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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Jueves 7 de diciembre de 2017
La Ley de Seguridad Interior, tal como se debate en el Congreso, tampoco le da al Ejército la certeza que pide, advirtieron a senadores organismos como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, y la senadora Angélica de la Peña. | Foto: Senado de la República.
En las oficinas de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, los organismos explicaron sus preocupaciones a los senadores que dictaminarán la propuesta aprobada por la Cámara de Diputados. Jan Jarab, representante en México de la ONU-DH, señaló que no se puede aceptar la idea de que el paradigma militar que inició sin apego en la ley necesita legalizarse precisamente por su falta de éxito. Alan García, oficial de la ONU-DH, explico los 14 puntos de la ley que le preocupan al organismo los cuales fueron señalados mediante una carta el lunes pasado.
«La ley, en los términos en la que está formulada, no contribuye a dar esa certidumbre jurídica que buscan las Fuerzas Armadas en su participación para contener la violencia y la inseguridad», expresó Guillermo Silva, asesor del Ombudsman Luis Raúl González Pérez.
Mientras tanto, Amnistía Internacional advirtió que la ley de seguridad interior, en los términos que se plantea aprobar, institucionalizaría uno de los problemas más graves que ha llevado a México a una de las peores crisis de derechos humanos.
El organismo entregó este mismo jueves un documento dirigido al presidente de la mesa directiva del Senado, Ernesto Cordero, y a los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la misma cámara, en el que, en cinco puntos, expone por qué esta ley vulneraría las garantías fundamentales de la ciudadanía.
María Elena Morera, de Causa en Común, y Santiago Aguirre, del Centro Prodh. | Foto: Senado de la República.
Artículo 19 alertó que la aprobación de la ley repercutiría en la libertad de expresión y el acceso a la información, violando así los derechos humanos. La organización explicó que el artículo 9 de la propuesta establece que la información que se genere con motivo de la aplicación de la Ley será considerada de Seguridad Nacional, es decir, toda la información que surja de las actividades de las autoridades en sus funciones de seguridad interior sería considera de antemano como reservada.
En la reunión en la Jucopo, Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh, señaló que las críticas a la ley no son una posición ideológica, ni ignorancia del dictamen, ni denostación per se de las Fuerzas Armadas. «Si prestan oídos a las preocupaciones, no de ONGs, sino de órganos de Estado como la CNDH, la UNAM a través del director de Jurídicas, de la Coparmex, de la Comisión Interamericana (de Derechos Humanos) podrían ustedes prestar oídos a razones que tienen fundamentoW, pidió.
«No es un islote»
En tanto, el senador del PAN, Roberto Gil Zuarth, sostuvo que la redacción del artículo 9 de la minuta sobre la Ley de Seguridad Interior no desplaza el régimen jurídico de transparencia, máxima publicidad, ni las competencias de clasificación que tiene el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ni de los sujetos obligados, aseguró el senador Roberto Gil Zuarth.
Ante el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Lllamas, y el titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general de brigada Alejandro Ramos, el legislador panista añadió que la minuta enviada por la Cámara de Diputados no es un «islote ajeno, aislado, desprendido del sistema jurídico mexicano», de suerte que poner un régimen especial sería un error, ya que el sistema jurídico es completo, se racionaliza entre sí y las normas se conjugan unas con otras, «van complementándose en todos los sentidos».
Aspecto de la reunión de los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado de la república con organizaciones civiles. | Foto: Senado de la República.
En el mismo sentido se expresó el senador Enrique Burgos García, del PRI, para quien los asuntos de seguridad no pueden exponerse totalmente en el artículo 9.
Javier Acuña Llamas dijo que tras una revisión del documento, los comisionados del Instituto consideran que «el artículo 9 trasgrede los principios de máxima publicidad, de temporalidad en la reserva y de progresividad». Precisó que «hay preocupación, no rechazo», pues la minuta contiene conceptos que podrían considerarse ambiguos o imprecisos, como el de «acciones de seguridad interior» y «acciones de orden interna», lo que podría llevar a acciones de inconstitucionalidad.
En contra, Alejandro Ramos dijo que la redacción es «bastante clara» y en ninguna forma da pie a una regresión en cuanto a disposiciones de acceso a la información.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, senadora Angélica de la Peña Gómez, pidió que las comisiones dictaminadoras consideren y analicen los planteamientos emitidos por el Comisionado presidente del INAI, mientras que el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, senador Benjamín Robles Montoya, se dijo preocupado por la alerta del Instituto respecto al acceso a la información, y dijo que sería un grave error no modificar nada a la minuta.
Con información de La Jornada y Reforma
Foto de portada: Secretaría de la Defensa Nacional.
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