SOMOSMASS99
Alfonso Díaz Rey*
Viernes 4 de diciembre de 2020
Alberto Reyna García. Amigo y compañero en esfuerzos por la utopía de vivir en un mejor país.
In memoriam
En anterior entrega comentábamos que «toda formación social establece ciertas reglas, escritas o no, que permiten su permanencia y a la vez producen y reproducen las condiciones que hacen posible tal permanencia. Esas reglas siempre las imponen la clase social y el grupo dominante en un momento histórico dado. En el capitalismo actual esa clase social es la burguesía y el grupo dominante la oligarquía».
Esas reglas constituyen su Estado de derecho, el que consideran inamovible y defienden decididamente; lo modifican solamente cuando la nueva versión les es más favorable que la anterior.
En nuestro país, donde las relaciones de producción hegemónicas son las capitalistas, no es de extrañarse que esa clase y su grupo dominante hayan impuesto sus reglas desde hace casi siglo y medio, las que apoyadas por mecanismos ideológicos, jurídicos, económicos y, cuando hacen falta, represivos, refuerzan, en esencia, el orden burgués: un estado de cosas que sostiene que en el mundo siempre han existido amos y esclavos, ricos y pobres, poderosos y débiles, patrones y trabajadores, privilegiados y excluidos. Y que así será siempre.
Con esa premisa funciona el sistema. Cuando por algún motivo se rompe su «equilibrio», aun mínimamente, la clase dominante y su sector hegemónico de inmediato reaccionan para recupéralo y, si es posible, ampliar sus privilegios.
En ese sentido van las críticas, reclamos, inconformidades, «propuestas», protestas, «alianzas» y otras medidas y acciones que llevan a cabo contra el gobierno federal quienes han experimentado una merma en sus privilegios y buscan desesperadamente la manera de recuperarlos.
En nuestro país, el mismo estado de cosas impuesto por la clase dominante llevó a la mayoría de la ciudadanía a votar contra ellos en la elección presidencial de 2018. El nuevo gobierno, autocalificado antineoliberal (no anticapitalista), implementó una serie de medidas anticorrupción y de apoyos sociales que afectaron poderosos intereses de algunos sectores de la oligarquía, por lo que estos, y sus fieles servidores, han reaccionado para defender su Estado de derecho, el previo al nuevo gobierno.
Esa reacción que el presidente López Obrador llama conservadores, mantiene intacto su poder económico y una parte del político, está resuelta no solo a mantenerlo, sino a incrementarlo; y para lograrlo necesita recuperar el control del gobierno de la República. Para ello trabaja desde afuera y dentro del gobierno.
Muestra de lo anterior es la resistencia de los grandes empresarios a la regulación de la subcontratación (outsourcing), la que ya retrasaron un año y buscan tenerla congelada otro, hasta el 2022. Piden un año de «gracia» para preparar el camino de su retorno, vía electoral o golpista. Esta subcontratación les ha permitido evadir impuestos, pagos por seguridad social y pagos por salarios y prestaciones; al mismo tiempo, han incrementado sus ganancias en cantidades del orden de 500 mil millones de pesos anuales. Tenían mucho tiempo violando las leyes laborales con esa práctica y, para legalizarla, Felipe Calderón les obsequió una [contra] reforma laboral en septiembre de 2012, casi al final de su gestión.
Esa y otras «reformas» a la Constitución y otras leyes conformaron el Estado de derecho en los gobiernos neoliberales (1982-2018). La clase dominante no puso objeciones porque acrecentaron su poder económico y político.
Ahora, cuando desde el gobierno de la República se implementan políticas que intentan mejorar en parte las condiciones de vida y trabajo de la mayoría de la población, los que aun mínimamente han experimentado merma en sus privilegios se declaran defensores del Estado de derecho y acusan al gobierno federal de violarlo.
Tal Estado de derecho es el que, por un lado, permite y alienta la corrupción, el despojo a la nación, la explotación extrema de quienes para vivir deben vender su fuerza de trabajo y la devastación de la naturaleza; además de ser el causante del constante deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población es, por otro lado, el sustento jurídico para que una minoría parasitaria permanezca en el poder y se adueñe del país.
Por fortuna, esas fuerzas conservadoras (preferiría llamarlas reaccionarias o retrógradas) carecen de poder de convocatoria entre el pueblo; su grupo de seguidores lo conforman lamebotas, «intelectuales», «comunicadores», lumpen dispuesto a venderse por menos que un plato de lentejas, aspirantes eternos a pequeñoburgueses y elementos desclasados, entre otros. Son insignificantes en número, sin embargo no hay que olvidar que la cúpula conservadora tiene un gran poder económico y poderosos aliados extranjeros.
Por ello es importante la participación consciente y organizada de la ciudadanía en el impulso, alcance y profundidad de los cambios que nuestro país requiere, así como en la defensa de sus frutos. Solamente de esa manera lograremos construir una patria unida, libre, soberana.
* Alfonso Díaz Rey es miembro del Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Soberanía, en Salamanca, Guanajuato.
Imagen de portada: Claudio X. González junto al logo de su organización Sí por México, que busca acabar con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. | Composición: Hilo Directo.
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