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Mariana Álvarez Orellana* / Estrategia
Lunes 23 de enero de 2023
La represión del ilegal gobierno peruano, que ya superó seis decenas de muertos, llegó al interior de las universidades como en tiempos de las dictaduras: la policía ingresó violentamente a la Universidad Nacional de San Marcos en Lima, la más antigua y grande del país, buscando intimidar a los estudiantes, que han respaldado las reivindicaciones campesinas y populares.
El gobierno publicita que respeta el derecho a la protesta, pero en realidad la criminaliza y la reprime de forma mortal. La intervención policial en la Universidad de San Marcos busca intimidar y desmovilizar a los numerosos pobladores que han llegado a Lima desde distintas regiones para protestar en la capital, donde el jueves y viernes hubo masivas movilizaciones que fueron sometidas y dejaron más de 60 detenidos.
El gobierno expresa a balazos un desprecio contra las poblaciones andinas, víctimas del racismo y la marginación de las elites y ahora epicentro de las mayores protestas. La indignación también crece por un discurso oficial que felicita a las fuerzas de seguridad que disparan a manifestantes y que acusa a quienes se movilizan en las protestas de terroristas o de estar pagados para manifestarse.
Las voces exigiendo la renuncia de la mandataria no solamente no se han apagado por la brutal represión, sino que suben en cantidad e intensidad. «Boluarte encarna la tiranía de la ignorancia. Su comportamiento es sumamente despótico y su nivel de conocimiento del país y de la política es bajísimo. Su renuncia es la salida mínima para que la situación pueda tranquilizarse», señaló el el sociólogo Carlos Reyna.
Es muy difícil precisar qué tan cerca puede estar eso, pero en cualquier momento su gobierno puede colapsar porque está muy resquebrajado por las muertes y por su reacción encubridora y defensora del desempeño de las fuerzas armadas y policiales, a las que después de tantas muertes ha sacralizado diciendo que han tenido un comportamiento ‘inmaculado’, lo que revela la mente extraviada de esta señora, añade.
La prensa oligárquica apoya la represión (y más). Perú 21 señala, por ejemplo, que el exprimer ministro «scar Valdes – un empresario, militar en retiro y político, presidente del Consejo de Ministros y como ministro del Interior durante el gobierno de Ollanta Humala- habla sobre la falta de firmeza y la actitud blandengue que, según dice, ha evidenciado el gobierno de Boluarte en estos escasos 46 días. Además, reclama el apoyo político a las fuerzas del orden.
«Las cosas hay que tomarlas con la seriedad debida y no tener actitudes blandengues y estar llorando los muertos, porque acá lo que se tiene que hacer son investigaciones sumarias; deberíamos ya tener resultados. ¿Qué pasó con los 50 muertos? ¿Fueron realmente por acción de la Policía o de aquellos que entraron por el sur desde Bolivia? No puede ser que 20 mil o 30 mil que protestan a nivel nacional estén sobre la voluntad de 33 millones de peruanos».
Adiós a la autonomía universitaria
El sábado, por tercer día consecutivo, los manifestantes tomaron el centro de Lima. Asimismo, han intentado tomar aeropuertos y atacaron comisarías, oficinas públicas y algunas empresas privadas. La respuesta represiva tirando a matar ha sido brutalmente excesiva. El Ejecutivo, la mayoría de derecha del Congreso y los medios, pretenden generalizar esas acciones como de «terroristas» para desacreditar las protestas y justificar la represión.
En ese contexto, el Alto Representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, condenó la violencia y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las corporaciones de seguridad en respuesta al repudio social contra el gobierno.
Mientras, la indignación por la violencia letal de agentes de seguridad ha multiplicado las protestas que exigen la renuncia de la presidenta encargada Dina Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones para este año, un referéndum para una Asamblea Constituyente y sanción para los culpables de las masacres. El gobierno de Boluarte tiene la terrorífica estadística de más de un muerto por día.
Varios sectores también demandan la libertad del depuesta presidente Pedro Castillo, preso por el gobierno ultraderechista.
Odio a los estudiantes y campesinos
La derecha volvió a poner en evidencia su odio a los estudiantes y a los campesinos. La incursión en las universidades se realizó con la excusa de detener a quienes desde distintas regiones, especialmente andinas, han llegado a la capital para sumarse a las movilizaciones antigubernamentales de los recientes días en la llamada toma de Lima.
Estaban alojados en el recinto desde hace tres días. Los estudiantes les abrieron las puertas pese a la oposición del rectorado. Una tanqueta derribó una puerta de rejas y un numeroso contingente policial irrumpió. Hubo más de 200 detenidos. Los policías armados con fusiles también acometieron la residencia universitaria.
Congresistas de izquierda llegaron hasta el campus para ver la situación de estudiantes y pobladores alojados ahí, pero las fuerzas de seguridad los desconocieron, les pasaron por encima y no los dejaron entrar. También impidieron el ingreso de abogados que iban a asistir a los detenidos.
La crisis se agudiza, las protestas en distintas regiones continúan y la represión sobre la que se sostiene el gobierno de Dina Boluarte y José Williams sigue matando. El sábado murió en Puno un poblador que había sido herido de bala el viernes. Ya son 46 los muertos confirmados por disparos de policías y militares desde que se iniciaron las protestas en diciembre, siete de ellos adolescentes.
La cifra global de fallecidos durante las protestas alcanza las seis decenas con las muertes por causas relacionadas por los bloqueos de vías, como no poder llegar a un centro médico. Y hay cerca de un millar de heridos.
Williams, otro fascista
Si renuncia Boluarte, la remplazaría el presidente del Congreso, un general retirado de ultraderecha: José Williams, acusado de violaciones a los derechos humanos. Esto amenaza con profundizar el autoritarismo puesto en marcha por Boluarte. Por eso, las demandas populares también exigen la renuncia de Williams, pero la mayoría derechista que controla el Congreso sostiene a Williams.
Williams que reemplazaría a Boluarte si la presidenta renuncia, tiene un oscuro pasado como milita represor y atentatorio contra los derechos humanos. Fue procesado, pero absuelto en un cuestionado fallo judicial por la matanza de 69 campesinos en la andina región de Ayacucho.
En agosto de 1985, durante el conflicto armado entre el Estado y el grupo maoísta Sendero Luminoso, Williams era oficial del ejército en Ayacucho, el epicentro de ese conflicto, cuando el ejército masacró a la comunidad campesina de Accomarca.
En esa oportunidad, los militares sacaron a los pobladores de sus casas, las mujeres fueron violadas y los hombres golpeados. Después metieron a todos a una de las pequeñas casas de adobe y piedras y los acribillaron. Terminaron la matanza arrojando una granada a la casa.
Obviamente, el jefe de patrulla que cometió la matanza, el subteniente Telmo Hurtado -«el carnicero de los Andes»- estaba bajo órdenes de Williams. Recién en 2016 diez militares fueron sentenciados a penas entre 10 y 25 años, pero solo Hurtado está en prisión. La sentencia determinó que el crimen había sido por una orden superior que respondía a un plan militar. Williams era uno de los oficiales que planeaban esas operaciones.
En el proceso judicial, Hurtado dijo que su superior Williams le ordenó no dar cuenta por escrito de las víctimas. Años después, encabezó el operativo militar que en abril de 1997 atacó la residencia del embajador de Japón que cuatro meses antes había sido tomada por un comando del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) que mantenía 72 rehenes.
El operativo terminó con 71 rehenes liberados y un rehén, dos militares y los catorce emerretistas muertos. Un diplomático japonés que estaba como rehén denunció que uno de los emerretistas fue detenido vivo por el comando militar que dirigía Williams apareció muerto con un balazo en la cabeza.
Hoy el asesino Williams es legislador del partido ultraconservador Avanza País, aliado en el Congreso del partido fujimorista Fuerza Popular y de la agrupación fascista Renovación Popular.
*Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico.
Fotos de portada e interiores: Estrategia.
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