SOMOSMASS99
Oscar Alzaga*
Jueves 15 de septiembre de 2022
La ley ha sido siempre mi espada y mi escudo.
– Benito Juárez. 1865.
A un sindicato independiente, como el Minero, que hace huelgas, logra aumentos salariales arriba del 8% y que la negociación colectiva la decide la base por mayoría, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) le niegan el acceso a la justicia laboral en varios casos. Ahora en Teksid (filial de Fiat) con más de mil obreras y obreros quienes iniciaron su lucha en 2014 y el gobierno de Peña Nieto alargó otorgar el recuento hasta el 28 de junio de 2018, mismo que ganó el Sindicato Minero a la CTM, por voto secreto, así como la titularidad del contrato colectivo de trabajo (CCT).
Ese triunfo le tocaba cumplirlo a la JFCA nueva en diciembre de 2018, pero lo alargó 4 años; la presidenta (a quien propuso Arturo Alcalde, ya que ni Luisa María ni AMLO la conocían), en los hechos, retuvo el triunfo pese a que la Suprema Corte falló a favor del Minero en 2021; siguió congelado. Por eso el Minero recurrió al Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC, para obtener el cumplimiento del triunfo y sacar a la CTM. Cuatro años transcurrieron para que las y los obreros de Teksid lograran el acceso a la justicia, frenado por la JFCA y STPS.
En este 2022, cuando aún no se aplica la resolución de la Suprema Corte en Taksid, la JFCA y la STPS aceptaron el 30 de junio una demanda nueva de la CTM contra del Sindicato Minero, por la titularidad del CCT, y fijan como fecha del recuento el 19 de septiembre, ¡a menos de 3 meses! Un ultra rápido apoyo a la empresa trasnacional y a la CTM. Para ellos sí hubo acceso a ¡una transa inmediata!
La lucha de 8 años de las y los obreros de Teksid, hizo fama pública que la CTM de Tereso Medina en 22 años nunca realizó una asamblea sindical; nunca entregó el CCT a los sindicalistas para que no conocieran sus derechos; siempre empresa y sindicato negociaron el CCT a espaldas de las y los obreros; siempre se reeligió el líder y secuaces a espaldas de las y los sindicalistas. Y la empresa logró bajísimos salarios y prestaciones, negó utilidades, etc. El CCT de Teksid pasó años y años sin revisar ni actualizar. ¡Era un paraíso empresarial!
Esa “justicia” empresarial y antisocial la impulsan la STPS y la JFCA, en contra de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo (LFT). La STPS lo hace por la tradición en el país de que el Ejecutivo intervenga en las Juntas y por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el artículo 40 lo determina: “I. Vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el artículo 123 y demás de la Constitución Federal, en la Ley Federal del Trabajo y sus reglamentos”. Y “VIII. Coordinar la integración y establecimiento de las Juntas Federales de Conciliación, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y de las comisiones que se formen para regular las relaciones obrero patronales que sean de la jurisdicción federal, así como vigilar su funcionamiento.”
Por su parte, el art. 120 de la Constitución señala: “Los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas están obligados a publicar y hacer cumplir las leyes federales”. ¿Qué tanto ha hecho la STPS por aplicar la Constitución y las leyes federales? En el caso de la JFCA es fama pública y fácil de comprobar que después de 4 años sigue igual, como era en los gobiernos de Fox, Calderón y Peña: una Junta de Protección Patronal. ¿Cuándo hubo una campaña similar en la JFCA para erradicar la corrupción, como la que hizo y hace AMLO? En definitiva, Arturo Alcalde decidió que la JFCA siguiera igual que antes, a favor de la patronal.
Al proponer el senador Gómez Urrutia la reforma laboral contra la subcontratación (outsourcing) en 2020, cerraron filas la patronal, la STPS y Monreal en contra de la reforma, logrando congelar la iniciativa un año. Hasta que AMLO la retomó y la impulsó, entonces la STPS la “apoyo”, la que se encargó aplicar a 6 autoridades por lo cual en menos de un año avanzó en legalizar a 4 millones de trabajadores. En cambio, la reforma por la libertad sindical de 2019 lleva paso de tortuga. ¿Se cumplirá en el presente sexenio?
En el congreso de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), el 17 de febrero de 2020 en la Arena México, Ricardo Monreal, Luisa Alcalde y Pedro Haces, el líder sindical, invitaron a López Obrador, al lanzamiento de la “nueva” central, al “modelo sindical” que Monreal y Alcalde apoyaron. Muy plural el congreso, invitaron a representantes patronales, de Televisa, PAN, PRI y Morena. Después, aprovechando sus bases y al viejo estilo del PRI, CATEM y Ricardo Monreal impulsaron al partido Fuerza por México; sin embargo, fracasan al no alcanzar el 3% de la votación en 2001 y pierden el registro del partido, en el que tenían lugar reservado al aspirante a la presidencia: Monreal.
Cuando el presidente dejó en manos de la STPS el rescate de los 63 mineros de Pasta de Conchos, ante la falta de respuesta tuvo que cambiarla por la CFE. Lo mismo ocurrió con la “Justicia para Cananea” encargada a la STPS, que el 11 de noviembre de 2021 organizó la reunión en Cananea con AMLO, y sentó en la misma mesa al representante del oligarca Larrea y al presidente, excluyendo al Sindicato Minero y a la huelga de 15 años de la “Justicia para Cananea”. En la lucha de los mineros de Cananea tuvo que entrar la secretaría de Gobernación a dialogar para buscar una solución que la STPS no pudo o temió buscar.
No muy diferente fue el asunto de los 9 mil jubilados del SME, a los que AMLO reconoce su derecho, y la STPS guardó silencio cuando AMLO entregó las 9 mil jubilaciones a los 4 exsecretarios generales encabezados por Rosendo Flores -y no a Martín Esparza el secretario general del SME-. Una semana después, la STPS fue a una asamblea de Martín Esparza. Se entiende que AMLO castigó a Esparza por asociar al SME con una empresa trasnacional, en contra del nacionalismo eléctrico del gobierno federal.
¿Por qué tuvieron que acudir tantos sindicatos independientes al T-MEC para lograr una solución concreta y rápida de sus luchas por la libertad sindical? ¿Por qué tuvo que haber tres votaciones en General Motors, después de que la CTM suspendió dos, sin autoridad que pusiera el orden? ¿Por qué dejó la STPS la elección petrolera en manos de los charros, acaso tiene confianza en su honestidad? Todo esto viene al caso porque ahora todo el mundo del medio laboral se pregunta:
¿Podrá la STPS aplicar la reforma laboral de 2019 en este sexenio?
Yo no reconozco otra fuente de poder más que la opinión pública. Mi afán será estudiarla, mi invariable empeño sujetarme a sus preceptos.
– Benito Juárez. 1861.
Es fama pública lo atrasado que va la aplicación de la reforma laboral del 1 de mayo de 2019, sobre la libertad sindical -ni más ni menos-, que hasta ahora se ha quedado en el papel, nadie la cumple ni la STPS desempaña su papel de “cumplir y hacer cumplir la Ley”. La STPS quiere que los trabajadores y los sindicatos tomen la iniciativa para que la hagan cumplir. ¿Quién, la CTM, la CATEM, el STPRM y otros? ¡Los mismos que se han opuesto a la libertad sindical, con amparos y en los hechos!
Hasta donde ha informado la STPS, en 3 años y 4 meses aún no llegan al 2% los CCT legitimados por la mayoría de los trabajadores; la modificación de los estatutos sindicales conforme a la nueva LFT está peor, solo existe la promesa de aquellos que han hecho un trámite con los estatutos, no se les pide más que la promesa o la simulación; la libre negociación colectiva no existe para la mayoría de los sindicatos, se sigue haciendo a espaldas de los trabajadores; y la elección de los líderes ¿ya se hace por voto secreto en la CTM, CATEM, etc.?
En el capítulo 23 del T-MEC se estableció el compromiso de México de realizar una amplia campaña pública de concientización de trabajadores y patrones a favor de la libertad sindical. ¿Quién tiene que hacer la campaña: la STPS o “el mecanismo de respuesta rápida” y las embajadas de Canadá y Estados Unidos?
En resumen, la reforma laboral fracasó, no va a cumplirse al paso que lleva la STPS. Por su parte, el Centro Federal de Conciliación y los tribunales judiciales del trabajo tampoco lo harán, al menos en este sexenio, menos las Juntas de Conciliación y Arbitraje, sean estatales o Federal. Ojalá el presidente López Obrador lo sepa y no tenga que reconocerlo tiempo después, como le ha ocurrido en otros casos.
* Abogado del Sindicato Minero y la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), y la Asociación Internacional de Juristas Democráticos (AIJD).
Foto de portada: El Siglo de Torreón.
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