SOMOSMASS99
NO TODO ESTÁ PERDIDO
Agustín Galo Samario
El Consejo Universitario, órgano de gobierno de mayor jerarquía de la Universidad de Guanajuato, llevará a cabo este miércoles su segunda sesión extraordinaria en apenas ocho días. Lo hará de acuerdo a sus atribuciones para abordar un tema que puede marcar el proceso de sucesión de rector que se llevará a cabo este año.
Según el documento CGU2015-E4-1 que puede ser visto en internet, que da cuenta de los acuerdos alcanzados en la reunión extraordinaria del pasado día 12, la Contraloría General deberá presentar este día al pleno del consejo “un informe, con la debida justificación, sobre las sanciones que haya impuesto en los últimos tres años al personal de la universidad y de los procedimientos disciplinarios que se encuentren en proceso”.
Eso dice el texto de sólo tres párrafos, en el que en los dos iniciales se da instrucción a las comisiones de Normatividad, Vigilancia y de Honor y Justicia para revisar el régimen de responsabilidades y sanciones, además de ordenar a la Contraloría General abstenerse de aplicar sanciones y suspender los procedimientos instaurados hasta que concluya aquella revisión, “sin que ello represente la suspensión de funciones que a dicho órgano” le competen por ley.
Tal es la parte, digamos, técnica de lo que en realidad va a abordar el Consejo Universitario la mañana de este miércoles: las presuntas irregularidades administrativas, de manejo de recursos y contrataciones de servicios externos, en las que estarían involucrados diversos funcionarios, de distintos campus e incluso miembros del propio consejo, algunos relacionados con rectores de otros tiempos, pero que no cesan en sus intentos de influir en la universidad.
¿A cuánto asciende el monto de esos ilícitos? ¿Quiénes son las personas que presuntamente los cometieron? Al parecer ha llegado la hora de que la comunidad universitaria sea informada de todo ello. Finalmente, se trataría del mal manejo de recursos públicos y para beneficio de quienes los tenían a su cargo. De ser así, no habría más que recurrir a la aplicación de la ley. Es una situación compleja y difícil que al Consejo Universitario le toca encarar.
agustingalo@somosmass99
Comparte en Facebook
Twittéalo
