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Ley de Seguridad Interior viola Constitución y Derechos Humanos: UIA

Sociedad País / Top News / 04/12/2017

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Domingo 3 de noviembre de 2017

 

Académicos de la Universidad Iberoaméricana (UIA) acusaron que la Ley de Seguridad Interior, aprobada en la Cámara de Diputados y que esta semana podría ser ratificada en el Senado de la República, viola de la Constitución de la República y los derechos humanos de los mexicanos, toda vez que avala la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, las cuales no le competen y han dejado en evidencia «un modelo de seguridad que ha sido demostradamente fallido por las violaciones sistemáticas e impunidad en diversos casos».

Las y los responsables del Programa de Derechos Humanos de la UIA Denise González Núñez, UIA Ciudad de México y Tijuana; María Guadalupe Fernández Aguilera, UIA León; Iliana Galilea Cariño Cepeda, UIA Puebla; Giacomán Gidi, UIA Torreón; Gerardo Pérez Viramontes, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente; Óscar Rodríguez Rivera, director del Instituto Intercultural Ayuuk; y Alfredo Castillo, secretario del Sistema Universitario Jesuita, sostuvieron que a casi 11 años de la puesta en marcha de la política de seguridad militarizada -en referencia a la decisión de Felipe Calderón de declararle la guerra al crimen organizado- existen datos ampliamente conocidos sobre el número de personas desaparecidas, homicidios dolosos, desplazamientos forzados y fosas clandestinas, entre otros, que demuestran que la incorporación de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad ha tenido resultados desastrosos, tal y como lo documentó en 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en México.

Además de lo anterior, añadieron a través de un comunicado conjunto, «es preciso mencionar que la Cámara de Diputados no tiene atribuciones conforme al artículo 73 constitucional para legislar en materia de seguridad interior. Adicionalmente, la Ley de Seguridad Interior es contraria a la Constitución puesto que el artículo 21 establece que las instituciones de seguridad pública son de carácter civil».

Foto: CADHAC.

Advirtieron que la política de seguridad militarizada atenta contra los derechos humanos y el principio de progresividad de los mismos, ya que esta labor es propia de las funciones policiales y de seguridad pública, y no del Ejército; y recordaron que, de acuerdo a su informe de 2014, el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Christof Heyns, en su visita a México, señaló puntualmente que “el principal objetivo de un cuerpo militar es someter al enemigo valiéndose de la superioridad de su fuerza, mientras que el enfoque de derechos humanos, que debe ser el criterio para juzgar cualquier operación policial, se centra en la prevención, la detención, la investigación y el enjuiciamiento, y sólo contempla el uso de la fuerza como último recurso, permitiendo el recurso a la fuerza letal únicamente para evitar la pérdida de vidas humanas”.

Aunado a ello, desde 1998 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación a México por que las fuerzas armadas intervinieran en funciones propias de la autoridad civil, como la seguridad pública y la persecución de delitos, al señalar que esta situación responde a una confusión “de los conceptos de seguridad pública y seguridad nacional, cuando es indudable que la criminalidad ordinaria, por muy grave que sea, no constituye una amenaza militar a la soberanía del Estado”.

En ese sentido, la CIDH recomendó en 1998, en su Informe sobre la situación desenti los Derechos Humanos en México, “mantener a las Fuerzas Armadas en el rol propio para el cual fueron creadas, de acuerdo a lo establecido por la legislación internacional en la materia, en especial por el artículo 27 de la Convención Americana”. 

En tal sentido, concluyeron, al avalar la Ley de Seguridad Interior «en lugar de contribuir a la solución de la crisis de violencia desde el punto de vista legislativo y promover una cultura de prevención de la seguridad y el fortalecimiento de las autoridades civiles encargadas de velar por la seguridad ciudadana, la Cámara de Diputados aprueba una ley que es absolutamente regresiva, hecho que los Programas de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita lamentamos profundamente».


Foto de portada: Margarito Pérez Retana / Cuartoscuro.






Luis López




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