SOMOSMASS99
Rigoberto Beltrán Vargas* y Perla Raquel García Pérez
Viernes 15 de julio de 2022
En 2017 México fue nombrado uno de los 10 lugares de conflictividad más volátil en el mundo, equiparable con países abiertamente reconocidos en conflicto armado. El Grupo Internacional de Crisis, El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos y la propia Organización Mundial de la Salud, lo reconocieron así porque en este país acontecen cada día numerosas muertes de forma violenta, 63 cada día, una cifra altísima.
Hoy en México la disputa de mercados ilegales incluyen por igual en sus transacciones armas y drogas… ; la debilidad institucional para ser frente al estado de vulnerabilidad creciente de cientos de civiles que están pagando el precio de vivir en un contexto equiparable de guerra, han obligado a proponer rutas alternativas para responder a un conflicto que viene lastimando profundamente.
Durante la última década, México ha sido llevado a una profunda crisis de violencia. Como consecuencia algunas regiones del país han sufrido graves deterioros de las condiciones de vida de sus habitantes.
Esta crisis de inseguridad y violencia, inicialmente concentradas solo en algunas regiones y que se manifestaba principalmente en homicidios, pronto se extendió en geografía y formas diversas, hasta llegar a más regiones y se materializó en otras formas de violencia, como el secuestro y la extorción, tráfico de personas, desapariciones y en una amplia lista de crímenes y por lo mismo victimizaciones.
Como consecuencia, la ola de muerte y criminalidad ha dejado una estela de miles de víctimas directas e indirectas, con diversas secuelas psicológicas, sociales, económicas, morales, con reclamos ignorados de justicia y verdad.
La violencia deja a comunidades desarticuladas por la desconfianza y el miedo, a una población que se sabe vulnerable y amenazada tanto por el crimen organizado como por las débiles, corruptas y violentas instituciones del Estado incapaces de proporcionar seguridad e impartir justicia.
Este panorama ha generado en muchos lugares una sensación de impotencia y desesperanza entre personas e instituciones.
Debido al crecimiento acelerado de las ciudades, los altos niveles de desigualdad, la desintegración familiar, el débil sistema de educación, un sistema de justicia muchas veces injusto y parcial, el miedo se ha apoderado desgraciadamente de la vida de las comunidades.
Sin embargo en este contexto han nacido respuestas, proyectos y actividades que nos dan la oportunidad de poder analizar los hechos, lo que se está organizando en algunas comunidades con el propósito de encontrar rutas que nos acerquen a unir esfuerzos en el país.
El caso de los asesinatos de dos sacerdotes jesuitas y el guía de turistas Pedro Palma nos lleva a uno de los últimos casos de violencia en el país. La abogada Magdalena Gómez, muy conocedora de esta realidad, la describe así: “Corrupción de las autoridades, gobernadores indígenas manipulados, erosión de los mecanismos tradicionales, el narco (siembra, tráfico y consumo), el ejido y programas del gobernó utilizados para dividir así como partidos políticos o religiones; militarización y presencia de grupos armados, presencia clandestina y consumo de drogas y alcohol, falta de empleo y por ello migración, desintegración familiar y conflictos de identidad por esta causa, deficiente educación educativa, se ignora lo propio, explotación de recursos naturales, problemas de tierras por la entrada de proyectos turísticos, jóvenes en proceso de aculturación y su ausencia o falta de respeto en las fiestas, cambios en la alimentación “.
Esta realidad parecida a muchas otras con permanencia histórica en el país, nos invita a concluir que la tarahumara ha venido siendo vista como un espacio para la extracción de sus recursos y no como una oportunidad para el desarrollo y la mejoría. El conocimiento, la difusión y la defensa de los derechos humanos debe ser un elemento indispensable en la vida de esto pueblos. La corrupción en la comunidad debe desterrarse como elemento dañino. Las campañas contra el narcotráfico no deben ser consideradas oportunidades para la represión. Volver a la resistencia ante los desafíos. El Proyecto de Seguridad Nacional es un planteamiento humano y por lo mismo limitado; ponerlo a examen es lo más normal.
* Rigoberto Beltrán Vargas es presbítero y coordinador del Observatorio Acambarense por los Derechos Humanos Raúl Vera López.
Foto de portada: desInformémonos.
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