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NO TODO ESTÁ PERDIDO
Agustín Galo Samario
Cuando se decidió intervenir, varios días después de la desaparición forzada en Iguala, Guerrero, de los 43 normalistas de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y los asesinatos de seis personas más, entre éstos los de tres estudiantes más, el gobierno federal prometió que la masacre no quedaría impune y los responsables serían llevados a juicio. Este domingo, al conocerse el informe rendido por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que echa abajo la “verdad histórica” que emitió la PGR en enero pasado, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, repitió la misma promesa. No hay una mínima variación ni el anuncio de la ampliación de investigaciones contra aquellos funcionarios que falsearon las primeras indagatorias.
Estamos, según lo relatado por el GIEI, ante un ataque masivo cuyos “autores materiales (…) tuvieron que ver con policías municipales, es decir, agentes del Estado”, que dejó “180 víctimas directas, la mayor parte son jóvenes, muchos son menores de edad. Entre ellas hay seis personas ejecutadas extrajudicialmente, más de 40 heridos, 80 víctimas que fueron perseguidas y sufrieron atentatos contra sus vidas, 43 normalistas que fueron detenidos y desaparecidos forzosamente, al menos hay 700 familiares directos que también han sufrido el impacto del miedo, del dolor y del trato recibido durante estos meses”.
Lo que ahora se sabe, sobre todo, es que la evidencia científica indica que los 43 normalistas no fueron incinerados en el basurero de Cocula, parte sustancial de esa verdad histórica difundida por la PGR. “No pudo hacerse”, “el grupo está convencido de que ese evento no ocurrió”, afirmaron los expertos.
No sólo se trata se errores en las indagatorias realizadas por agentes investigadores de la PGR. Es que el ex titular de esa dependencia, Jesús Murillo Karam, mintió en su verdad histórica; el secretario de Gobernación, dejó de cumplir con sus obligaciones de buscar que se aplique la justicia a los responsables de esta masacre; y el propio presidente Enrique Peña Nieto falló en su compromiso con los padres de los normalistas, ante quienes afirmó que se realizaría una investigación profesional y a fondo, y que no se escatimarían esfuerzos ni recursos para llegar a la verdad. En su conjunto, estos errores e incumplimientos afectan no sólo a las víctimas directas, los propios normalistas y sus familiares, sino a los mexicanos. Porque, simple y sencillamente, se trata de un caso en el que queda demostrado que ni siquiera con el compromiso directo del presidente de la República las instituciones del Estado responden a la obligación de procurar y garantizar justicia. La pregunta que resulta es obvia, básica: ¿Qué autoridades tenemos los mexicanos que se pueden inventar verdades históricas desde lo más alto de las posiciones del gobierno? O más aún: ¿los ciudadanos podemos confiar en este gobierno?
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