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Edgar Cortez
Martes 20 de noviembre de 2018
Buscar que la participación ciudadana trascienda el ejercicio del voto para involucrarla en la decisión de asuntos públicos puede representar un avance sustantivo en la calidad de la democracia, pero ese paso requiere necesariamente de procesos con estándares adecuados. La segunda consulta convocada por el aún presidente electo presenta serias deficiencias al respecto.
Está claro que las consultas convocadas no se ajustan a lo establecido por la Constitución, pues de acuerdo con ésta sólo pueden hacerse simultáneas con un proceso electoral, se excluyen temas y el resultado tiene que alcanzar niveles muy altos de participación para convertirse en vinculante.
Por tanto, su fuerza radica en la legitimidad, la cual tiene que fundarse en que la consulta recoja asuntos sensibles para la ciudadanía, se desarrolle bajo procesos rigurosos y permita que las decisiones de gobierno cierren la brecha entre las decisiones de éste y las necesidades sociales más amplias posibles.
La experiencia internacional ha mostrado cuáles son las buenas prácticas respecto de consultas correctamente implementadas: la consulta debe suceder cuando aún no se tomado decisión alguna sobre el asunto en cuestión; debe generarse la mayor información posible y garantizar que esté accesible para la ciudadanía; que se cuente con un tiempo razonable para analizar y debatir las opciones; realización de la votación y finalmente que exista una clara relación entre el resultado de la consulta y la decisión final.
En el caso de la consulta convocada para el 24 y 25 de noviembre se pide opinión de 10 temas de lo más diversos: tren maya, tren en el Istmo de Tehuantepec, la refinería en Dos Bocas Tabasco, reforestación y plantación de árboles frutales, aumentar la pensión de personas mayores, becas para los estudiantes de prepa que estudien en escuelas públicas, entregar pensión a un millón de personas con discapacidad, garantizar atención medica e internet gratuito.
El aspecto positivo está poner consideración estos temas pero los problemas empiezan cuando en una sola consulta se pide opinar sobre temas tan diversos y no se ofrece a la ciudadanía la información suficiente para discernir la respuesta que se juzgue más conveniente.
Entre los asuntos que se consultan están algunos relativos con garantizar derechos humanos de grupos específicos como personas mayores y con discapacidad, derechos que no tendrían que someterse a consulta sino cumplirse al máximo posible.
En el caso del caso del Tren Maya, que es un megaproyecto con serias implicaciones para las comunidades de la zona, para el medio ambiente y para el desarrollo de la región, no existe información disponible sobre su posible impacto ambiental y social. Además es muy posible que con este megaproyecto se esté imponiendo un modelo de desarrollo sobre los pueblos originarios.
Otro ejemplo sería lo que toca al acceso a la salud para todas las personas que no cuenten con este servicio. Sin duda que es indispensable que eso suceda pero para decidir no se cuenta con información sobre la manera cómo se implementará dicha medida. ¿Qué será lo diferente de los límites del seguro popular?
Las condiciones en que se desarrolla la consulta se apartan de las condiciones necesarias para generar una consulta adecuada y eso le resta legitimidad, que podría ser su mayor fortaleza.
La participación ciudadana es una poderosa herramienta para atender de forma colectiva los asuntos públicos, pero pretender aprovecharse de ella es una mala decisión pues empobrece la democracia. Ojalá que el próximo gobierno no siga malogrando el lento y arduo camino hacia la democracia participativa.
Foto de portada: Sitio oficial AMLO.
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