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NO TODO ESTÁ PERDIDO
Agustín Galo Samario
La salida de Carmen Aristegui de MVS, conflicto que se dirimirá en los tribunales una vez que la empresa rechazó el llamado de la periodista a reiniciar la relación laboral, se presenta como un capítulo más de la larga lucha en nuestro país por la libertad de expresión, la independencia editorial y la convicción de que nuestras sociedades tienen el derecho a recibir información.
Este jueves, entre muchos otros, se dieron dos ejemplos que nos ilustran. El segundo ocurrió por la tarde, cuando Carmen Aristegui explicó sus razones para sentarse a dialogar con Joaquín Vargas e insistir en su regreso y el de su equipo al espacio radiofónico que construyeron durante seis años. Minutos después, Felipe Chao, vicepresidente de Relaciones Institucionales de MVS, le respondió: “La periodista Carmen Aristegui es responsable de fijar condicionamientos y un ultimátum que, por cierto, hoy reiteró a la administración de MVS Radio, para imponer su voluntad. Y MVS Radio es responsable de no aceptar ni desafíos ni condiciones. MVS se hace responsable de su libertad de empresa y de contratación, libertades, Carmen, tan valiosas y apreciadas como tu libertad de expresión”. Y el primero horas antes en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde la Junta de Coordinación Política, presidida por el priista Manlio Fabio Beltrones, evitó que el caso de Carmen Aristegui se discutiera en el pleno como lo habían propuesto algunos legisladores de oposición. La perredista Roxana Luna, según reportó Reforma, dijo que el punto de acuerdo para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones investigue las presuntas violaciones al derecho de las audiencias por lo ocurrido a la periodista fue enviado sin más trámite a comisiones.
La libertad de expresión y el derecho de la población a ser informada han estado sujetos a la voluntad de quienes detentan el poder económico y político. Así vemos en Guanajuato y en todo el país a empresarios que utilizan sus propios medios de comunicación para lograr concesiones del espectro radioeléctrico, ganar licitaciones de obra pública, obtener permisos de construcción e influir en las políticas de gobierno e incluso puestos públicos. A directores de medios que imponen líneas editoriales y jerarquizan sus informaciones de acuerdo a los intereses de los dueños y de ellos mismos, hasta encontrarnos con filosas críticas salidas de sus plumas y de sus micrófonos que no son otra cosa que extorsiones disfrazadas de análisis periodísticos.
El ánimo para controlar a los informadores da cuenta de innumerables anécdotas. Son famosas las historias de los primeros años del Festival Internacional Cervantino en que el gobierno guanajuatense organizaba fiestas para los periodistas en las que a media velada se hacía pasar a los reporteros a la oficina del coordinador de comunicación social, quien del cajón de un escritorio sacaba sobres con dinero para cada uno. Aun recientemente, se cuenta que hay medios de comunicación en los estados donde a los reporteros de nuevo ingreso se les hace pasar con el director para que sean informados de qué dependencia se va a hacer cargo de su salario, con mensajes como este: “¿Cuánto quieres ganar? Bueno, eso es cosa tuya”.
Por eso la importancia de la lucha por los derechos a la libertad de expresión y de las audiencias. En un mundo interconectado como el nuestro, la batalla de periodistas como Carmen Aristegui y su equipo de colaboradores cobra especial relevancia porque se da en un contexto en el que los poderes empresarial y político lucen convencidos de que se debe poner freno a las voces disidentes, a quienes intentan hacer un periodismo más libre y responder a las exigencias de una sociedad que aspira a la democracia en nuestro país. Así sean tantas las adversidades por vencer.
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