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Agustín Ramírez Agundis*
Miércoles 1 de febrero de 2023
Uno de los asuntos que concentró la atención de la opinión pública a lo largo del año 2022 fue el de la reforma constitucional en materia electoral que el presidente Andrés Manuel López Obrador puso a discusión al exponer su iniciativa de manera general a finales del mes de abril.
Como es bien sabido, finalmente, en diciembre la iniciativa fue puesta a votación en la Cámara de Diputados, con el resultado de 269 votos a favor, 225 en contra y una abstención, con lo cual no alcanzó las dos terceras partes que se requieren para aprobar una reforma constitucional. De ese modo, los partidos del conservadurismo impidieron realizar cambios en la constitución que en mucho hubieran beneficiado la vida política del país.
La atención se orientó principalmente hacia las consecuencias que se habrían derivado de la reforma en el ámbito federal. Sin embargo, la iniciativa incluía modificaciones cuya aplicación correspondía a las entidades del país. Tal es el caso de la reducción del número de síndicos y regidores en los ayuntamientos y de la cantidad de legisladores en los congresos locales.
Estas notas están dedicadas a analizar los efectos que habrían tenido estos cambios para el estado de Guanajuato si se hubiera aprobado la reforma constitucional, principalmente en lo que se refiere al ahorro en el presupuesto público y a la eficiencia y eficacia de la acción legislativa y de los cabildos.
En primer término, veamos qué modificaciones incluía la iniciativa en lo que se refiere a los ayuntamientos municipales. En cuanto al artículo 115 de la Constitución, la iniciativa proponía:
“I. Cada Municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado mediante el sistema de listas votadas de manera paritaria por un Presidente o Presidenta Municipal, una sindicatura y el número de regidurías que le corresponda de conformidad con su número de habitantes, asignados mediante el método de cociente natural y resto mayor conforme a lo siguiente: a) …una regiduría a los municipios cuya población sea menor a sesenta mil habitantes; b) …hasta tres regidurías a los municipios cuya población sea superior a sesenta mil y menor a trescientos setenta mil habitantes; c) …hasta cinco regidurías a los municipios cuya población sea superior a trescientos setenta mil y menor a seiscientos noventa mil habitantes; d) …hasta siete regidurías a los municipios cuya población sea superior a seiscientos noventa mil y menor a un millón diez mil habitantes, y e) … hasta nueve regidurías a los municipios cuya población sea superior a un millón diez mil habitantes. Las constituciones de los estados determinarán el porcentaje mínimo de votos requeridos para la asignación de regidores”[1].
En pocas palabras, un solo regidor para municipios con menos de 60 mil habitantes, tres regidores para municipios con más de 60 mil y hasta 370 mil, 5 regidores para municipios con más de 370 mil y hasta 690 mil, 7 regidores para municipios con más de 690 mil y hasta un millón 10 mil habitantes y 9 regidores para los municipios que rebasen esta última cifra.
Actualmente, en Guanajuato existen 27 municipios cuyo cabildo está integrado por 8 regidores y 1 síndico, 13 municipios cuyo cabildo tiene 10 regidores y 1 síndico, un municipio con 1 síndico y 12 regidores y, por último, 6 municipios con 2 síndicos y 12 regidores. Es decir, conjuntamente los 46 municipios del estado suman un total de 51 síndicos y 418 regidores. Si, en su momento, se hubiera aplicado lo que establece la reforma, en el estado habría únicamente un total de 46 síndicos y 108 regidores. O sea, una reducción de cinco síndicos y 310 regidores.
Con base en los salarios recomendados por el Congreso del Estado para los integrantes de los ayuntamientos del estado de Guanajuato[2] y con la composición actual de los cabildos que se menciona en el párrafo anterior, el ahorro en los recursos públicos dedicados al pago de los ediles en el año 2022 habría sido de casi 159 millones de pesos, suficientes para la construcción de más de 300 aulas escolares. Sólo en el caso del municipio de Celaya, el ahorro anual en el 2022 habría ascendido a 7 millones 319 mil pesos.
En lo que corresponde a la integración de los congresos de las entidades del país, la reforma proponía:
“El número de representantes en las legislaturas de los estados no podrá exceder de quince diputaciones en aquellas entidades federativas cuya población sea menor a un millón de personas, y por cada medio millón de habitantes adicional, podrá incrementarse en un diputado o diputada hasta un máximo de cuarenta y cinco diputadas y diputados”[3].
Para Guanajuato, de acuerdo con la población que registró el Censo de 2020 (6 millones 166 mil 934 habitantes), la cantidad de legisladores que integrarían el Congreso Local sería igual a 25 diputadas y diputados, en lugar de los 36 que son actualmente (22 de mayoría relativa y 14 de representación proporcional). Por lo tanto, únicamente para comparar, si en el año 2022 hubiera estado vigente lo que se proponía en la reforma en cuanto al número de legisladores locales y tomando en cuenta que en el 2022 el salario que pagamos en Guanajuato a cada diputado o diputada fue de 201 mil 479 pesos mensuales (sin incluir prima vacacional, aguinaldo y otras prestaciones), los guanajuatenses nos hubiéramos ahorrado el año pasado alrededor de 27 millones de pesos. Esto además del ahorro que implicaría reducir en la misma proporción el ejército de asesores y auxiliares que están asignados a los legisladores o al partido que representan, en la mayoría de los casos contratados como personal de confianza o como prestadores de servicios profesionales. Por cierto, éste habrá de ser un tema que tocaré en una entrega próxima.
Ni hablar, la mezquindad de los partidos políticos agrupados en la oposición conservadora impidió que a partir del año 2024 los guanajuatenses nos ahorráramos casi 180 millones de pesos cada año, dinero que mucho podría contribuir a mejorar la situación social si se dedicara a la obra pública en aulas escolares, caminos vecinales en las comunidades, clínicas rurales y en muchos otros rubros.
Por lo pronto, el engrudo conformado por el PRI, el PAN y lo que queda del PRD, con el apoyo también de Movimiento Ciudadano, logró esa victoria pírrica que significa continuar gastando miles de millones de pesos a nivel nacional en las elecciones, en los partidos políticos y en los integrantes del poder legislativo, tanto a nivel federal como en las entidades del país, así como en los ayuntamientos, muchos de éstos que operan con severas dificultades por la carencia de recursos.
Ahora la mirada está puesta en las elecciones del año 2024 a través de las cuales el avance de la 4T se pondrá a prueba. Ante ello, el obradorismo tendrá que reforzar y reorganizar sus tareas para garantizar no solamente el triunfo en la elección presidencial, sino también la de los integrantes del Congreso federal. Será entonces el momento, ahora sí, de modificar la Constitución para que la democracia nos sea más efectiva y menos onerosa.
Notas:
[1] http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2022/abr/20220428-XI.pdf
[3] Gaceta, op. Cit.
* Esta es una colaboración del Colectivo Miguel Hidalgo de Celaya, Guanajuato, al que pertenece el autor.
Imagen de portada: Element5 Digital (@element5digital) / Unsplash.
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