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Alfonso Díaz Rey*
Viernes 23 de abril de 2021
La corrupción no es privativa de una sociedad en especial o de un sistema social, económico o político; sin embargo, en las sociedades que se sustentan en la propiedad privada de los medios de producción fundamentales y la explotación del trabajo humano, en las que la ganancia y el lucro constituyen su objetivo principal, se crean condiciones y circunstancias que propician y promueven esa práctica antisocial.
Es por ello que en los países capitalistas se dan los mayores casos —en número, importancia y costo social— de esta práctica, que van desde la forma más encubierta, sutil y generalizada que es la explotación a quienes trabajan para cubrir su cotidiano sustento; o aquellas en las que desde puestos públicos, de alguna instancia de autoridad o simplemente la mayor capacidad económica, son empleadas para obtener beneficios ilícitos; o esas en las que la clase dominante utiliza al Estado para obtener enormes beneficios, que le permiten ejercer y prolongar su dominio sobre el resto de la sociedad.
Nuestro país, desde que alcanzó su independencia política de España, ha vivido en el capitalismo, solamente que en su forma más atrasada y descarnada: el capitalismo del subdesarrollo y la dependencia (ahora estructural), de modo que la corrupción ha estado presente durante toda su vida como país «independiente».
Pero llegó el neoliberalismo, versión del capitalismo en la que la acumulación de riqueza se da no solamente por la explotación del trabajo y otras formas de corrupción, sino mediante el despojo de bienes que otrora pertenecían a la nación o a comunidades y a la sobreexplotación del trabajo humano y la naturaleza; además, por si lo anterior fuera poco, construyó su «Estado de derecho» para legalizar y legitimar sus acciones.
Es en el neoliberalismo donde se alcanzan en nuestro país los niveles más altos, escandalosos y descarados de corrupción, con los que se llevó a cabo la privatización de los bienes propiedad de la nación, se precarizaron el empleo y los salarios, se desmanteló la seguridad social y se arrojó a la pobreza, e incluso a la miseria, a una parte considerable del pueblo. La otra cara de la moneda mostró el fortalecimiento de la oligarquía nativa y la aparición de supermillonarios «mexicanos» en las listas de Forbes.
La corrupción en y del sistema judicial desempañó un importante papel en el saqueo que se hizo al país durante los gobiernos neoliberales, sea por la validación de medidas y acciones violatorias de la Constitución y contrarias a los intereses de la nación, o por omisión en cumplimiento de funciones; en ambos casos propiciaron el cúmulo de fechorías que condujeron casi a la ruina a nuestro país.
Esta situación llevó al pueblo al hartazgo y en la elección federal del 1 de julio de 2018 votó contra los candidatos de la oligarquía, por una transformación del país.
Ahora, cuando desde el gobierno se intentan una serie de medidas para erradicar la desmedida corrupción que imperaba, y en no pocos casos aún impera, surgen defensores del Estado de derecho que crearon quienes saquearon al país, y miembros del sistema judicial se suman a esa «defensa».
Para quienes detentan el poder económico es vital conservar su Estado de derecho y mantener tal cual al sistema judicial. De ello depende en gran medida conservar ese poder y recuperar el control del gobierno, para hacerse del poder total.
La oposición a la ampliación del mandato en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene por objeto obstaculizar la lucha contra la corrupción en el Poder Judicial, como una forma de defensa de los intereses de la clase dominante.
¿Por qué no se manifestaron contra el Fobaproa, o contra los rescates bancarios, carreteros o de ingenios azucareros, o contra la privatización de áreas o actividades económicas estratégicas, o contra la legislación y medidas lesivas a los trabajadores y al pueblo?
Queda claro que las fuerzas de derecha, defensoras de los intereses de la oligarquía y de un estado de cosas que les permite vivir bien con el menor esfuerzo —y en no pocos casos sin ninguno—, continuarán obstaculizando cualquier intento de transformación que para ellos implique pérdida de privilegios o ganancias, y no cejarán hasta obtener el control total del país.
Por otro lado, creo, también queda claro que si el pueblo no se moviliza, organizada, consciente y solidariamente, para proponer e impulsar los cambios que se requieren en la búsqueda de una real transformación del país, los neoliberales muy probablemente retomen el gobierno y se inicie una etapa de revanchismo con la finalidad de recuperar y ampliar privilegios perdidos y, como consecuencia, los platos rotos los pagará el mismo de siempre: el pueblo.
* Miembro del Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Soberanía, en Salamanca, Guanajuato.
Foto de portada: Sociedad Interamericana de Prensa.
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