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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Jueves 4 de noviembre de 2021
En el contexto del primer año en prisión preventiva de July Raquel Flores Garfias, mujer sobreviviente de tortura sexual, sus familiares -acompañados por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)- llamaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a investigar la denuncia conforme a los más altos estándares de derechos humanos y denunciaron la persistencia de la tortura sexual en México.
El sábado 6 de noviembre de 2020, July Raquel Flores Garfias, mujer joven, trabajadora y madre, fue detenida en un operativo conjunto de la Policía Ministerial del estado de Veracruz y de la Ciudad México. Estuvo retenida por varias horas en instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y posteriormente fue trasladada en vehículos de la policía ministerial del estado de Veracruz al municipio de Xalapa, en esa misma entidad, para ser presentada ante un juez. Durante las más de nueve horas que duró el viaje, que debería tomar la mitad de ese tiempo, July Raquel fue víctima de actos de tortura y tortura sexual mientras se le relacionaba con el homicidio de la rectora del Colegio Valladolid, ocurrido el 29 de junio de 2020 en Xalapa. Desde entonces, July Raquel se encuentra privada de su libertad.
A partir de mayo de 2021, el Centro Prodh ha acompañado a July Raquel y a su familia en la exigencia de que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes ante los actos de tortura sexual cometidos por las autoridades que realizaron su detención y traslado.
Debido a la trascendencia y gravedad de los hechos, en el mes de julio de 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ejerció su facultad de atracción sobre la queja presentada por la familia de July ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, a raíz de los actos de tortura. Ahora, la CNDH está a cargo de integrar el expediente de queja respectivo.
«Al ser esta una grave violación de derechos humanos, la investigación debe sin duda concluir en una recomendación que debe ser emitida con celeridad y conforme a los más altos estándares. Para ello, llamamos a que la CNDH conduzca una investigación diligente y que tome en cuenta el Protocolo de Estambul y otras pruebas, tales como el testimonio de July, de su familia y las constancias oficiales provenientes del proceso penal, entre otros. Además, la investigación debe realizarse con perspectiva de género, considerando los impactos diferenciados de la tortura sexual en las mujeres», dijo el Centro Prodh.
El caso de July demuestra que la tortura en México sigue siendo una práctica generalizada. La denuncia de July Raquel Flores Garfias se ajustan al patrón documentado por el Centro Prodh en el informe “Mujeres con la Frente en Alto. Informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado”. Éste establece que existe una alta incidencia de tortura sexual en contra de mujeres en delitos de fuerte impacto social cuando transcurre tiempo excesivo entre la detención y la presentación ante juez competente, sobre todo cuando en este lapso las mujeres detenidas permanecen materialmente bajo la responsabilidad de corporaciones ajenas a controles, como son las policías ministeriales, en condiciones propicias para la arbitrariedad.
«Este patrón, cabe señalar, aún no ha sido revertido en nuestro país. Siguen ocurriendo actos de tortura, sin que se implementen a cabalidad las herramientas que desde 2017 prevé la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes con miras a erradicar esta práctica, como el Registro Nacional del Delito de Tortura y el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En México, vale la pena insistir, no se ha erradicado la tortura», sostuvo el Centro Prodh.
En este contexto, el caso de July Raquel Flores García se suma a la campaña “Rompiendo el Silencio: Todas juntas contra la tortura sexual”, generada a partir del valiente impulso de las mujeres sobrevivientes que llevaron el caso Atenco hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La campaña busca visibilizar que la tortura sexual es una práctica cometida en mayor medida en contra de mujeres como expresión de extrema discriminación en razón de género y exigir que las autoridades cumplan con sus obligaciones para erradicarla.
Fotos de portada e interiores: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
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