atados de manos. No sé, no quisiera que se vuelva a hacer otro relajo. Ya ves lo que publicaron los medios, que todo fue por una borrachera. Solamente repitieron lo que dijo el procurador y ya nadie investigó nada. Nos da miedo, da miedo por la familia, no quisiera que la estuvieran molestando. Por eso no hemos hecho nada”.
En ese sentido, afirma que las declaraciones con las que Carlos Zamarripa prácticamente dio por descartado que la muerte de su padre tenga relación con su actividad de periodista “son patéticas. Eso me parece, únicamente se hubiera limitado a decir que se estaba trabajando en ello. Ni siquiera nos ha dicho nada a nosotros, tampoco se ha acercado a la familia. También por eso me parece raro”.
Lo que exige es “que se haga justicia. Pediría que se indague la línea periodística, que no se descarte. Es algo (la muerte de su padre) que no debe quedar en el olvido”. Al preguntarle si tenía conocimiento de que de la oficina de Gerardo Nieto desaparecieron una computadora y una memoria USB, responde con otra pregunta: “¿Quién era el interesado en esos objetos?”. E insiste: “Yo creo que mi papá estaba por publicar algo, no que queda la menor duda”.
A fabricar culpables
Durante el gobierno de Miguel Márquez Márquez, Guanajuato ha pasado en menos de un año de las agresiones a comunicadores al asesinato. Del ataque a la periodista Karla Janeth Silva Guerrero en Silao el 3 de septiembre de 2014 se escaló al homicidio de Gerardo Hesiquio Nieto Álvarez el 26 de junio de 2015, del que se dio cuenta el 26 de junio aunque pudo haber ocurrido uno o dos días antes. Ninguno de estos casos, como otros en la entidad, se han esclarecido completamente ni se les ha hecho justicia.
Cuando se conoció el asesinato de Nieto Álvarez medios estatales, nacionales y del extranjero le dieron cobertura; organizaciones defensoras de la libertad de expresión como Artículo 19 emitieron una alerta, otras como Reporteros Sin Fronteras publicaron un reporte y enviaron misivas al presidente Enrique Peña Nieto, y Freedom House lo incluyó en el informe sobre libertad de expresión en México entregado a la comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó el país los últimos días de septiembre y primeros de octubre; la embajada de Estados Unidos en México tiene informes del caso, y la directora general de la UNESCO, Irina Georgieva Bokova, condenó el homicidio del guanajuatense el 8 de julio -junto con los de los veracruzanos Filadelfo Sánchez Sarmiento y Juan Mendoza Delgado- y exhortó a las autoridades mexicanas a realizar todos los esfuerzos para esclarecerlo.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), dependiente de la Procuraduría General de la República, después de conocerse la muerte de Gerardo Nieto, envió a dos agentes investigadores a recabar información a la Subprocuraduría General de Justicia del Estado en San Miguel de Allende. Desde entonces no se conoce que haya abierto o que continúe alguna investigación.
Consultadas por SomosMass99, algunas fuentes que han estado al tanto de las investigaciones realizadas por la PGJE dijeron que desde hace por lo menos 15 días los agentes ministeriales han dejado de insistir en el caso. Esto llamó la atención debido a que por lo menos durante el primer mes posterior al asesinato de Gerardo Nieto era constante su presencia en el municipio.
- La familia de Gerardo Nieto está temerosa, les extraña la falta de avances en la investigación y el hermetismo de la Procuraduría de Justicia.
Entre los testimonios recabados hay una coincidencia: en esos primeros días de investigación se llamó a declarar a más de 20 ciudadanos y se habría descubierto que los responsables se robaron junto con la lap top de Gerardo Nieto una memoria USB “que siempre estaba junto con la computadora, pegada o ahí en el escritorio”. Incluso, la misma PGJE tendría información de que el computador portátil “fue utilizado más o menos ocho días después (del asesinato) para ver las redes sociales de Gerardo Nieto”.
De entre quienes fueron requeridos por los agentes ministeriales, destaca el caso de tres personas. Una de ellas habría declarado al principio de manera formal, aunque después y en más de una ocasión se le requirió sin que se sepa “si lo que dijo las otras veces consta en la averiguación o no, pero pasó a ser sospechosa por haber tenido diferencias con una persona cercana al periodista. Hasta le dijeron: ‘mejor ya dinos que fuiste tú, ¿o quieres tener más problemas?’. A esa persona, dijeron las fuentes, “desde entonces la empezaron a seguir los ministeriales” y no sólo eso, pues “hasta a los amigos que (el periodista) tenía en el PRI les empezaron a preguntar” por ese individuo. “Yo creo que hasta tienen intervenidos sus teléfonos”, aventuró uno de los consultados.
Otro caso es el de un hombre al que también “los ministeriales lo invitaron a declarar”. El señor accedió en una primera ocasión. “La segunda vez lo encontraron en la calle y le dijeron que si los acompañaba a sus oficinas (de la Policía Ministerial) aquí en Comonfort. Cuando se subió a la camioneta en lugar de ir adonde le dijeron, se dirigieron a San Miguel de Allende. Ahí lo metieron a un cuarto que sólo tiene una ventana arriba, enrejada, junto al techo, tan alta como para que nadie la pueda alcanzar”.
Esa persona estuvo ahí varias horas, sin comer. Le habrán permitido hacer una llamada, pero sólo “para decirles a sus familiares que estaba bien. Los ministeriales le dictaban lo que tenía que decir por teléfono. A él le mostraron fotografías, un video en el que aparecía una persona en bicicleta que pasaba en la calle frente a la plaza Nuevo Siglo y la gasolinera. Y durante esas horas lo presionaron para que dijera que él había sido, que porque había tenido un problema con Gerardo Nieto cuando se enteró de algo que había hecho (el periodista) que no le había gustado. Pero no aceptó. De hecho fue a ver a una licenciada de (la Procuraduría de) Derechos Humanos en Celaya que le contestó que eso ya era de denuncia penal, porque al no encontrar nada los del MP trataron de inculparlo”.
A este hombre, el segundo al que los agentes investigadores trataron de inculpar, le sigue un tercero. Este también habría sido llevado a San Miguel de Allende, donde los agentes lo presionaron para que se declarara culpable del asesinato. Como tampoco aceptó, al salir de las oficinas de la Subprocuraduría de Justicia uno de los agentes -que lo interrogó sobre Gerardo Nieto y su círculo de amigos cercanos- le habría confesado: “Está bueno, pero señala a alguien que lo que necesitamos es un culpable”.
Dentro de ocho días se cumplen cuatro meses del asesinato del propietario del único medio de comunicación que existía en Comonfort. El gobernador Miguel Márquez y el procurador Carlos Zamarripa Aguirre mantienen el silencio. Pareciera, como advierte José Antonio Nieto, que lo que se quiere es dejar este asesinato en el olvido. Un caso en el que la víctima, Gerardo Nieto, combinó durante años su vida como reportero con la actividad política en el Partido Revolucionario Institucional, organización a la que pertenecían el periodista, sus amigos más cercanos y sus adversarios en las lides en que se repartieron las candidaturas para el proceso electoral del 7 de junio.
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