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NO TODO ESTÁ PERDIDO
Agustín Galo Samario
A poco más de un mes de que se cumpla un año de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH) puso otra vez en evidencia las irregularidades en la investigación realizada por la Procuraduría General de la República y la falta de voluntad del gobierno federal para esclarecer los hechos en los que están involucradas instituciones del Estado mexicano.
En una comparecencia ante los medios de comunicación, los integrantes del GIEI-CIDH, Ángela Buitrago, Francisco Cox, Carlos Beristaín, Alejandro Valencia y Claudia Paz, informaron entre otras cosas más de tres asuntos sustanciales: que habría sido destruido un video de la noche en que desaparecieron los jóvenes; que no se les informó a los familiares ni se analizaron la ropa y los objetos de los normalistas encontrados en los autobuses en que se transportaron a Iguala el 26 de septiembre de 2014; y que respecto a su solicitud de entrevistar a los 26 elementos del 27 Batallón de Infantería del Ejército rechazaron la propuesta de enviar un cuestionario. Es decir, la verdad histórica de la PGR no resiste ninguna revisión.
Además de su importancia social, política y jurídica, el informe del GIEI-CIDH se da en momentos en que se multiplica a nivel mundial la presión sobre el gobierno federal por la creciente crisis de derechos humanos en el país. El editorial de The New York Times en que se le exige al presidente Enrique Peña Nieto repudiar las advertencias del gobernador Javier Duarte de Ochoa a los comunicadores de Veracruz (“pórtense bien, por favor se los pido. Vienen tiempos difíciles, vamos a sacudir el árbol y se van a caer muchas manzanas podridas”) y la carta enviada por más de 400 escritores, artistas y periodistas en que le piden garantizar la libertad de expresión y reforzar la protección a periodistas, se combinó ayer mismo con la denuncia de los padres de los normalistas contra la PGR por tratar de dividir su movimiento y con la petición de la CIDH de investigar urgentemente y procesar a los responsables del asesinato de Miguel Ángel Jiménez Blanco, líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) que apoyaba la búsqueda de los estudiantes desaparecidos. A todo ello deben sumarse las nuevas revelaciones sobre la corrupción imperante en el Instituto Nacional de Migración, cuyos elementos medran y aun secuestran a migrantes, y el número cada vez mayor de grupos civiles y activistas que demandan el cese de la criminalización de la protesta social.
Si bien podría resultar positivo que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, haya anunciado que se abrirá una nueva línea de búsqueda de los desaparecidos de Ayotzinapa luego de reunirse con los familiares, se trata de apenas un gesto que entre la sociedad civil ha de causar incredulidad y desconfianza. No será suficiente si no se da un viraje total en la política implantada hasta ahora y el gobierno federal se decide, de una buena vez, a investigar a los funcionarios corruptos involucrados con la delincuencia, a los que reprimen los movimientos sociales y a quienes violan los más elementales derechos humanos de jóvenes estudiantes, activistas y periodistas. Se dirá que lo único que se busca es aplicar la ley y garantizar el Estado de derecho, pero insistir en la mano dura no sólo no terminará con la crisis de derechos humanos del país sino que agravará la inestabilidad social en México. Por lo pronto, los integrantes del GIEI que terminan su misión en dos semanas ya anunciaron que pedirán a la CIDH una ampliación de seis meses más para continuar con sus trabajos en México.
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