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Alfonso Díaz Rey*
Viernes 20 de octubre de 2017
La respuesta popular al fraude electoral de 2006 puso en alerta al grupo en el poder y a los estratos altos de la burguesía mexicana para evitar futuras manifestaciones de descontento que se reflejaran en intentos de organización que pudieran afectar su control en los terrenos político, económico e ideológico. Una de las formas en que enfrentaron esa respuesta fue la violencia impuesta por el Estado.
La guerra contra una de las ramas del «crimen organizado» (la otra es, quizá más organizada y criminal, la que actúa desde diferentes posiciones del gobierno y del Estado) y contra el narcotráfico, en el contexto de la Iniciativa Mérida (Calderón-Bush, 2007), funcionó como un elemento clave para aplicar la doctrina del shock a nuestro pueblo y mantenerlo en constante conmoción, aterrorizado y preocupado por su seguridad, no obstante los graves y añejos problemas que padece debido a la pobreza, el desempleo, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, el despojo y la explotación, por mencionar algunos de los que contribuyen a mantener ese estado de conmoción.
Esa guerra iniciada por Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto, ha significado para el país decenas de miles de muertos y desaparecidos, además de los daños emocionales y pérdidas materiales que ha ocasionado, sin afectar significativamente a quienes combate.
Contra lo que establece la Constitución mantienen en las calles a las fuerzas armadas y pretenden que la población perciba esta situación como algo normal y se acostumbre a la presencia de los militares en la vida civil cotidiana. Para dar visos de legalidad a tal situación les urge la aprobación de la iniciativa de ley sobre seguridad interior.
En el contexto de esta política de violencia se dieron las (contra) reformas que la oligarquía nativa y la internacional reclamaban a los neoliberales, con las que casi concluyen la entrega del país al gran capital.
Y como el descontento popular va en aumento, igual que el descrédito de quienes gobiernan con anuencia de los que realmente mandan, para que estos últimos permanezcan en el poder sin mayores contratiempos, requieren que los primeros, los del gobierno, conserven la línea seguida desde hace más de tres décadas y mantengan listos todos sus mecanismos de control y de represión, por si fueren necesarios.
Por esa razón, el gobierno prefiere destinar grandes recursos a la adquisición de armamento militar en lugar de atender los graves problemas sociales; dilapida importantes cantidades de dinero público en propaganda y programas clientelares para asegurar votos a favor del sistema y reprime, selectivamente, a los sectores más concientes de la población por las manifestaciones de descontento que su política genera.
Al mismo tiempo, preparan el fraude para asegurar la siguiente elección a nivel federal. Se sienten seguros porque en el 2012 la respuesta popular al fraude electoral fue considerablemente de menor intensidad que seis años antes y, además, han adecuado la legislación electoral para obtener los resultados por ellos deseados.
Sin embargo, saben que no las tienen todas consigo: el enorme descrédito por la corrupción en todos los niveles de gobierno; la montaña de promesas incumplidas desde que nos vendieron la «modernidad» y la «globalización» como los caminos para convertirnos en país de «primer mundo»; la brutal violencia desatada contra el pueblo durante los dos últimos periodos presidenciales; y la evidente incapacidad para el manejo razonable de situaciones como las que provocan algunos fenómenos naturales, son algunas de las gotas que llenaron y comienzan a derramar el tanque del descontento popular.
Por el otro lado, el de nosotros, el pueblo, el problema no es sencillo. Si algo caracteriza a nuestra sociedad es la dispersión, la falta de unidad y acuerdos, la desorganización y, en general, la carencia de un elemento capaz de cohesionar a múltiples esfuerzos que no obstante la validez de sus propuestas y metas, no hemos sido capaces de establecer un objetivo común, al margen de diferencias de orden secundario y aún menor, para caminar y desplegar el esfuerzo que juntos y unidos nos llevaría a lograr un cambio en bien de la mayoría de nuestro pueblo.
Las condiciones del país y del pueblo exigen buscar y encontrar ese camino. Si deseamos erradicar la violencia y todos los problemas que mantienen al pueblo en un estado de conmoción permanente, y al mismo tiempo son sustento de los mecanismos de control del grupo en el poder, habrá que desarrollar un esfuerzo notable para revertir la dispersión, la falta de unidad y la desorganización.
La coyuntura electoral próxima puede ser propicia para intentarlo.
* Alfonso Díaz Rey es miembro de la Constituyente Popular Ciudadana y del Frente Regional en Defensa de la Soberanía de Salamanca, Guanajuato.
Foto de portada: Tercero Díaz / Cuartoscuro.
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