La sentencia para Castillo

En Honduras la justicia es así como la describió el licenciado Tonny Hernández Alvarado, el gran narcotraficante hondureño juzgado como terrorista traficante de armas y de influencias, sentenciado en Nueva York en marzo pasado.

“Nosotros solicitamos que mi abogado hable con los testigos que ustedes tienen aquí para organizar bien mi defensa”, expuso Tonny. No señor, le dijo el juez Castel, aquí lamentablemente para usted la justicia no funciona de ese modo interrumpido. Aténgase a las consecuencias. ¡Venga la sentencia!

El oficial de fuerzas especiales, David Castillo, formado en Estados Unidos, escuchará el fallo que debe ser condenatorio según el clamor general de la familia Cáceres, de las comunidades indígenas lencas y de la sociedad hondureña consciente.

Castillo intentó venderse durante el juicio como amigo personal de la víctima, quien siempre lo identificó como su persecutor, vigilante y enemigo de muerte. Y así fue testificado por las hijas de Berta y por su madre, Austraberta, quienes no vacilan en señalarlo culpable, junto al racimo de Atalas que forman la trama infernal.

Formado en diferentes trucos de cálculo, el peligroso militar usaba lenguaje lúdico, de seducción y de negociación con quien sería su víctima mortal. En más de una ocasión, Castillo propuso sobornos millonarios a cambio de abandonar la oposición a DESA sobre el río Gualcarque. La respuesta fue siempre la misma: ¡jódase!

Los verdaderos autores

Los Atala, por su parte, desde su posición de dueños del negocio, impunes señores conectados a las secretarías de seguridad y defensa, intentaron varias argucias en vida y aún después de la muerte de Berta.

Una de las primeras acciones realizadas en 2014 fue sobornar la municipalidad de San Francisco de Ojuera en Santa Bárbara para mover el campamento de DESA a sus linderos, aguas abajo de Río Blanco, alegando que son territorios campesinos y no ancestrales.

Ese argumento falso es sin embargo el mismo que repite la empresa privada fascista y racista, y el que alegó sin éxito el Estado de Honduras en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el juicio por tierras garífunas de Barra Vieja, en 2015.

En aquellos mismos días, los militares y policías que controlaban un retén en Zacapa le implantaron a Berta un arma de fuego en su vehículo para luego criminalizarla en tribunales de Santa Bárbara.

Por su parte, la empresa de los Atala, con el respaldo ideológico y político del COHEP y la Cámara de Comercio, pagaba una compañía de publicidad propiedad de uno de los periodistas de la lista Hermes, para debilitar el perfil de la lucha lenca.

Esa firma publicitaria presentaba personas disfrazadas de indígenas pontificando a favor de la empresa que destruía el río sagrado. Esa misma compañía entrevistaba con frecuencia a la señora Aline Flores, para criminalizar la lucha de Berta y de su pueblo, entre otras actividades de manipulación de opinión pública.

La familia Atala contrató además a un escribidor mercenario para producir un mamarracho literario sobre la vida privada de la líder del Copinh, en un intento postmortem de consolidar las hipótesis perversas del general Pacheco y sus acólitos, que inducían a los jueces hacia teorías conspirativas que apartaran a FICHOSA y a sus ejecutivos de este abominable crimen.

El redactor de marras inclusive hizo un pequeño show de abandono del país por temor a represalias tras su bestseller de cuchicheos de oreja, intentando la muerte moral como estrategia militar. Aquello fue burdo como efímero, murió sin siquiera nacer.

Desde la cúpula del Banco Centroamericano de Integración, asaltado por los Atala, los conspiradores han intentado inclusive campañas de ablandamiento en los bancos europeos de Alemania, Holanda y Finlandia, para continuar con sus financiamientos de muerte dentro de los territorios intocables de los pueblos indígenas.

Al menos por ahora, eso no será posible en el río Gualcarque debido a la tesonera incidencia internacional del Copinh y sus aliados.

De conspiraciones y otros sucesos

Regresando a David Castillo, una sentencia en su contra será el principio de un proceso penal que deberá conducir obligatoriamente al enjuiciamiento de Daniel, José Eduardo, Pedro y Jacobo Atala Zablah, integrantes de la junta directiva de DESA que participaban en la coordinación de las acciones con Bustillo y Castillo, como se refleja en sus comunicaciones internas aportadas al juicio.

Esta es la verdad. Castillo tenía poder como militar directivo, pero los Atala son los dueños de la empresa que todavía no termina de retirar sus máquinas del río en un embuste característico de los colonizadores violentos. Ese lugar deberá ser convertido en un museo de la resistencia indígena lenca liderado por la mujer del río, la inmortal Bertita Cáceres.

Como es previsible, la sentencia del lunes será presentada el martes por los periódicos como el castigo al autor intelectual del crimen de Berta Cáceres. ¡Sentenciado autor intelectual del crimen de Berta Cáceres!, dirán Facussé y Canahuati. Pero nosotros y la familia Cáceres diremos una vez más: Castillo fue el ejecutor material del plan que condujo al crimen. Los intelectuales que incitaron y pagaron aún faltan. Faltan los Atala.

Y en un sistema de derecho, la sentencia a Castillo debe conducir también a la sentencia moral de las fuerzas armadas que imponen con armas el extractivismo, los monocultivos, las energías sucias y los parques eólicos y fotovoltaicos en territorios autóctonos, sin permiso de las primeras naciones de Honduras. Y este juicio debe conducir a Juan Orlando Hernández, que protegió a los Atala hasta nuestros días.

Por culpa de estos actores, los diez pueblos originarios del país enfrentan hoy la nueva agresión racista, fascistas y sionista de ciudades modelo, de minerías a cielo abierto y el saqueo de sus bosques primarios. Pero esta noche les decimos: no están solos. Esta sentencia del lunes continúa el largo camino de resistencias ancestrales que Berta había retomado de Barauda, de Satuyé, del Tata, de Sicumba y Etempica.

Un día, en el baile sagrado de las máscaras, estos que ahora ríen serán quemados conscientemente por el fuego sagrado. Así ocurrió esta semana en la ciudad de Lytton, Columbia Británica en Canadá, según relatan las agencias internacionales de noticias.

Leyton, dentro de la gran provincia fronteriza con Estados Unidos, vivía beneficiada por décadas de explotación de represas hidroeléctricas, minas de cobre y zinc, tala de bosques milenarios, extracción de carbón, gas natural y petróleo, pero el miércoles de esta semana sufrió temperaturas de 49,6 grados centígrados y el 95 por ciento de la ciudad fue consumido por los incendios.

Esto es lo que no quieren entender los empresarios, acostumbrados al pisto fácil, que además entran por la fuerza a los territorios que por siglos han cuidado los pueblos originarios.

La sentencia para Castillo debe ser tomada además como una sentencia contra este sistema insaciable, y como una oportunidad para la sociedad hondureña que, siguiendo los sueños de Berta, debe ser rescatada de los miserables asaltantes narcolavadores que la tienen atrapada de la garganta.

Foto de portada: Copinh.