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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Miércoles 5 de septiembre de 2018
- Instan a la CNDH a emitir recomendación en la que se reconozcan las violaciones a los derechos humanos de Lorena González Hernández.
La Comisión Méxicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) recordó hoy uno de los casos más mediáticos y de fabricación de culpables que cumple diez años de violaciones graves a los derechos humanos y sin que la víctima haya recibido justicia: el de Lorena González Hernández, acusada falsamente por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal de participar en el secuestro y homicidio de Fernando Martí Haik, hijo del empresario Alejandro Martí.
«Un día como hoy, hace diez años, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) detuvo de forma arbitraria a Lorena González Hernández y la acusó de un delito que no cometió, basándose en pruebas falsas y fabricadas. Las violaciones a los derechos humanos de Lorena González continuaron durante toda la fase de investigación, en la que siempre estuvo privada de la libertad, hasta que la autoridad capitalina retiró la injusta acusación en su contra, después de casi siete años. A la fecha, ninguna autoridad se ha hecho responsable del daño causado, ni de la reparación a la víctima de esta injusticia», informó la CMDPDH.
Lorena González Hernádez. | Foto: CMDPDH.
Añadió que ante la falta de voluntad de diversas autoridades del Estado mexicano para cumplir con sus obligaciones constitucionales de investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos de Lorena González, en 2010 se tramitó una queja ante Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Sin embargo, «el organismo autónomo injustamente decidió cerrar la investigación, a pesar de la contundencia de las evidencias antes mencionadas», por lo que se tuvo que recurrir a la protección de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
A una década de la detención arbitraria de Lorena González Hernández y la fabricación de un delito que no cometió, la CMDPDH dijo que «confía en que la CNDH emita, a la brevedad, una recomendación que reconozca las violaciones a los derechos humanos por parte de la PGJDF y de la CDHDF, así como las medidas de restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición a las que tiene derecho en su calidad de víctima».
Los hechos ocurrieron el 5 de septiembre de 2008, cuando el titular de la PGJDF era Miguel Ángel Mancera, hoy senador de la República postulado por la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, y Marcelo Ebrard Casaubón, próximo secretario de Relaciones Exteriores en la administración federal de Andrés Manuel López Obrador, fungía como Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Aquella fecha Lorena González Hernández fue detenida de forma arbitraria en las instalaciones de la Policía Federal Preventiva —donde trabajaba desde 1995—, acusada de estar relacionada con el secuestro y homicidio de Fernando Martí Haik, hijo del empresario Alejandro Martí. Con base en testimonios manipulados y de personas que incluso nunca existieron, González Hernández fue procesada y presentada públicamente ante medios de comunicación nacionales e internacionales —en violación a su derecho a la presunción de inocencia—, lo que le provocó una condena social y estigmatización que se ha mantenido hasta ahora.
Inmediatamente después, cuando se hizo pública su detención y la del resto de los acusados, fue exhibida en una vistosa conferencia de prensa en la que se le presentó como la segunda persona en importancia dentro de la organización delictiva responsable de haber cometido aquellos delitos.
«Las autoridades capitalinas, ignorando las reiteradas recomendaciones de mecanismos internacionales, ejecutaron una orden de arraigo en contra de Lorena González —figura que ha sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas ocasiones—. Posteriormente, fue recluida en una prisión local en condiciones que podrían calificarse como tratos crueles, inhumanos y degradantes.
El empresario Alejandro Martí, padre de Fernando Martí Haik. | Foto: El Arsenal.
«A pesar de que en el fuero federal una persona había sido acusada por los mismos hechos y procesada por el Poder Judicial, la PGJDF dolosamente mantuvo el proceso penal abierto en contra de Lorena González Hernández. Además, la autoridad ministerial de la Ciudad de México ilegalmente le fabricó otro delito para hacerlo valer en caso de que obtuviera la libertad en el primer proceso», relató la CMDPDH.
En caso, que se dio en el contexto de la crisis de secuestros en la Ciudad de México y en el marco de la guerra contra la delincuencia que declaró el entonces presidente Felipe Calderón, sigue diez años después en espera de justicia.
Foto de portada: Armando Monroy / Cuartoscuro / Archivo.
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