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NO TODO ESTÁ PERDIDO
Agustín Galo Samario
En este país, donde la falta de respeto a los derechos humanos nos ha dejado miles y miles de víctimas, las transgresiones a las leyes laborales y las violaciones a las garantías que deben proteger a los trabajadores son constantes. El último caso conocido en Guanajuato, o el más reciente, es el de los obreros de Mazda, que no sin dificultad ganó espacios en los medios de comunicación locales por sus bajos salarios, las malas condiciones en su centro de trabajo, los malos tratos y los despidos por protestar.
Según esos reportes, desde principios de abril varios ex trabajadores denunciaron que el departamento de Recursos Humanos despidió a 20 de sus compañeros por realizar un paro de labores en la línea TSF de Ensamble Final el 18 de marzo en protesta por el acoso sexual contra una trabajadora, las jornadas laborales de más de diez horas, las lesiones en tendones de las manos y en la columna vertebral, las cargas de trabajo que provocaban convulsiones a quienes no las soportaban y que eran sacados a rastras por los supervisores. De hecho, desde febrero de 2014 cuando se inauguró, hubo denuncias por los bajos salarios de cuatro y cinco mil pesos para los obreros, contratados a través de empresas de outsourcing, y del incumplimiento de Mazda con los transportistas de materiales que ayudaron a construir la planta.
Por supuesto, para las autoridades guanajuatenses no existe ningún problema y, al contrario, se finge que todo está bien. Desde aquel mes lo que destacaron sobre todas las cosas fueron los 770 millones de dólares invertidos, los tres mil empleos generados y la promesa de que para el 2016 la planta laboral ascendería a cuatro mil 600 personas. De salarios y derechos laborales poco o nada se dijo. Para Miguel Márquez los problemas que desde ese entonces ya eran visibles carecen de importancia. Contrario al compromiso que asumió como candidato en la campaña electoral de 2012, cuando dijo que como gobernador haría todo lo posible para que los guanajuatenses tuvieran más empleos de calidad y mejor remunerados, ahora considera que todo se reduce a un asunto que debe ser atendido por las autoridades laborales, es decir, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, y por el sindicato.
Nuestros funcionarios no quieren rendir cuentas de lo que hacen, si acaso es uno de sus empeños, para traer inversionistas que paguen salarios dignos y no violen los derechos de los trabajadores. De hecho a ningún guanajuatense le preguntaron si querían o estaban de acuerdo en invitar a empresas armadoras como Mazda, Honda, Pirelli, hasta llegar a Toyota en las que para abrirles las puertas del estado el gobierno se ha gastado 300 millones de dólares en diez años, como lo dijo el ahora secretario de Desarrollo Económico, Guillermo Romero Pacheco, ante diputados. Algo así como tres mil 300 millones de pesos sacados de los impuestos de los ciudadanos, en una política aplicada a la perfección, que no está a consulta de nadie, que es dictada desde fuera, promovida por sus propios partidos y que sólo brinda ganancias a esas empresas, pero que afecta los derechos y la seguridad laboral a los guanajuatenses. Así lo dijo el periódico am en diciembre de 2012: “Para que los inversionistas decidieran venir a Guanajuato, el gobierno del estado les ofreció un paquete que incluye incentivos de todo tipo, desde la compra de terrenos hasta el pago de impuestos y la capacitación de sus empleados en el extranjero”. Con el resultado de que compañías como Honda, según el portal para conseguir empleo del gobierno federal, ofrece un salario de cuatro mil pesos mensuales a los operarios de producción. O como lo publicó el diario Excélsior apenas el 9 de abril, al reproducir el testimonio de un ex trabajador de Mazda: “Entré a trabajar por un sueldo de 850 pesos a la semana, por jornadas laborales de hasta 12 horas diarias. Nos descontaban comedor y comisión sindical, entre otras cosas. Si se le resta eso a mi salario estaba yo ganando 550 pesos”.
Pero nadie como el ahora aspirante del PAN a la presidencia municipal de León, Héctor López Santillana, a quien podrá criticársele lo que se quiera pero no su falta de sinceridad. En una reunión de campaña con miembros de Canacintra afirmó que la transformación de la política económica en Guanajuato concluirá cuando se acabe el desempleo y haya armonía entre la oferta y la demanda de profesionales. Solo entonces, añadió, las condiciones laborales y salariales mejorarán.
¿Y cuándo acabará el desempleo? Quién sabe, pues hasta la fecha no existe país que se haya librado de ese problema. Así que a partir de ahora nadie podrá llamarse a engaño, porque lo que hizo, acaso involuntariamente, fue avisarnos que debemos olvidarnos de los buenos salarios y del respeto a los derechos laborales. Por eso se siente muy orgulloso el candidato, porque ahora Guanajuato es reconocido a nivel mundial y porque él mismo contribuyó a traernos empresas que ofertan ese tipo de empleos a los guanajuatenses.
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