SOMOSMASS99
Oscar Alzaga*
Martes 4 de mayo de 2021
Cuando en 1992 el PRI reformó la Constitución para dar entrada a los derechos humanos, realizó una vil simulación: que la opinión pública viera que las cámaras -diputados y senadores- aprobaban la reforma a favor de la ciudadanía, ocultando que era sin un impacto real en la sociedad y el Estado, porque a la reforma no se le dotó de fuerza vinculatoria que obligara a la autoridad a cumplirla. Así, la autoridad responsable podía incumplir con los derechos humanos ciudadanos, sin que la ley la obligara, como resultado de la simulación ladina.
La iniciativa de Salinas se publicitó ampliamente a favor de los derechos humanos, cuando en realidad era para cubrir un requisito para la firma del TLCAN: incluir los derechos humanos en la Ley Suprema, surgidos en 1945 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que las naciones miembros de la ONU se obligaban a hacerlo.
Además, la reforma al artículo 102, apartado B, de la Carta Magna, excluyó los derechos laborales y los electorales porque iban contra las prácticas neoliberales: los fraudes electorales, la corrupción sindical y la opacidad de la verdad. Así, las comisiones -nacional y estatales- de derechos humanos sólo hacen recomendaciones, nada obligatorias. Sólo sirve la información documental que contienen del gobierno. En el fondo lo que le interesaba al presidente era el negocio del TLCAN, entre millonarios y gobiernos cómplices que entregaban el país.
El TLCAN fue un engaño más. Los acuerdos paralelos (para lelos) en materia laboral y ambiental incluidos a última hora, fueron, de 1994 a 2018, una promesa incumplida: daban entrada a las quejas laborales y ambientales de los tres países, pero ninguna llegó a la etapa final de resolución y castigo. Se protegió al capital, no al trabajo ni a la naturaleza.
En 2011 se reformó el artículo 1 de la Constitución -sin publicidad ni información- dando entrada, ahora sí, a los derechos humanos por primera vez. No por iniciativa del Ejecutivo ni el Judicial ni Legislativo, sino por indicación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que se desprendió del caso de Rosendo Radilla, la desaparición del maestro por el ejército en 1974, del que en 37 años el Estado mexicano nunca pudo dar cuenta ni informar de modo legal y racional.
Por eso el Estado y el gobierno en turno fueron obligados a reformar el artículo 1 de la Ley Suprema y dar entrada a los derechos humanos y a los nuevos principios de la Constitución: universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad, y elevar los tratados internacionales y sus jurisprudencias al mismo nivel que la Constitución, e incluye la prohibición total de la discriminación por cualquier motivo, lo que inmediatamente incumplieron los gobiernos de Calderón y más aún el de Peña Nieto con las reformas regresivas e inconstitucionales de la Ley Federal del Trabajo de 2012, la reforma educativa de 2013, la energética, etc. Todas las que pactaron PRI, PAN y PRD con el “Pacto por México”, incluido el fraude electoral de 2012.
El 24 de febrero de 2017 se reformó el artículo 123 constitucional para dar entrada a la libertad sindical y para pasar los tribunales del trabajo del poder Ejecutivo al Judicial; tan linda iniciativa de Peña Nieto en realidad era para cumplir con un requisito del Tratado Transpacífico. Tan fue así que la reforma de la ley reglamentaria no se hizo de inmediato, tardó un año. Pero al iniciar 2018 se pelearon el PRI y el PAN por el segundo lugar a la presidencia de la República para ver cuál de los dos encabezaría el fraude de 2018; el otro sólo apoyaría para la obtención de ese cargo. Así, el PRI presentó solo la reforma de la ley reglamentaria (sin el apoyo del PAN ni del PRD), arrastró a la CTM y la CROC a apoyar “la peor reforma de la Ley Federal del Trabajo de toda la historia”, que fue rechazada por los trabajadores y ciudadanos que votarían por el cambio en 2018.
Desconfiando del cambio de 2018, el sindicato telefonista presentó su proyecto de reforma laboral con el PRD; el SME, por su lado, apoyó a EZLN y su candidata. Sólo el Sindicato Minero apoyó a AMLO.
La simulación y la mentira de los gobiernos neoliberales se convirtió en el lenguaje de la política nacional. Dejó de ser la de 1940 a 1982, la de verdades a medias y demagogia del PRI. Aquel nacionalismo y soberanía a medias lo mandaron a volar; abiertamente asumieron la dependencia, la rectoría del Estado en la economía la sustituyeron las libres leyes del mercado y la competitividad en manos de la iniciativa privada. Y entregaron el país a la oligarquía nacional y extranjera.
La simulación y la mentira ha sido el lenguaje de los conservadores y de la derecha, de los Iturbide, Santa Anna, Miramón y Mejía, de la dictadura porfirista y otros. Pero viene de antes, es propiamente una herencia de la España medieval, la conquista y la colonia, de aquellas instituciones políticas y jurídicas de “obedézcase, aunque no se cumpla” del siglo XIV; de aquella máxima del Virrey marqués de Croix, de 1767: los pueblos “nacieron para callar y obedecer y no para discurrir en los altos asuntos del gobierno”. Con la primera, en la Nueva España las Leyes de Indias no se cumplían y cada dueño de minas o encomiendas tampoco cumplía las ordenanzas de trabajo de “mando y obediencia”; trataban como esclavos a los trabajadores de minas o el campo. Con el segundo mandato era igual o peor, era negada cualquier libertad y la discriminación era un arma cotidiana para los supremacistas de la península, pues bastaba que un hijo de españoles naciera en una colonia para que ya no fuera español sino criollo, sujeto inferior en todo, lo que desde luego era mucho peor para los mestizos, indios y negros.
La oligarquía de hoy es una digna heredera de los conservadores de antes y los primeros abanderados del neoliberalismo, pero ella, más ladina, no da la cara, pues utiliza a los demás para imponer sus intereses, posiciones y privilegios: usa los medios, radio y TV, las redes sociales, etc., usa los sindicatos charros y patronales, los partidos, sus cámaras patronales y grupos de poder, a personas del gobierno, de los poderes legislativo y judicial. Esa oligarquía cuida su prestigio público y sus miembros evitan ser identificados como lo que son: los únicos que ganan en la pandemia y se enriquecen a costa del trabajo de la mayoría del pueblo.
Por eso la 4T está aun lejos de desterrar el neoliberalismo, lo que no niega varios avances importantes, pero el enemigo del pueblo y los trabajadores, la oligarquía nacional y extranjera, avanzó como nunca con los gobiernos neoliberales, a la par que debilitó la democracia, la política social y la libertad sindical.
* Abogado, miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas.
Imagen de portada: De izquierda a derecha, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderín y Carlos Salinas de Gortari. | Foto: CRTM.
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