SOMOSMASS99
Edgar Cortez
Martes 19 de diciembre de 2017
Poco más de veinte años ha llevado a los políticos civiles claudicar ante los militares. La claudicación total se llama Ley de Seguridad Interior (LSI).
Hagamos un recuento de algunos de los hitos de este largo camino regresivo.
En diciembre de 1995 se aprobó en el Congreso la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (http://bit.ly/2yMSmP1). Ahí arrancó la participación de las Fuerzas Armadas (FFAA) en tareas de seguridad pública.
Esta ley fue cuestionada mediante una acción de incostitucionalidad (1/1996) que fue resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en los siguientes términos. De la interpretación del artículo 129 de la Constitución Federal, se desprende que las fuerzas armadas pueden actuar en auxilio de las autoridades civiles, cuando éstas soliciten el apoyo de las fuerzas de la que disponen, en forma expresa, fundada y motivada, y que sus labores de apoyo se encuentren siempre subordinadas éstas…
Esta fue una de las primeras concesiones pues las autoridades que solicitaron el apoyo de las Fuerzas Armadas nunca subordinaron a éstas, sino que las Fuerzas Armadas prevalecieron sobre las autoridades civiles.
En 1997 el Colectivo por la Seguridad Pública y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos lanzó la campaña: No nos acostumbremos (http://bit.ly/2ouDDs2). Exigiendo que las Fuerzas Armadas no hicieran labores de seguridad pública y llamando a la sociedad a no acostumbrarse a esa anormalidad.
A lo largo de esta riesgosa ruta recibimos diversos llamados de alerta. En 1999 Amnistía Internacional presentó el informe Bajo las sombras de la impunidad, donde documentaba violaciones a derechos humanos cometidas por miembros del Ejército. Un par de años más tarde, Human Rights Watch, presentó el documento Injusticia Militar, donde hacía un recuento de los atropellos cometidos por militares y la impunidad prevaleciente. A estos trabajos les siguieron muchos más.
A partir de diciembre de 2006 bajo el gobierno de Felipe Calderón empezó el uso intensivo de las Fuerzas Armadas como parte de su Guerra contra el narcotráfico. En total, el Gobierno Federal lleva 21 años usando a las Fuerzas Armadas en labores de policía y 12 usándolas de manera intensiva.
En el añ0 2011 se emprendió un reforma a la Ley de Seguridad Nacional para incorporar en esa ley un apartado referido a seguridad interior. En ese entonces sí se abrió un debate serio y riguroso, encabezado por el entonces diputado Javier Corral. La conclusión fue no aprobar la incorporación de la seguridad interior por todos los riesgos que representaba.
El 8 de diciembre de 2016 el general Cienfuegos, Secretario de la Defensa Nacional, exigió que a los militares se les dotara de un marco jurídico adecuado. A partir de ahí inició la fase que culminó el 15 de diciembre pasado con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.
Sin embargo, previo a esta llamada, en el Congreso se generaban las condiciones para legislar al respecto. En septiembre de 2016 el senador Gil Zuarth presentó en el Senado una iniciativa sobre seguridad interior, mientras que el 8 de noviembre de 2016 el diputado César Camacho planteó otra iniciativa sobre el mismo asunto. Además de éstas hubo otras iniciativas.
El 10 de enero de 2017 se realizó en el Senado una reunión de trabajo entre senadores, diputados y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República con lo que se dio inicio al proceso de aprobación de la LSI.
De inmediato las organizaciones civiles señalaron que esa propuesta de ley era inconstitucional y que el proceso legislativo era totalmente excluyente de las posturas críticas (http://bit.ly/2yMRaec).
El 14 de febrero un amplio grupo de organizaciones civiles, académicos y activistas dieron a conocer el Colectivo #SeguridadSinGuerra, alertando de los riesgos que significaba esta ley y reiterando su inconstitucionalidad (http://bit.ly/2orqEr3).
El 12 de marzo de 2017 el mismo colectivo hizo un nuevo llamado, manifestando que la LSI no era la mejor vía para hacer frente a nuestros problemas de inseguridad y violencia. Ya desde esa fecha proponían aspectos claves para construir mejores alternativas (http://bit.ly/2j8GQYE)
Finalmente el periodo legislativo concluyó a fines de abril quedando la LSI pendiente.
En agosto, el Colectivo #SeguridadSinGuerra presentó una propuesta de Ruta Alternativa a la Ley de Seguridad Interior, que comprendía siete medidas: Respeto irrestricto al marco jurídico constitucional e internacional; adopción de medidas excepcionales sólo a partir de los mecanismos ya previstos: regulación de los artículos 29 y 119; profesionalización de las policías civiles; elaboración de un programa de desmilitarización paulatina de la seguridad pública; regulación del uso de la fuerza; reconstrucción del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y establecimiento de mecanismos complementarios de justicia y verdad (http://bit.ly/2ic7kbc)
Esta propuesta fue entregada a senadores y diputados. Lamentablemente jamás encontró cabida para ser discutida seriamente.
Poco después del 20 de noviembre, repentinamente apareció un dictamen sobre la LSI en la Cámara de Diputados. El 30 de noviembre las Comisiones dictaminadoras fueron convocadas a una reunión privada para dictaminar la ley y sólo la presencia de un grupo de integrantes de #SeguridadSinGuerra logró que la sesión fuera transmitida por el canal del Congreso aunque sin presencia ciudadana. Ese mismo día la ley fue aprobada.
En el Senado la historia no fue muy distinta. Senadores y senadoras, sobre todo del PRI y una parte del PAN, se dedicaron a defender la ley y a denostar toda voz crítica.
El 10 de diciembre durante la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos, el presidente Peña Nieto hizo un llamado a los legisladores para que escucharan todas las voces. Esa invitación sólo permitió una simulación de diálogo.
Durante la semana pasada se multiplicaron las voces que alertaban sobre los problemas que implicaba la ley, así como sobre la necesidad de realmente generar un diálogo efectivo para debatir sobre la indispensable estrategia de seguridad que el país requiere.
Todas las llamadas de atención encontraron una total cerrazón. Finalmente el viernes 15 de diciembre la LSI, luego de ser modificada de manera insustancial, el Senado aprobó la Ley y pocas horas después la Cámara de Diputados la ratificó.
Con este largo periplo se completa el ciclo mediante el cual las autoridades civiles han claudicado en su responsabilidad de garantizar seguridad y han preferido colocar al país bajo el poder militar.
@EdgarCortezm
Imagen de Portada: El 20 de noviembre de 2017, Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Cámara de Diputados; Enrique Peña Nieto, titular del Ejecutivo Federal; Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina; Ernesto Cordero, presidente del Senado, y Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación. | Foto: Cámara de Diputados.
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