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Ayelén Branca / ANRed
Perú / Jueves 2 de febrero de 2023
A poco menos de dos meses de la destitución y detención de Pedro Castillo, persisten los levantamientos populares en todo Perú con foco en el sur y Lima. Entre protestas en las calles, bloqueos de carreteras y aeropuertos, campesinos, campesinas, indígenas, maestros, jóvenes y mujeres se encuentran en un reclamo colectivo por la renuncia de Dina Boluarte y el fin del Golpe cívico-militar que ya lleva alrededor de 80 personas asesinadas y miles de heridos. El país se encuentra hoy ante uno de los temidos escenarios, gracias a poderosos sectores que fueron los únicos que se beneficiaron con el crecimiento de estas dos décadas: la imposibilidad de gobernar que les ha traído la destitución y condena de Castillo bajo el Golpe de la derecha y exmiembros del mismo Perú Libre, con Dina Boluarte asumiendo la presidencia.
La inestabilidad política peruana y las destituciones presidenciales, no son algo novedoso en la historia política del país. En noviembre de 2020, la destitución de Vizcarra fue seguida por grandes movilizaciones que levantaban la consigna de “Fuera Merino”, miembro del Partido de Acción Popular que asumió el gobierno de manera autoritaria y que en menos de una semana fue destituido, asumiendo Sagasti.
Hace un año y medio analizamos el contexto electoral de Perú y la posible llegada de Pedro Castillo a la presidencia. Respecto al margen de acción y panorama político, comentábamos que:
“La derecha nunca va a ceder, el posible gobierno de Castillo se enfrenta a muchos desafíos. Tiene una mayoría en el Congreso que es de derecha, no le alcanza con sus congresistas y los nuestros para tener un equilibrio. Hay un escenario complejo para Castillo, sabemos que finalmente la derecha se recompone porque son quienes controlan los grupos del poder y al país económicamente. Vamos a tener que ser bastante estratégicos para evitar que se termine dando un Golpe, que es lo que puede pasar si empezamos hacer las cosas de manera muy reñida.»
Para caracterizar y comprender el contexto peruano y los posibles escenarios que se abren, conversamos con Leina Guillen Aguilar coordinadora de la Organización Popular Feminista Socialista MIKAMARU de Perú.
– ¿Cuáles crees que son las particularidades de la destitución y características que definen al Estado de facto actual?
Las características que definen el Golpe y la destitución están vinculadas, por un lado, al contexto del año y medio de gobierno de Castillo. Si bien inicialmente convoca a fuerzas de izquierda progresistas, rápidamente estas se van alejando y se rodea de gente que supuestamente era de su confianza pero que generan alianzas con sectores de derecha y centro, alejándose de la ruta de cambio e incumpliendo sus promesas con el pueblo.
Por otro lado, está el embate diario de la derecha más reaccionaria que, instalada en el Congreso, inmediatamente bloqueaba el avance de algunas reformas de fondo. Además, la derecha es persistente en acciones desestabilizadoras, no solamente por ser un Gobierno de “izquierda”, sino por el componente racial. Hablábamos de un cholo que había asumido la responsabilidad más importante del país y la oligarquía, blanca limeña no estaba dispuesta a someterse. Hay que decir que el sector más reaccionario ha perdido consecutivamente elecciones en los últimos 15 años y debilitándose se convierte en una fuerza de choque y oposición a cualquier gobierno de turno, generando una convulsión política sistemática.
Con el Golpe la ultraderecha, conservadora y corrupta, toma el control del aparato estatal y usa a Boluarte. Juntos establecen el régimen autoritario con un sólo objetivo: renovar contratos ley que vencen a lo largo de este año y permitirían a transnacionales y grandes grupos poder continuar con los beneficios sobre nuestros bienes comunes por 25 o 30 años más. Son más de 120 contratos que tiene el país, desde los 90 por el fujimorismo, con empresas transnacionales (muchas de ellas americanas, canadienses, alemanas) donde se entregan nuestros recursos naturales. Estamos hablando de oro, litio, petróleo, gas, concesiones del ferrocarril, etc. Este es el meollo del asunto. El objetivo es alarmar y seguirse poniendo de espaldas al pueblo para garantizar los derechos de los ricos. Para nosotras es criminal e innegable que estamos en una Dictadura Cívico- Militar.
En medio de este escenario, sin una mesa directiva dialogante que pueda sacar adelante este momento e impulse la salida hacia nuevas elecciones con consulta ciudadana por una nueva constitución, nos enfrentamos a niveles de obstrucción alarmante frente a un país convulsionado que les exige que se vayan de una vez.
Las calles y movilizaciones se desbordan por todo el país mientras la represión es criminal. Se estiman 60 fallecidos pero en verdad hay un subregistro, llegan a centenares si consideramos quiénes, productos de heridas, mueren luego en hospitales o fuera , porque muchos no están yendo a hospitales por temor a ser amedrentados y denunciados penalmente.
– ¿Cómo se posiciona el movimiento popular, ante la posibilidad de que se continúe asesinando a las personas en las protestas? ¿Cuál crees que es el límite de esa represión por parte de las fuerzas militares y del Estado?
Por parte del Estado, la intención es seguir metiendo palo y bala. Pero siendo explícito su corte autoritario y ante los delitos contra los derechos humanos que están cometiendo, esta semana muchos espacios internacionales, diplomáticos, políticos, organizaciones internacionales, religiosos, gobiernos progresistas, se han manifestado.
Además, en estos momentos la situación es insostenible debido a la reacción efectiva de nuestro pueblo, que rompe con la apatía social que por años nos mantuvo en silencio.
Existe una línea de tiempo sobre el desarrollo del movimiento social y político en Perú: desde el 2000 hasta el 2010, saliendo de una dictadura, apatía social y organizativa. Del 2010 al 2015, empieza a organizarse el movimiento social con reivindicaciones específicas. Y desde el 2015 hasta la actualidad, se empieza a construir fuerzas progresistas y de izquierda. Pero ha habido poco tiempo organizativo para el desarrollo del movimiento social y la constitución orgánica es aún incipiente. Pues, venimos de crisis desde el 2017, sin parar, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.
El movimiento social está tratando de rearmarse, y ha avanzado sobre una mirada crítica considerando cambios de fondo sobre la estructura política y social. A su vez presenta dificultades en la orientación, falta de liderazgos colectivos que permitan encabezar y dirigir los procesos de lucha. Existen esfuerzos desde los sectores progresistas que están llevando hacia adelante el proceso y empujándolo hacia el derrotero final, que sería instalar una nueva Constitución.
– ¿Cuáles son los sectores sociales y políticos que componen el movimiento popular y han estado sosteniendo los levantamientos y la lucha?
El movimiento comienza con un bloque del magisterio que sale a defender a Castillo poco después de la vacancia. Luego se suman ciudadanos ante el incumplimiento de la promesa de voto, al retirar al presidente de manera irregular y romper la alianza democrática.
En la primera semana se ejecutan las primeras acciones que definen a la Dictadura de Boluarte, con la orden de altos mandos de ejecutar violencia militar, asesinando a 27 personas, teniendo tan solo 7 días en el gobierno. Tras estas acciones criminales el pueblo se suma con indignación, cólera y tristeza porque se empieza a la transición de gobierno que pretende maltratar y humillar a la gente que estaba en su legítimo derecho de protesta y la decisión de Boluarte de quedarse hasta el 2026 junto al Congreso mafioso.
La reafirmación del gobierno de ejercer el orden a través de la violencia, busca sostenerse con un discurso criminalizador y mentiroso que señala a la población movilizada como vándalos y oportunistas. Esto genera en el pueblo mayores niveles de indignación y con ello, más sectores movilizándose en todo el país.
La estrategia de la derecha ha sido torpe, al pensar que podían trabajar sus mecanismos de represión como en los 90. Actualmente, las redes y el internet llevan en tiempo real lo que está ocurriendo in situ. Los medios de comunicación alternativos están jugando un papel relevante para mostrar que no es cierto lo que nos están diciendo.
En medio de eso, los gobernadores regionales de cada uno de los asentamientos territoriales, que asumieron la gobernación el 1 de enero tras ser elegidos el 3 de octubre pasado, han salido a exigir la renuncia de Dina Boluarte y llamando a elecciones generales para el 2023. Al ser ignorados por el Congreso y las instancias máximas del país, las fuerzas regionales deciden intervenir de otra forma: se reúnen con las instancias electorales del país y por medio de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, enviaron un documento a la Presidencia y al Congreso exigiendo la instalación de las nuevas elecciones a la brevedad para el 2023.
Haciendo un paréntesis, es importante decir que en Perú tenemos dos tipos de espacios políticos. Los partidos nacionales y los movimientos regionales que representan territorialmente a su región. Muchos de estos movimientos regionales han ganado por las propias características de los partidos nacionales y están envueltos en corrupción. Los movimientos regionales en el sur tienen algunos representantes de corte progresista, no de izquierda, no socialistas, pero que sí tienen un postura más popular en este momento político. El movimiento social le exige a los gobernadores regionales y alcaldes que den la cara y se han visto forzados a tomar una posición en favor a los pueblo.
El movimiento masivo del pueblo peruano desde diciembre se sostiene hasta la fecha: sigue trasladando gente, ciudadanos y ciudadanas hacia Lima para exigirle a la capital, que ha concentrado todo el poder, que deponga sus intenciones de seguir gobernando de espaldas al pueblo. En este momento tienen solo un 8% de aprobación en el Congreso y bajo esos términos no tienen el derecho ni la potestad ni la legitimidad para seguir legislando. Tenemos más de un 60% de población que está apoyando y respaldando la huelga, y más de un 50% que está a favor de un cambio constitucional.
La lucha se sostuvo desde un principio en todas las regiones del Sur, sosteniendo movilizaciones, cortes de rutas comerciales y tomas de aeropuertos, para detener los procesos productivos y comunicacionales. Ahora también hay sectores del oriente, de zonas amazónicas que han contribuido con algunos bloqueos, movilizaciones, y se han trasladado hacia Lima para luchar. En el norte se han intentado abrir espacios, pero es un territorio con poca densidad poblacional y que siempre ha tenido un espíritu más apático.
A la fecha se registran casi 200 mil personas de regiones que están en constante movilización en Lima, exigiendo que caiga la Dictadura y “que vayan todos».
– En este marco, ¿se está configurando actualmente algún espacio político nacional que pueda disputar como una alternativa real?
Se está dialogando en las regiones a través de la Asamblea Nacional de los Pueblos y el movimiento social está coordinando frentes por macros, como la Macro Sur, Norte, Oriente y Centro. Ya hay niveles de organización sobre las consignas a corto plazo pero no se ha puesto en la mesa el tema electoral. No vemos aún el camino hacia ello, ni hay un liderazgo claro. Habrá que sentarse a dialogar para ver quién sería el mejor cuadro, ni oportunistas, ni gente con pasados inmersos en corrupción. Igual con los candidatos al Congreso.
Nosotras pensamos en cuadros como Indira Huilca: hija de Pedro Huilca, un reconocido dirigente sindical de Lima, de los barrios populares que fue asesinado por la dictadura de Fujimori. Tiene un perfil académico, popular e ideológico que podría representar al pueblo y fuerzas de cambio. Su juventud fue en las filas de la izquierda y formó parte del Frente Amplio, siendo congresista durante el 2016. Participó en la fundación de Nuevo Perú junto con Verónica Mendoza y Marisa Glave hasta el 2017, que se va cuando se hace alianza con Perú Libre, y junto con Marisa forman En Movimiento, un espacio feminista.
Pero la presentación a elecciones se dificulta por carecer de una herramienta electoral. Nuevo Perú no ha logrado conseguir su inscripción. Solamente tendríamos la herramienta de Juntos por el Perú, pero Roberto Sánchez es un oportunista, un tipo que no tiene bandera; habría que buscar otras alianzas.
– Ante un proceso constituyente y un escenario de cambio, ¿hay horizontes planteados dentro del movimiento popular sobre su contenido? ¿Alguna orientación sobre la nacionalización de bienes comunes, la reforma agraria o alguna reforma impositiva progresiva?
Claramente el derrotero es intervenir dentro del capítulo económico para reformular la construcción participativa y ejecutora del Estado. Este no puede ser un vendedor del país, tiene que tener niveles de injerencia que le permitan controlar, distribuir y garantizar que los recursos que ingresen a las arcas del Estado generen inversión, trabajo, autonomía y bienestar social.
Algunas orientaciones son: la instalación de una nueva forma de construir el Estado a través de la nacionalización; políticas económicas que permitan tecnificar el agro para avanzar sobre una segunda reforma agraria; que la salud pública sea un servicio digno, justo y de calidad; el incremento del PBI para la educación pública. Además, necesitamos un proceso de descentralización del Estado, de federalismo y autonomía en los territorios que garantice que Lima no siga gobernando sola.
Hay perspectivas pero aún es necesario diálogos en los territorios. Esto recién está empezando porque el movimiento social está en la calle, sosteniendo el proceso de lucha. Es momento de abrir cabildos de diálogo, espacios constituyentes, donde empecemos a plantearnos seriamente qué vamos a exigirle a esa nueva constitución. Desde Mikamaru, en Arequipa, ya hemos abierto un espacio que se llama Diálogos Constituyentes y hemos tenido un primer encuentro para escuchar un poco qué es lo que se necesita, y lo que piensa la gente de una nueva constitución.
En medio de toda la crisis podemos ver avances organizativos, pero tenemos que hacerlo por todos frentes, para que no nos coja un proceso constituyente sin las herramientas necesarias para poder sostenerlo. Necesitamos establecer demandas estructurales comunes, no seguir sectorizando la lucha, pelear por el ambiente, por las mujeres, los obreros, las obreras, empezar a concertar la unidad para el cambio real.
– Muchas gracias por compartirnos las vivencias del pueblo peruano en medio de este contexto tan convulso, ¿querés agregar algo más para cerrar?
Reafirmar que Boluarte es solo un personaje usado para garantizar que sigan gobernando las oligarquías más nefastas, corruptas y mafiosas en este país. Desde la colonia no las hemos podido derrumbar pero no les vamos a permitir seguir gobernando. El silencio del pueblo peruano frente a la injusticia y la inequidad, se acabo.
La esperanza vive tras los procesos de lucha de los compañeros aymaras, quechua y todos los pueblos que nos han empujado para levantar con tanta fuerza la indignación que hemos guardado desde hace muchos años y el dolor de la pobreza que hemos aguantado y que ahora ha despertado para nunca más volver a ser subyugados en silencio.
Es un nuevo Perú que empieza a mirar el mundo que quiere y a llenarse de dignidad. Tenemos miedo por nuestras vidas pero también la convicción de que si hay que entregar la vida en medio de la lucha, se tendrá que hacer. No vamos a retroceder, hasta la victoria y hasta que logremos los cambios que necesitamos para construir un Perú para todos y todas, que también sea motor de cambio para el mundo.
Fotos de portada e interiores: ANRed.
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