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Redacción / SomosMass99
San Luis Potosí, SLP. / Miércoles 7 de diciembre de 2016
De junio de 2011 al 18 de noviembre de 2016 han desaparecido 51 personas en este estado, la mayoría jóvenes de entre 16 y 29 años, y de otras diez no se ha vuelto a saber más desde que salieron de la entidad, dijo hoy la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí (CEDH SLP) al presentar el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de Acceso a la Justicia, a la Verdad y a una Investigación Efectiva.
Los registros de desapariciones, explicó el presidente de la comisión, Jorge Vega Arroyo, se desprenden de las 42 quejas interpuestas por personas cercanas a las víctimas, aunque de la búsqueda de denuncias en los expedientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, hay diferentes cifras. En el registro nacional se da cuenta de 64 ausentes de 2006 a 2016, mientras que datos de 2009 a 2016 de la Procuraduría revelan, «en el rubro de pesquisas», un total «de 82 personas desaparecidas, 49 hombres y 33 mujeres».
- Jorge Vega Arroyo, presidente de la CEDH SLP. | Foto: Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz.
Los casos no pueden quedar olvidados ni violarse el derecho a una investigación eficaz, a la verdad y a la justicia para los ausentes y sus familiares, que también tienen el derecho a guardar duelo a sus seres queridos, sostuvo el ombudsman.
Por separado, Ricardo Sánchez García, del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz, comentó que también están dos casos de desaparición de personas que se dirigían o se encontraban en Tamaulipas. Uno, involucra a 31 personas ausentes, y el otro es el conocido como Pirasol, ocurrido en 2010 cuando un autobús con 40 pasajeros y dos choferes que se dirigía a Ciudad Valles desapareció por completo. Además, en «la base de datos nacional hay 68 personas en situación de desaparecidas, con datos cruzados con la procuraduría estatal».
En la presentación de su informe, la CEDH SLP se pronunció por la creación de una Fiscalía especalizada en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE); realizar diligencias continuas en todas las carpetas de investigación y protocolos homologados; aplicar recursos para infraestructura; crear un banco de datos de personas desaparecidas; impartir capacitación específica a los ministerios públicos y a los policías ministeriales; y reformar el Código Penal del estado para incluir el delito de desaparición de personas por particulares. Y, además de todo ello, «alzar la voz para evitar que se invisibilice el problema».
En ese sentido, afirmó que una gran deuda del Estado es no haber podido decirles a los familiares dónde están las personas desaparecidas, un fenómeno que «ya rebasó a las autoridades». El informe, además, tiene el propósito de sentar las bases para que se haga algo por parte de los encargados de procurar justicia, porque las investigaciones no deben correr a cargo de los familiares que son ahora las que más aportan. Es obligación de la autoridad dar respuesta a la búsqueda y localización de las personas.
- Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro.
Sin datos, sin acciones
El informe de la CEDH SLP señala en el apartado referido al Sistema de Registro Estatal que, en 2013, la PGJE designó a la «coordinadora del programa Alerta Ámber» como la encargada de implementar un registro de casos para contar con datos estadísticos de personas extraviadas o desaparecidas en San Luis Potosí, por lo que debió realizar un trabajo de verificación de la información generada por las agencias del Ministerio Público.
La PGJE, en información proporcionada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sostuvo que «hasta esa fecha no tenía registros sobre desaparición forzada de personas en San Luis Potosí y, que al no existir una incidencia delictiva no se preveía la creación de alguna unidad o área especializada para la atención de los casos relacionados con esa figura delictiva». Añadió que «acorde con las necesidades en materia de desaparición de personas, la Procuraduría contaba con un Protocolo de Actuación denominado ‘Alerta Ámber’ para la localización de personas menores de edad que se encuentran en situación de riesgo».
Para el 19 de junio de 2015, la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas de la PGJE dio a conocer que «para ese entonces no se tenían casos registrados sobre el delito de desaparición forzada, ni contaban con Protocolos de Investigación Institucionales que fueran aplicados por Agentes del Ministerio Público y Policía Ministerial en esa materia. Días antes, el 7 de junio, la coordinadora de Alerta Ámber informó a la Dirección de Prevención del Delitos que no contaba con Protocolos de Actuación para los agentes del Ministerio Público a su cargo y que no habían recibido capacitación. Aunque «precisó que su trabajo se realizaba únicamente en lo relativo a niños, niñas y adolescentes desparecidos, y que en esa temática si tenían Protocolos y recibían capacitación».
- Foto: Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz.
Sin embargo, ahora la página de internet de la misma PGJE da cuenta de que, en relación a las personas desparecidas en San Luis Potosí, en «los registros de 2009 al 16 de noviembre de 2016» se observó que, «en el rubro de pesquisas, mismo que aparece con la leyenda ‘en proceso de actualización’, se tiene un registro total de 82 personas desaparecidas, 49 hombres y 33 mujeres».
Foto de portada: Gabriela Pérez / Cuartoscuro.
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