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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / 24 de diciembre de 2017
- La Ley de Seguridad Interior es una amenaza «inminente» contra los derechos humanos, alertaron
Por la amenaza contra los derechos humanos en México, organizaciones defensoras de derechos humanos lanzaron un llamado urgente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que frene la Ley de Seguridad Interior, aprobada por el Congreso de la Unión y promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto.
«La promulgación de la Ley de Seguridad Interior significa un grave retroceso en el respeto de los derechos humanos», afirmaron la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Centro Regional para la Defensa de los Derechos Humanos José Ma. Morelos y Pavón, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, a la vez que resaltaron que el proceso por el que se aprobó y promulgó esa ley estuvo «plagado de irregularidades y con una fuerte falta de legitimidad por parte de la sociedad mexicana en general».
Foto: Secretaría de la Defensa Nacional.
Explicaron que cuando Enrique Peña Nieto anunció la promulgación de la ley y prometió que no emitiría ninguna Declaratoria de Protección de Seguridad Interior hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis sobre la constitucionalidad de la norma, «también enfatizó que ese hecho no significaría que dejaría de haber intervención de la federación en materia de seguridad pública, con lo cual se expresó la voluntad política del Estado mexicano de no retirar a las Fuerzas Armadas de labores de seguridad pública».
En ese orden, como organizaciones civiles de derechos humanos expresaron su profunda indignación y lamentaron que los poderes Legislativo y Ejecutivo «hicieran oídos sordos ante las múltiples peticiones de rechazo y que ahora pretenda imponerse un régimen de excepción con el falso argumento de la seguridad.
«La Ley de Seguridad Interior no ha incorporado los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza pública y muchos menos ha atendido aquellos relacionados con el establecimiento de estados de excepción para garantizar los derechos humanos de la población, como la Observación General No. 29 del Comité de Derechos Humanos de la ONU».
Consideraron que la promulgación de la Ley representa un grave retroceso en materia de derechos humanos y «refleja un claro rechazo del Estado mexicano a las recomendaciones que han hecho varios mecanismos de Naciones Unidas». Y por ello, añadieron, «la amenaza para el respeto de los derechos humanos que representa esta ley es inminente».
Fue entonces que lanzaron un llamado urgente a la SCJN para que «escuche a la sociedad civil y atienda debidamente el reclamo internacional de frenar esta legislación, declarando su inconstitucionalidad e inconvencionalidad», y adelantaron que llevarán un monitoreo constante de las violaciones a los derechos humanos que cometa el Ejército, además de que seguirán impulsando las acciones necesarias para echar a abajo la ley.
Foto de portada: Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.
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