Lo que Trump puede y no puede hacer con los inmigrantes

SOMOSMASS99

David Bacon*

Estados Unidos / Miércoles 25 de enero de 2017

La gente hace su propia historia, pero no la hace como le plazca; No la hacen bajo circunstancias auto-seleccionadas, sino bajo circunstancias ya existentes, dadas y transmitidas desde el pasado.
—Karl Marx, «El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte», 1852—

Mientras que los funcionarios de gobierno que desarrollan y aplican la política de inmigración de los Estados Unidos cambian el 20 de enero, el sistema económico en el cual hacen esa política no lo hará. A medida que el miedo se extiende a través de las comunidades de inmigrantes en los Estados Unidos, comprender el sistema nos ayuda a anticipar lo que el gobierno de Trump puede y no puede hacer con respecto a los inmigrantes y lo que los inmigrantes pueden hacer al respecto.

En esos términos, con los tres últimos presidentes, el aspecto más visible y amenazante de la política de inmigración ha sido el drástico aumento de su imposición. El presidente Bill Clinton presentó proyectos de ley anti-inmigrantes como compromisos, y encabezó el primer gran incremento en su aplicación en las fronteras. George W. Bush usó una retórica suave, pero envió agentes de inmigración con uniformes de estilo militar, portando armas AK-47, a los lugares de trabajo para arrestar a los trabajadores, mientras amenazaba con disparar a millones por no tener papeles. Bajo la presidencia de Barack Obama, la orden de un nuevo requisito obligó a llenar cada día 34.mil camas en los centros de detención. El sistema de detenciones se multiplicó y más de dos millones de personas fueron deportadas.

La ejecución (de esa política de inmigración), sin embargo, no existe por sí misma. Desempeña un papel en un sistema más amplio que sirve a los intereses económicos capitalistas al suministrar una fuerza de trabajo que los empleadores requieren. Los altos niveles de cumplimiento también aseguran beneficios a las compañías que manejan la detención y la aplicación de la ley, que hacen un lobby para las deportaciones tan duro como la Boeing presiona para el presupuesto militar.

: Trabajadores inmigrantes latinos del hotel Woodfin Suites en Emeryville, California, y sus partidarios protestan después de que los gerentes despidieron a 20 trabajadores, acusándolos de carecer de estatus migratorio legal.

El trabajo de inmigrantes es más vital para muchas industrias de lo que ha sido antes. Los inmigrantes siempre han constituido la mayor parte de los trabajadores agrícolas del país en el oeste y el suroeste. Hoy, según el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, alrededor del 57 por ciento de la fuerza laboral agrícola del país está indocumentada. Pero la lista de otras industrias que dependen de la mano de obra inmigrante es larga: algunos oficios de construcción, servicios de construcción, servicios de salud, restaurantes y servicios al por menor, y más.

Durante la campaña electoral, el candidato Donald Trump prometió en su «plan de acción de 100 días para Hacer a Estados Unidos Grande de Nuevo», «comenzar a eliminar a los más de dos millones de inmigrantes ilegales criminales del país» en su primer día en el cargo. En sus discursos prometió, además, obligar a todos los indocumentados (estimados en 11 millones) a marcharse.

En una sociedad con una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo, los delitos a menudo se definen muy ampliamente. En el pasado, por ejemplo, bajo el presidente George W. Bush, los fiscales federales acusaron a los trabajadores de delitos graves por dar un número de seguro social falso a un empleador cuando eran contratados. Propuso además la aplicación completa de sanciones a los empleadores -la disposición de la Ley de Reforma y Control de Inmigración de 1986 que prohíbe a los empleadores contratar trabajadores sin papeles-. Bush ordenó que la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) compruebe el estatus migratorio de todos los trabajadores y exigió que los empleadores despidieran a aquellos sin estatus migratorio legal, antes de que fueran bloqueados por una demanda presentada por sindicatos y organizaciones de derechos civiles.

Con el presidente Obama, la aplicación (de sanciones) en el lugar de trabajo se sistematizó aún más. En sólo un año, en 2012, el ICE auditó a mil 600 empleadores. Decenas de miles de trabajadores fueron despedidos durante los ocho años que Obama permaneció en el cargo. Dada la designación por Trump del senador de Alabama, Jeff Sessions, como Fiscal General, es muy probable que haya una mayor aplicación de sanciones. En sesiones del Congreso ha sido uno de los defensores más férreos de que se aplique más esa ley de inmigración, y ha criticado al presidente Obama por no deportar suficientes personas. El año pasado propuso una sentencia de cinco años de prisión a cualquier inmigrante indocumentado detenido en el país que ya haya sido previamente deportado.

La industria necesita inmigrantes

Tanto las deportaciones como los despidos en el lugar de trabajo enfrentan a un obstáculo básico: la mano de obra inmigrante es una fuente de inmenso beneficio para los empleadores. El Centro Hispano Pew estima que, de los supuestos 11 millones de personas sin documentos que hay en el país, cerca de ocho millones están empleados (que representan más del 5 por ciento de todos los trabajadores). La mayoría recibe percepciones cercanas al salario mínimo (algunos mucho menos) y se concentran en industrias que pagan bajos salarios. Por ejemplo, en la Encuesta Indígena de Trabajadores Agrícolas realizada en 2009, el demógrafo Rick Mines descubrió que un tercio de los 165 mil trabajadores agrícolas indígenas de California (trabajadores de comunidades en México que hablan lenguas de antes de la colonización europea) obtenían menos del salario mínimo.

El salario mínimo federal sigue estancado en 7.50 dólares la hora, e incluso el mínimo de California de 10 dólares por hour solamente permite a los trabajadores de tiempo completo tener un ingreso anual de 20 mil dólares. Mientras tanto, el Seguro Social dice que el índice de salarios promedio nacional para 2015 fue de algo más de 48 mil. En otras palabras, si los empleadores tuvieran que pagar a la mano de obra indocumentada el salario promedio de los Estados Unidos, les costaría más de 200 mil millones de dólares anuales. Esa diferencia salarial subsidia industrias enteras como la de la agricultura y la elaboración de alimentos. Si esa fuerza de trabajo fue retirada, como Trump amenaza, a través de deportaciones o despidos masivos, los empleadores no serían capaces de reemplazarla sin aumentar los salarios drásticamente.

Como presidente, Donald Trump tendrá que asegurarse de que las necesidades laborales de los empleadores se cumplan, y a un precio que quieran pagar. Los nombramientos corporativos en su administración revelan que cualquier retórica populista acerca de ir en contra de los grandes negocios era sólo eso: la retórica. Pero Hillary Clinton habría enfrentado la misma necesidad. Y de hecho, las propuestas de reforma migratoria en el Congreso de los republicanos y demócratas durante la última década compartieron este entendimiento: que la política de inmigración estadounidense debe satisfacer las demandas de trabajo de las empresas.

: Inmigrantes, trabajadores, sindicalistas, personas de fe y activistas comunitarios se manifestaron en Silicon Valley, pidiendo una moratoria en las deportaciones y los despidos de indocumentados debido a su estatus migratorio.

Durante los debates del Congreso sobre la reforma de la inmigración, el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) propuso dos objetivos para la política de inmigración estadounidense. En un informe del Grupo de Trabajo Independiente sobre Política de Inmigración de los Estados Unidos, patrocinado por el CFR, Edward Alden declaró: «Debemos reformar el sistema legal de inmigración para que funcione más eficientemente, responda con más precisión a las necesidades del mercado laboral y mejore la competitividad de Estados Unidos. Y agregó: «Debemos restaurar la integridad de las leyes de inmigración a través de un régimen de aplicación que desaliente fuertemente a los empleadores y empleados de operar fuera de ese sistema legal». El CFR, por tanto, se unió a un régimen de ejecución- con deportaciones y despidos- para el plan de mano de obra.

Este marco asume que el flujo de migrantes continuará y trata de manejarlo. Esta es una suposición segura, porque las causas básicas de ese flujo no han cambiado. Las comunidades en México siguen siendo desplazadas por: 1) reformas económicas que permitieron a las corporaciones estadounidenses inundar el país con maíz y carne barata (a menudo vendiéndose por debajo del costo de producción -conocido como «dumping»- gracias a los subsidios agrícolas y acuerdos comerciales como el NAFTA); 2) el rapaz desarrollo de la minería y otras concesiones extractivas en el campo, y 3) el creciente empobrecimiento de los trabajadores mexicanos. La violencia desempeña su papel, vinculada en sus consecuencias a los desplazamientos, la desesperación económica y las deportaciones masivas. La continuación de la intervención militar estadounidense en Centroamérica y otros países en desarrollo producirá nuevas oleadas de refugiados.

Mientras que el candidato Trump se opuso al TLC para obtener votos (como lo hizo Barack Obama), no puede y -dados sus vínculos con los negocios- no tiene voluntad de cambiar la relación básica entre Estados Unidos y México y Centroamérica u otros países en desarrollo que son las fuentes de la migración. Cambiar la relación (con su impacto sobre el desplazamiento y la migración) es posible en un gobierno comprometido con una reforma radical. Bernie Sanders pudo haber hecho eso. Otras voces en el Congreso lo han defendido. Pero Trump hará lo que el sistema quiere que haga, y ciertamente no implementará una reforma radical.

Trabajadores invitados H-2A

Las estructuras para manejar el flujo de migrantes ya están en su lugar y no requieren que el Congreso apruebe grandes leyes de reforma migratoria. En el estado de Washington, por ejemplo, según Alex Galarza, del Northwest Justice Project, la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Washington reunió a unas dos mil personas en el marco del programa de trabajadores invitados H-2A en 2006. En 2013, el número aumentó a cuatro mil. Para 2015, creció a 11 mil. En 2016 llegó a 13 mil 500. Ese tipo de crecimiento se da en todos los estados con una importante fuerza laboral agrícola. El programa H-2A permite a los productores reclutar trabajadores fuera del país por períodos de menos de un año, después del cual deben regresar a su país de origen. Los trabajadores invitados que pierden su trabajo por cualquier razón -por ofender a su empleador o no trabajar con rapidez- y tienen que abandonar el país, por lo que unirse a un sindicato o protestar por sus condiciones laborales es extremadamente arriesgado. Los productores sólo pueden usar el programa si demuestran que no pueden encontrar trabajadores locales, pero a menudo el requisito no se aplica.

El programa de mano de obra extranjera en agricultura es sólo uno de varios para otras industrias. Un estudio, «Visas, Inc.», de Global Workers Justice, encontró que más de 900 mil trabajadores fueron llevados a los Estados Unidos para laborar anualmente bajo condiciones similares. El número está creciendo. En el contexto del crecimiento de estos programas, la aplicación de la ley de inmigración cumple una función importante. Se anuncia un regreso a la era de los braceros, llamada así por el programa de «trabajadores huéspedes» que llevó a millones de trabajadores agrícolas mexicanos a Estados Unidos entre 1942 y 1964. El programa era notorio por los abusos a los braceros y por enfrentarlos en competencia y conflictos laborales con trabajadores ya establecidos en Estados Unidos. Sólo en 1954 se deportó a más de un millón de personas, mientras que llegaron 450 mil por contrato. Históricamente, la aplicación de la ley de inmigración se ha vinculado al crecimiento de los contratos de trabajo, o programas de «trabajadores invitados».

Las detenciones en la frontera, los despidos por no tener papeles y el envío de personas a los centros de detención para su deportación, empujan el flujo de migrantes hacia los planes de trabajo dirigidos a beneficiar a las corporaciones. Mientras más insista la administración Trump en las deportaciones y en la aplicación de la ley interna, más dependerá de la expansión de los programas de trabajadores huéspedes.

En las áreas donde programas como H-2A están creciendo ya había fuertes partidarios de Trump. En el este de Washington, una gran zona pro Trump, los agentes de inmigración forzaron el enorme rancho productor de manzanas Gebbers a disparar contra cientos de indocumentados en 2009, y luego ayudaron al empleador a solicitar trabajadores H-2A. Así que mientras los trabajadores sin papeles del este de Washington han tenido buenas razones para temer las amenazas de Trump, los empleadores saben que no tienen que temer la pérdida de la fuerza de trabajo de bajos salarios.

: José Manuel y Alberto son trabajadores invitados H2A, y viven en un campamento en un rancho en el centro de Washington. Cocinan carne asada en una parrilla afuera de los caserones donde viven.

Las deportaciones y la aplicación de la ley en los lugares de trabajo tendrán un gran impacto en los sindicatos y en la defensa de los derechos. Los trabajadores inmigrantes han sido la columna vertebral de algunas de las organizaciones laborales más exitosas de las dos últimas décadas, desde los conserjes de Los Ángeles hasta los empleados de hoteles de Las Vegas y de la compañía Republic Windows and Doors de Chicago. Al mismo tiempo, el uso de la base de datos de E-Verify, con el presidente Obama, a menudo se dirigía a trabajadores activistas en campañas por su derechos laborales como Fight for $ 15, lo mismo que antes intentaron hacer Bush y Clinton.

Los sindicatos y las comunidades de inmigrantes han desarrollado tácticas sofisticadas para resistir estos ataques, y tendrán que usarlos eficazmente bajo Trump. Los conserjes de Minneapolis lucharon contra el despido de trabajadores indocumentados en los restaurantes de comida rápida Chipotle. El International Longshore and Warehouse Union (ILWU) se asoció con activistas religiosos, grupos de derechos de los inmigrantes y ambientalistas para detener los despidos de personas sin papeles en las instalaciones de reciclaje del área de la Bahía, y como resultado obtuvieron la representación sindical y salarios más altos. Los mismos sindicatos y organizaciones comunitarias que han luchado contra la aplicación de la ley en los lugares de trabajo también han combatido las detenciones y deportaciones.

Estos esfuerzos tendrán que depender más de una defensa legal. El Tribunal Supremo ya dictaminó que los trabajadores indocumentados despedidos por organizarse en el trabajo no pueden ser recontratados, y sus patrones no están obligados a pagarles salarios caídos.

Aplicación de la ley fronteriza

Trump amenaza con llevar la aplicación de la ley más allá de los centros de trabajo. Prometió un mayor cumplimiento en la frontera entre Estados Unidos y México, ampliando el muro fronterizo y aumentando el número de agentes de la Patrulla Fronteriza a más de los actuales 25 mil. La aplicación de la ley de inmigración ya cuesta al gobierno más que todos programas federales de imposición de ley juntos.

Trump propuso un Acta de Ley de Inmigración Final ilegal, con una pena de dos años de prisión a cualquiera que reingrese a los Estados Unidos después de haber sido deportado, y cinco años para los deportados más de una vez. Con el presidente Obama se deportó a más de dos millones de personas. Cientos de miles, con niños y familias en los Estados Unidos, han tratado de volver a ellos. Bajo esta ley propuesta, llenarían las cárceles.

Una de las promesas de Trump para «el primer día» fue «cancelar toda acción ejecutiva, memorando u orden inconstitucional que haya emitido el presidente Obama». La promesa incluye la acción ejecutiva que otorga estatus legal limitado y temporal a jóvenes indocumentados traídos a Estados Unidos por sus padres (Acción Diferida para Arribos de la Niñez, o DACA por sus siglas en inglés). DACA fue atacado por los ideólogos derechistas que asesoraron al equipo de transición de Trump desde que Obama emitió su orden.

Los 750 mil jóvenes que obtuvieron el estatus de DACA -los «dreamers«- han sido uno de los sectores más activos del movimiento de los derechos de los inmigrantes estadounidenses. Pero tenían que darle al gobierno su dirección e información de contacto para obtener un aplazamiento, haciéndolos vulnerables a los operativos de deportación. Defenderlos probablemente será una de las primeras batallas de la era Trump. Muchos, si no es que la mayoría, de los beneficiarios de la DACA forman parte de la fuerza laboral, y como resultado muchos pertenecen ahora a los sindicatos. Se les otorgó autorización de trabajo como parte del aplazamiento de su deportación, pero si Trump cancela ese permiso, los empleadores serían requeridos por el ICE para despedirlos.

: Quince mil personas se reúnen y marchan en San Francisco, exigiendo la legalización y la igualdad de los inmigrantes indocumentados.

Más de 300 ciudades en todos los Estados Unidos habían dicho que no arrestarán ni procesarán a personas únicamente por ser indocumentaados, pero Trump anunció desde su primer día en el cargo que «cancelará todo el financiamiento federal a las ciudades santuario».

Muchas ciudades, e incluso algunos estados, se han retirado de los esquemas federales, especialmente del infame «programa 287 (g)» que exige a la policía arrestar y detener a las personas debido a su estatus migratorio. La orden propuesta por Trump cancelaría fondos federales para vivienda, atención médica y otros servicios sociales a ciudades que no cooperen. Como procurador general, se espera que Jeff Sessions intente hacer cumplir esta demanda. Después de las elecciones, los gobiernos de muchas ciudades y de algunos estados, además de funcionarios electos, se apresuraron a anunciar que no se intimidarán. Los dreamers, especialmente, ven la acción directa en las calles como una parte importante de la defensa de sus comunidades. En el impulso por DACA, jóvenes en todo el país hicieron demostraciones para tratar de detener las deportaciones sentándose frente a los autobuses que llevaban a los prisioneros a los centros de detención. Los dreamers defendieron a jóvenes detenidos para deportación e incluso ocuparon la oficina de Obama en Chicago durante su campaña de reelección en 2012.

En los propios centros de detención, los detenidos han organizado huelgas de hambre con el apoyo de activistas que a campan a sus puertas. Maru Mora Villapando, una de las organizadoras de las protestas en el centro de detención en Tacoma, Washington, dijo que no podían esperar a que Trump comenzara sus ataques, de modo que tuvo que desarrollar esfuerzos de defensa inmediatamente. Abogó por presionar a la administración de Obama para que deshiciera tanto de la maquinaria de detención y deportación como fuera posible antes de dejar el cargo. «No queremos que él solo entregue las llaves de esta máquina como es ahora», advirtió entonces.

El éxito de los esfuerzos para defender a los inmigrantes, especialmente los indocumentados, depende no sólo de su propia determinación de tomar medidas directas, sino del apoyo de la comunidad en general. En Filadelfia, menos de una semana después de las elecciones, Javier Flores García recibió el santuario de la congregación de la Iglesia Metodista Unida de Arch Street, después de ser amenazado por agentes federales de inmigración. «La solidaridad es nuestra protección», instó la reverenda Deborah Lee, del Movimiento Interreligioso por la Integridad Humana en California. «Nuestra mejor defensa es una comunidad organizada, comprometida entre sí y unida a todas las personas en riesgo… Pedimos a las comunidades de fe que consideren declararse ‘congregaciones santuarias’ o ‘congregaciones acogedoras de inmigrantes'».

Pero aunque muchos trabajadores pudieron haber apoyado a Trump debido a la cólera sobre el desempleo y las consecuencias de acuerdos comerciales como el TLCAN, también compraron sus argumentos políticos anti-inmigrantes. Esos argumentos, especialmente sobre los inmigrantes en los sitios de trabajo, incluso afectan a la gente de la izquierda que se opuso a Trump. Algunos de esos argumentos han sido hechos por los demócratas, y utilizados para justificar las medidas de aplicación, como el E-Verify incluido en la «reforma de inmigración integral», proyecto de ley que patrocinaron. Un activista sindical, Buzz Malone, escribió un artículo para In These Times, en el que abogaba por sanciones más estrictas contra los empleadores, aunque consideraba que debían ser todavía más duras para los que contratan indocumentados. «Encarcelen a los patrones… y todo esto podrá terminar», predijo. «Los cruces fronterizos se desvanecerían y mucha gente se iría por su cuenta».

¿Qué se debe hacer?

Para derrotar la ola de imposiciones de Trump, los activistas inmigrantes en los sindicatos y las comunidades tendrán que luchar por tener un entendimiento más profundo y una mayor unidad entre los inmigrantes y las personas nacidas en los Estados Unidos. Los trabajadores en general necesitan ver que la gente en México fue golpeada por el NAFTA -aún más que la gente en el Medio Oeste estadounidense- y que su desplazamiento y migración no es probable que termine pronto. En una fuerza de trabajo diversa, la unidad es necesaria para defender un sindicato; o simplemente, ganar mejores condiciones depende de luchar por un país y un lugar de trabajo donde todos tengan los mismos derechos. Para los trabajadores inmigrantes el derecho más básico es simplemente el derecho a quedarse. Defender ese derecho significa no mirar hacia otro lado cuando un compañero de trabajo, un vecino o un amigo es amenazado con el despido, la deportación o algo peor.

: Protesta frente al ayuntamiento de Oakland contra la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

El surgimiento de la ola de imposiciones de Trump representa la muerte del centrismo liberal, que propuso en materia comercial el aumento de la aplicación de la ley y de los programas de suministro de mano de obra para limitar la legalización de indocumentados. Con Trump, no tendrá cabida la ilusión de que haya algún tipo de implementación «justa» de las sanciones a los empleadores y de la «aplicación inteligente de la legislación fronteriza». Jeff Sessions no tendrá ningún interés en la «detención humana», con códigos de conducta para las empresas privadas que manejan centros de detención. La idea de implementar programas de trabajadores huéspedes que no exploten a los inmigrantes o los pongan en contra de trabajadores ya establecidos en los Estados Unidos se enfrentará a la realidad de una administración empeñada en dar a los empleadores lo que quieren.

Así, de alguna manera, la administración Trump presenta también una oportunidad: luchar por las metas que los defensores de los derechos de los inmigrantes han propuesto históricamente para contrarrestar la desigualdad, la explotación económica y la negación de sus derechos. Como dice Sergio Sosa, director del Heartland Workers Center en Omaha, Nebraska, «tenemos que volver a las enseñanzas sociales en que se basa nuestro movimiento; a la idea de justicia».

* David Bacon es un periodista y fotógrafo que da cobertura a temas laborales, de inmigración y el impacto de la economía global en los trabajadores. Es autor de varios libros, como Personas Ilegales: Cómo la Globalización crea la Migración y Criminaliza a los Inmigrantes (Beacon Press, 2009). Su próximo libro está por salir en febrero, se titula In the Fields of the North / En los Campos del Norte (University of California Press / El Colegio de la Frontera Norte, 2017).

Para este trabajo, David Bacon recurrió a las siguientes fuentes: “Donald Trump’s Contract with the American Voter” (donaldjtrump.com); Chico Harlan, “The private prison industry was crashing—until Donald Trump’s victory,” Wonkblog, Washington Post, Nov. 10, 2016 (washingtonpost.com); U.S. Immigration and Customs Envorcement, “Delegation of Immigration Authority Section 287(g) Immigration and Nationality Act” (ice.gov); Interfaith Movement for Human Integrity (im4humanintegrity.org); Community Initiatives for Visiting Immigrants in Confinement, “End the Quota” (endisolation.org); Jens Manuel Krogstad, Jeffrey S. Passel, and D’Vera Cohn, “Five facts about illegal immigration in the U.S.,” Pew Research Center, Nov. 3, 2016 (pewresearch.org); Bureau of Labor Statistics, “Foreign-Born Workers: Labor Force Characteristics, 2016,” May 19, 2016 (bls.gov); Jie Zong and Jeanne Batalova, “Frequently Requested Statistics on Immigrants and Immigration in the United States,” Migration Information Service, April 14, 2016 (migrationpolicy.org); “Selected Statistics on Farmworkers,” Farmworker Justice, 2014 (farmworkerjustice.org); “Indigenous Mexicans in California Agriculture,” Indigenous Farmworker Study (indigenousfarmworkers.org); “U.S. Immigration Policy Task Force Report,” Council on Foreign Relations, August 2009 (cfr.org); “Visas, Inc.: Corporate Control and Policy Incoherence in the U.S. Temporary Foreign Labor System,” Global Workers Justice Alliance, May 31, 2012 (globalworkers.org); “H-2A Temporary Agricultural Workers,” U.S. Citizenship and Immigration Services (uscis.gov); Buzz Malone, “Stop Blaming Immigrants and Start Punishing the Employers Who Exploit Them,” Working In These Times (blog), Nov. 15, 2016 (inthesetimes.com); David Bacon, Illegal People (Beacon Press, 2008); David Bacon, The Right to Stay Home (Beacon Press, 2013); David Bacon, author interviews with Alex Galarza, Maru Mora Villapando, Deborah Lee, and Sergio Sosa (2016); Mae M. Ngai, Impossible Subjects: Illegal Aliens and the Making of Modern America (Princeton University Press, 2004); Ronald L. Mize and Alicia C. Swords, Consuming Mexican Labor: From the Bracero Program to NAFTA (University of Toronto Press, 2010).